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Al menos 46 organizaciones criminales destacan entre los principales riesgos y amenazas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, durante 2020-2022, identificó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
En delincuencia organizada, “tanto en 2020 como en 2021, se identificó la operación de 46 organizaciones en el país. En los últimos años las organizaciones pasaron de ser grupos que se dedicaban exclusivamente al negocio del narcotráfico a realizar otro tipo de actividades como el robo, la extorsión, el secuestro, trata de personas y la producción de drogas sintéticas”, advierte en su Evaluación Nacional de Riesgos 2023.
Señala que la participación de grupos del narcotráfico en la explotación sexual es mínima; no obstante, se detecta principalmente en la región centro del país, donde la Unión de Tepito explotaría a mujeres latinoamericanas para actividades de prostitución forzada.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico (CDP) cuentan con técnicas para evadir los controles de seguridad. En 2021, ambos grupos hicieron uso de drones para trasegar droga en la zona fronteriza.
En su análisis, la UIF advierte que el grado de cooptación de autoridades por parte de las organizaciones delictivas dificulta el seguimiento y la realización de acciones contundentes en su contra. Con la fragmentación de los grupos delictivos (generalmente por detención o muerte de los mandos delictivos) se incremente la violencia en el país, añade.
La UIF también se refiere a problemáticas que se agudizaron o se modificaron con la pandemia, como el flujo migratorio. Al respecto, presume que hubo un mayor flujo de personas migrantes por el territorio mexicano producto de la pandemia.
Advierte que las organizaciones del crimen organizado además de trasladar a los migrantes a través de cruces formales e informales en la frontera con Estados Unidos, también suelen secuestrarlos y extorsionarlos para que sus familiares paguen por su liberación. No se percibe una desaceleración en la evolución del delito de tráfico de armas en las aduanas y puertos del país.
Añade que otro aspecto relevante es el del sistema financiero informal. Detalla que éste opera de manera usurera, ofreciendo créditos con lucros superiores a los usuales en el mercado. Al incumplir con el pago, los acreditados comienzan a recibir mensajes de intimidación, amenazas de muerte, videos de torturas e imágenes con sus fotos personales.
Frente a la pandemia de Covid–19, dice, la delincuencia organizada aprovechó las nuevas oportunidades que presentó la crisis sanitaria mundial, tales como los delitos cibernéticos. En 2021 se identificaron 10 principales incidentes cibernéticos con afectaciones s en nueve instituciones, con 570 millones de pesos.
La Condusef ha ubicado conductas fraudulentas específicas que buscan aprovecharse del engaño o error del usuario para obtener información bancaria del mismo, a efecto de realizar operaciones a su cargo.
Las 124 mil 155 reclamaciones presentadas ante la Condusef, entre enero de 2020 y mayo de 2022, representan un monto total reclamado de 8 mil 754millones 15 mil 405 pesos; siendo que 1 mil 672millones 4 mil 961 de pesos corresponden a reclamaciones presentadas de enero a mayo de 2022 (tan sólo en 5 meses del año), lo que representa el 52.95 por ciento del monto reclamado en el 2020 y el 42.61 por ciento del monto reclamado en 2021.
Entre las actividades relacionadas al factor delincuencia organizada, la UIF señala: tala clandestina, explotación de recursos mineros y explotación de recursos hidrobiológicos. Asimismo, la Profepa se ha coordinado con otras autoridades, con la finalidad de mermar las estructuras criminales dedicadas al tráfico de totoaba, la cual se trafica a Seúl, Corea del Sur; china; y Narita, Japón.
De acuerdo al Sistema Estadístico del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 sumaron 34 mil 555 homicidios dolosos, que representan 4 por ciento más que 2021, cuando fueron 33 mil 315. En 2021 se registró también una disminución en los secuestros del 25 por cientorespecto a 2020, al pasar de 833 casos a 626. En el marco de la contingencia sanitaria por Covid se detectó la participación de los grupos delictivos en el robo de mercancía de uso médico y sanitario.
La participación de grupos criminales en la sustracción, transporte y venta ilícita de hidrocarburos es realizada principalmente por células del CJNG y Los Zetas. Adicionalmente, en el contrabando se identifican el tráfico de armas, el tráfico de drogas o sus precursores químicos, pero también de ropa, perfumes, cigarros, etcétera.
Los grupos que participan en extorsiones son: CJNG, CDP, La Familia, Los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, Cártel del Golfo, La línea, Los Viagra, Los Rojos y Los Zetas, son grupos violentos y la sociedad corre mucho peligro.
El documento de la UIF apunta que el gobierno de México demandó en Estados Unidos a empresas de armas de ese país, puesto que sus prácticas de comercialización favorecen la creación de un mercado negro que surte de poder de fuego a los criminales.
