Depósitos, retiros, transferencias –nacionales e internacionales–, manejo de efectivo en grandes cantidades, operaciones simuladas, compras de terrenos e inmuebles y viajes al extranjero son algunos de los hallazgos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al seguir la ruta del dinero de dos exdirectivos del Instituto Nacional de Cancerología (Incan): los doctores Alejandro Mohar Betancourt, y Antelmo Abelardo Meneses García –recientemente inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) tras sospechar un presunto enriquecimiento ilícito–; y de un tercero, adscrito a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE): doctor Heberto Arboleya Casanova.
Las investigaciones de la UIF –que documentan el manejo de más de 30 millones de pesos– se realizaron al mismo tiempo en el que la SFP empezó a indagar la evolución patrimonial de los tres médicos durante su paso por el sistema de salud pública, y han servido para integrar expedientes robustos en contra de estos exservidores públicos que, según la Función Pública, podrían haber dañado el patrimonio del Incan en perjuicio de centenas de derechohabientes.
En el archivo del doctor Mohar Betancourt, y al que Contralínea tuvo acceso, la UIF siguió el rastro a dos cuentas abiertas en el banco Santander (56570626389) y en el Banorte (0023796389), en las cuales documentó operaciones por más de 14 millones de pesos; también observó su relación societaria con la empresa Labpath, SC –de la que también es socio, entre otros, el doctor Meneses García–; así como un comportamiento sospechoso en su relación con una inmobiliaria y una aseguradora.
El expediente incluye una breve ficha sobre el médico, en la que se da cuenta que su registro federal de contribuyentes es MOBA5612285E8. También se indica que, de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, Mohar Betancourt fue titular de la CCINSHAE. A ese cargo, apunta el expediente, renunció luego de que el semanario Proceso (“La farmacéutica PISA detrás del desabasto de anticancerígenos”, Claudia Villegas, 30 de septiembre de 2019) reveló que intervino para que ejecutivos del laboratorio PISA –inhabilitado por la SFP y acusado de prácticas monopólicas e ilícitas, como el chantaje y el ocultamiento de medicinas– se reunieran con el entonces director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ello, luego de que la autoridad clausuró –en mayo de ese año– la principal línea de producción del fármaco oncológico Metotrexato. Antes de llegar como titular del CCINSHAE, agrega el archivo, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Cancerología durante una década.
De él también se refiere que la Secretaría de la Función Pública lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, pues su evolución patrimonial no es coherente con sus ingresos. Luego comienza a desmenuzar su rastro financiero y, en particular, destaca las operaciones sospechosas. Es así que el expediente de la UIF revela que en la cuenta del banco Santander, en el periodo de marzo de 2013 a marzo de 2014, se registraron depósitos por 9 millones 537 mil 935.99 pesos y retiros por 7 millones 507 mil 898.44 pesos.
Agrega que en septiembre de 2013, la institución bancaria alertó “por una transferencia internacional enviada por monto significativo sin causa justificable”. El documento apunta que la inconsistencia en ingresos mensuales en aquel septiembre fue por 4 millones 87 mil 511.72 pesos con relación a agosto de 2013, por apenas 91 mil 483.40 pesos. Esto se comparó con otros meses: por ejemplo, en marzo de ese mismo año el ingreso fue de 96 mil 70.97 pesos. De lo anterior, la UIF observa que los recursos operados en la cuenta bancaria “salen del perfil transaccional manifestado a la institución financiera en la apertura de la cuenta”. Ese año, se descubrió que el reconocido médico adquirió una propiedad en la Ciudad de México por 3.6 millones de pesos.
Respecto de la cuenta en Banorte, el banco le indicó a la autoridad hacendaria que “está siendo investigada por la Secretaria de la Función Pública por el delito en materia de evolución patrimonial”. En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera revela que Mohar Betancourt realizó envíos mediante transferencias internacionales entre 2013 y 2019, de los cuales destaca uno por 1.7 millones de pesos a la empresa de seguros Fidelity National Title of Florida, Inc.
Otra operación de la que da cuenta es un envío por 26 mil 900 pesos en febrero de 2014, y 7 mil 500 dólares estadunidenses en julio de 2019, ambos a la cuenta en Estados Unidos a nombre de su esposa.
Además, entre 2015 y 2019, el médico emitió 49 cheques por 1.3 millones de pesos, de los que sobresalen los enviados a la empresa Inmobiliaria Tepozteco, S de RL de CV, por 365 mil pesos, derivado de la adquisición de dos terrenos ubicados en Tepoztlán, Morelos. Éstos costaron 1.9 millones de pesos en total y se registraron a su nombre y al de su esposa.
Asimismo, la UIF indica que el doctor Mohar Betancourt recibió 25 cheques por 520 mil pesos. En estos casos destaca los que recibió del Instituto Nacional de Cancerología, por 114 mil pesos, en octubre de 2015. Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera apunta que en ese periodo (2015 a 2019) el médico recibió 45 transferencias electrónicas de fondos por 1.8 millones de pesos “posiblemente relacionadas al pago de su sueldo”.