Se elaboró y publicó la norma oficial mexicana NOM-247-SE-2021, para proteger de fraudes inmobiliarios a los compradores de vivienda. se desarrolla el modelo nacional de policía y justicia cívica que identifica a la policía municipal como la más importante, por su proximidad social y conocimiento del territorio.
El delito precedente que más reportes genera es el de narcotráfico. se identifican alertas relacionadas con narcotráfico, cárteles, grupos u organizaciones delictivas, diversas drogas como fentanilo, cocaína, marihuana, metanfetaminas y otras conocidas.
La ENR de la UIF advierte que el volumen de recursos ilícitos generados en México y los flujos financieros ilícitos han aumentado considerablemente en los últimos años e impactan directamente en el desarrollo del país, para lo cualel Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país, debido a que realizar un documento de este orden pudiera contener variables no confiables.
Para conocer el monto, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido proporcionado por un tercero u otra autoridad.
Esta metodología es sustentada en el análisis de dicha información fiscal como declaraciones anuales, constancias de situación fiscal, entre otros; y la información financiera como depósitos bancarios, de acuerdo con los procedimientos y técnicas contables, así como la normatividad fiscal aplicable.
Por lo anterior, para hacer un análisis de riesgo de los montos de recursos ilícitos generados en México, durante el periodo 2019-2022 se utilizaron fuentes oficiales de información, una de las más importantes fue la estadística de aseguramientos de la Fiscalía General de la República (FGR), la señalada en querellas de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la información sobre los montos administrados por el Instituto para Devolveral Pueblo lo Robado (Indep).
Adicionalmente, para el análisis se tomó en consideración la estadística correspondiente a los montos bloqueados de los casos analizados o denunciados por la UIF en el periodo 2019-2021. por lo que se puede decir que ya se ha comenzado a gestar una metodología con fuentes oficiales.
Para esta estimación se tomaron como base las 21 categorías de delitos graves que el Gafi marca como delitos determinantes de lavado de dinero. El monto aproximado de recursos ilícitos identificados, por las estadísticas señaladas en el periodo de 2019 a 2021, asciende a 43 mil 943 millones 618 mil 028 pesos.
No obstante, cabe señalar que dichos montos sólo representan una pequeña parte de los recursos ilícitos en el país, ya que el porcentaje que se denuncian es muy bajo; asimismo, los recursos ilícitos identificados por dichas fuentes oficiales pueden presentar duplicidades. Por todo lo anterior, no es recomendable realizar la suma de estas cifras para tener una correcta interpretación de los recursos ilícitos, aunque su tratamiento sí puede servir de indicador de la tendencia del volumen de recursos ilícitos generados.
De esta forma, a través de la interacción institucional con diversas autoridades mexicanas, se logró obtener información para analizar diversas fuentes que aproximan el volumen de recursos ilícitos generados en el país.
La corrupción es una fuente de fondos ilegales que, entre otras cosas, hace posible el lavado de dinero y sus delitos precedentes. El nivel de corrupción socava la capacidad para investigar y perseguir estos delitos. Entre 2019 y 2021, las tasas más altas de corrupción se registraron en el contacto con autoridades de seguridad pública, pasando de 59 mil 224 a 65 mil 16 casos, lo cual representó un aumento de 9.8 por ciento.
En relación con la tasa de prevalencia de corrupción en la realización de trámites, servicios y contacto con autoridades, a nivel nacional, la UIF apunta queexiste una tendencia sostenida al alza entre 2013 y 2019, ya que la tasa pasó de 12 mil 80 a 15 mil 732, lo cual representó un aumento de 23.2 por ciento. No obstante, en 2021 se observó una baja de 6.6 por ciento respecto de la tasa de 2019.
La plataforma digital nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), genera inteligencia de negocios en materia de contrataciones públicas y otros procesos del estado y diseña modelos de banderas rojas para identificar comportamientos atípicos y prevenir la corrupción en los procedimientos gubernamentales.
En relación con los servidores públicos sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas en las instituciones de la administración pública, se identifica que se registró una disminución de 30.1 por ciento, ya que en 2019 el total reportado fue de 2 mil 747 casos (de los cuales 2 mil 654 correspondieron a faltas no graves) y en 2020 fue de 1 mil 921 (de los cuales 1 mil 919 fueron faltas no graves).
Por lo que corresponde a los expedientes de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, el informe expone que durante el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió 978 expedientes de sanción, de los cuales, en 644, que representan un 65.9 por ciento, se aplicaron medidas sancionatorias; en 105, que corresponden al 10.7por ciento, no sancionatorias; y en 229 casos, que representan el 23.4 por ciento, se determinó su improcedencia o incompetencia.
Además, se impusieron multas por 1 mil 809 millones de pesos. La suma de los montos de irregularidad de las denuncias de hechos presentadas por la ASF asciende a 5 mil 591millones 856 mil 112 pesos en 2018; a 2 mil 859millones 62 mil 644 pesos en 2019, y a 6 mil 169millones 555 mil 643 pesos en 2020.
Dichas denuncias son el resultado de las auditorías realizadas. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el peculado y el uso ilícito de atribuciones y facultades son los principales delitos imputados. Casi todos los tipos penales de corrupción se limitan al sector público, excluyendo el ámbito privado.
Por otro lado, de acuerdo con la Femcc, la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED) debe incorporar el cohecho y el peculado como delitos por los que puede proceder esta figura. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) señala que la persecución e integración de investigaciones relacionados con “lavado de dinero electoral” ha experimentado complicaciones técnico-jurídicas, ello en virtud de que la principal problemática dentro de este dispositivo legal es la deficiencia legislativa respecto de su construcción.
En cuanto a la transparencia y el acceso a la información, la UIF considera que apoyan en la prevención, detección, disuasión y exhibición de los actos de corrupción. “En el caso de las solicitudes de acceso a la información, el Inai identifica diversos casos emblemáticos de corrupción como lo son: Odebrecht, Pegasus, la Estafa Maestra, créditos fiscales cancelados o condonados y robo de hidrocarburos.
El SAT realiza supervisiones a sus unidades administrativas con el fin de constatar que sus actividades se realicen conforme a la normatividad que regula su operación. Además, mediante el aplicativo Sistema de Procedimientos de Evaluación (SIPRE), la Administración General de Evaluación (AGE) recibe folios de quejas y denuncias, incluyendo aquellas sobre evasión fiscal, omisión en el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades, contrabando, ld, acceso ilícito a sistemas, aspectos administrativo-laborales del SATy servicios proporcionados al contribuyente.
El reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera indica que el INE ha identificado entre los elementos de la tipología genérica para el financiamiento político ilícito la simulación de operaciones mediante la utilización de empresas fachada que no entregan el bien o servicio que ofrecen, pero que cobran por él, para luego entregar una factura y regresar el dinero “lavado” al partido que lo contrató.
Adicionalmente, el desvío de recursos públicos para fines electorales sí se da, pero en menor medida. En ese contexto, el importe total de las sanciones que aplica el INE fue de 303 millones 24 mil 614 pesosentre 2019 y 2021.
La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 también apunta que Pemex avanza en la implementación de la cultura ética y de integridad corporativa, así como en la ejecución de acciones concretas para mitigar sus riesgos estratégicos y relevantes, como el riesgo de corrupción.
Con la emisión e implementación de la Política Anticorrupción de Pemex y las Políticas y Lineamientos de Debida Diligencia actualizadas (PYLDD) se fortalece la gestión del riesgo de corrupción y de lavado de dinero. A estas acciones se suma la actualización de su programa de cumplimiento previsto para su presentación al Consejo de Administración (capemex) a finales de 2022 y que dará continuidad a las estrategias y líneas de acción permanentes e incorporará otras relacionadas con la prevención del fraude financiero, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Durante 2021, se aplicaron 50 sanciones por actos cometidos en contra de los principios éticos y de conducta establecidos por Pemex.
Con relación al cohecho internacional, el informe indica que el 3 de octubre de 2018 se presentó el protocolo anticohecho, para prevenir, detectar y sancionar el cohecho internacional, el cual se impulsó como parte de las acciones del SNA para coordinar los esfuerzos institucionales.
Acerca de su propio trabajo, la UIF destaca laemisión de la “Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas del cohecho internacional” en 2022. Desafortunadamente, México no ha sancionado ningún caso de cohecho internacional.
Entre las consecuencias políticas, sociales y económicas de la corrupción, destacan que: disminuye la confianza pública, afecta el estado de derecho, los medios y los sectores críticos están capturados, el resultado de las elecciones se ve influenciado por el dinero ilícito, la compra del voto, la falta de confianza encarece las transacciones comerciales, acrecienta la desigualdad, ahuyenta la inversión nacional y extranjera, distorsiona el mercado, erosiona las instituciones, implica gasto ineficiente y se desvía el gasto del gobierno de las prioridades sociales.
La cultura constitucional el índice de estado de derecho en México 2019-2020 muestra un estancamiento en el progreso del estado de derecho. Dentro de las últimas modificaciones que ha sufrido la legislación nacional que podrán subsanar las vulnerabilidades estructurales relacionadas con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se encuentra el nuevo sistema de jurisprudencia, adoptado mediante la reforma a los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución, publicada en el DOF el 11 de marzo de 2021.
Dicha reforma tiene como objeto consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un auténtico tribunal constitucional, de tal modo, los artículos 9426 y 10727 constitucionales constatan la transformación del sistema de jurisprudencia.
Es de suma preocupación para los mexicanos el tema de seguridad pública en la mayoría de los estados de la república mexicana, sin embargo, se refleja con mayor ahínco en el grupo femenino, pues manifiestan sentir una inseguridad y desprotección total, por lo que el eEtado mexicano deberá de emprender mayores acciones para lograr revertir esta percepción.
En México, la figura del comercio electrónico está regulada principalmente en el Código de Comercio y en la Ley de protección al Consumidor, a través del procedimiento de conciliación que tiene encomendada la Condusef, quien ha detectado hallazgos que pueden ubicarse en supuesto de riesgo que constituyen vulnerabilidades respecto a las acciones tendientes a la prevención del lavado de dinero, en perjuicio de los usuarios.
Las tipologías identificadas por la Condusef como el uso indebido de tarjetas por parte de terceros, phising, pharming, spoofing, carding, el uso indebido de información bancaria conservada en navegadores web, entre otros, constituyen conductas fraudulentas específicas que buscan aprovecharse del engaño o error del usuario para obtener información bancaria del mismo, a efecto de realizar operaciones a su cargo y que actualizan el supuesto que establece la conducta o delito predicado relativo a la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que constituyen una vulnerabilidad para el riesgo de lavado de dinero de las instituciones financieras.
Del análisis de las 8 mil 785 reclamaciones por fraudes del periodo de 2020 a mayo de 2022, se puede observar que en general el número de reclamaciones presentadas por mes ha sido constante, aunque se resaltan importantes incrementos durante todos los meses de 2021 a excepción de enero, en relación con los mismos meses de 2020.
Tratándose del producto tarjeta de crédito, de 2018 a 2019, se incrementó el número de reclamaciones en un 75 por ciento, destacando el año 2021 con un aumento del 465 por ciento en comparación con 2018. el mayor número de reclamaciones se localiza en montos menores de 100 mil pesos; lo que permite suponer que existe una falta de supervisión y vigilancia en las operaciones que se localizan en dicho umbral.
Por todo lo anterior, se creó norma mexicana NMX–COR-001-SCFI-2018 sobre “comercio electrónico, disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios”. Finalmente, la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, como lo es en el caso de los comercios electrónicos, establece que toda persona que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad.
La economía informal reproduce un fenómeno que influye en diversos sectores económicos del país, lo cual representa un problema exponencial, debido a que el dinero recaudado puede ser de procedencia ilícita e introducido al sistema financiero mexicano, a través de una persona física o moral, para la comisión de los delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Por otro lado, la UIF cuenta con los reportes relacionados con pagos transfronterizos y en divisas. El número de operaciones y los montos reportados son estables en los tres años a excepción del monto total de los reportes inusuales de 2021 en la frontera norte, ya que se duplica en relación con 2020.
En general, los montos más altos se reportan en la frontera norte mediante reportes relevantes. La UIFtambién realiza el análisis de ror enviados por el sector transmisores de dinero en las fronteras. La UIF identificó 43 países como paraísos fiscales con envío de transferencias en el periodo de 2019 a 202.
Se observa que Suiza, Hong Kong y Singapur ocupan los primeros lugares en términos del monto total enviado desde México. Asimismo, identificó 41 países como paraísos fiscales con recepción de transferencias en el periodo, se observa que Islas Caimán, Suiza y Singapur ocupan los primeros lugares en términos del monto total enviado hacia México.
Los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar por medio de las aduanas de México, son un vehículo que ha sido abusado a lo largo del tiempo para transportar ganancias ilícitas, así como mercancías ilícitas. Los países con mayores transacciones comerciales y mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables al ocultamiento de éstos por el gran volumen de operaciones lícitas. como lo reconocen el Gafi y otros organismos internacionales, las tipologías de LA/FT y fpadm, a través del comercio internacional (tbml) son cada vez más recurrentes.
La Asociación Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza principalmente en torno al fraude de facturas y la modificación de documentos de respaldo. En otras palabras, se tienen precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores. El sbml hace referencia al lavado de dinero a través de servicios.
Las estafas comunes de lavado basadas en servicios incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales. Asimismo, la ANAM destaca que los aseguramientos de precursores en kilogramos fueron 50 por ciento menores en 2021 que en 2019 y 2020.
Por otro lado, los aseguramientos en pastillas para 2021 fueron 856 por ciento superiores que en 2020. Entre los principales precursores químicos están el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico; el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldeido, la acetona.
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