En el ámbito fiscal, la indagatoria de la UIF detectó que el exdirector del Incan registró declaraciones anuales ante el Servicio de Administración Tributaria de 2014 a 2018. Los ingresos que declaró ascendieron a 14.2 millones de pesos, con un promedio anual de 2.8 millones de pesos. Principalmente, el doctor Mohar Betancourt enteró al SAT el recurso proveniente de sus sueldos como servidor público.
Otra operación que llamó la atención de la UIF ocurrió en diciembre de 2017. En ésta, Alejandro Mohar Betancourt aparece como adquiriente y el doctor Antelmo Abelardo Meneses García –quien por años fue su subalterno en el Incan– como enajenante. La cesión involucró un local comercial ubicado en avenida Periférico Sur 5756, local 4, Cantil de Pedregal Coyoacán, Ciudad de México, con valor de avalúo de 964 mil pesos, pero con valor pactado de 482 mil pesos. En ese mismo mes, se vendió a la sociedad Sohin Genetics, SAPI de CV (liderada por la empresaria Juana Ramírez Bustos). Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera señala que se trató de una operación simulada y que se desconoce su propósito.
Entrevistada al respecto, Ramírez Bustos asegura que no se trató de una operación simulada, sino de una compra fallida. Afirma que el avalúo por más de 900 mil pesos era por dos locales y no por uno. Mohar era propietario de uno y Meneses del otro. Al primero se le pagó con más de 5 mil acciones de Sohin y al segundo con una transferencia por 482 mil pesos.
La empresaria también indica que en esos locales –que se ubican en un edificio muy viejo que se dañó con el sismo de 2017– se aloja el laboratorio Labpath, y que tras un año de relación con el doctor Mohar, este pidió que le regresaran sus locales. Juana Ramírez dice que ninguna de las partes estuvo totalmente a gusto en ese lapso, y cuando el exdirector del Incan le pidió romper el vínculo, ella aceptó un pago por la misma cantidad –482 mil pesos– y la restitución de las acciones.
Respecto de por qué en internet la página de Labpath se sigue asociando con Sohin Genetics, asegura que es un error que tendrán que corregir, porque en realidad nunca compraron la marca –que pertenece a una sociedad civil– sino sólo los locales y esos ya los devolvieron desde 2018. Ramírez Bustos muestra varios documentos firmados por los doctores Mohar y Meneses donde consta el traspaso de los locales. Además, dice que previo a esa adquisición, Sohin pidió a la Secretaría de la Función Pública una opinión sobre las labores de Mohar para descartar algún posible conflicto de interés.
La empresaria también enfatiza que Sohin Genetics, fundada en 2009, nunca ha sido contratista ni proveedor del Instituto Nacional de Cancerología, y asegura que le gustaría que la UIF le permitiera aclarar que esta no fue una operación simulada, pues precisamente por tratarse de locales propiedad de servidores públicos, tanto la compra como la venta se bancarizaron –en lo correspondiente al pago de dinero– y protocolizaron ante notario público –en lo que correspondió a la disminución del capital social.
El expediente también indica que el médico es socio de la razón social Labpath, SC, constituida en 1994, junto con el doctor Antelmo Abelardo Meneses García –también exdirector general del Instituto Nacional de Cancerología–, la doctora Leticia Quintanilla Martínez –actualmente colaboradora del alemán Institut für Pathologie und Neuropathologie–, el doctor Víctor Manuel Noffal Nuño – actual subdirector en Hospital Médica Sur– y el doctor Edgardo Francisco Reyes Gutiérrez –actual investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
De la empresa Labpath, la UIF destaca que recibió depósitos en efectivo por 171 mil pesos en 2009; y por 3.7 millones de pesos entre 2015 y 2019, del Centro Oncológico Internacional, SAPI de CV. Dicho centro oncológico, detalla, tiene una sucursal al lado del Hospital SEDNA, sin embargo no se localiza algún otro vínculo con los sujetos analizados.
Asimismo, el expediente apunta que las facturas emitidas (ventas) por el doctor Mohar Betancourt más recientes son de 2016, de las cuales muchas son por servicios ofrecidos a diversas personas físicas y no se localiza al menos en 2015 y 2016 facturación al sector público.
En el Tercer informe de labores de la Secretaría de la Función Pública se reveló que, el pasado 28 de mayo, esa dependencia inhabilitó al entonces director del Instituto Nacional de Cancerología, Antelmo Abelardo Meneses García, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el periodo de 10 años. Ello, por anomalías en su declaración patrimonial.
Del doctor Meneses García, el expediente anota que su registro federal de contribuyentes es MEGA5506265SA. Detalla que su cuenta está abierta en Banorte (0023796423) y, hasta antes de la inhabilitación, tenía participación como representante en 24 cuentas bancarias del Instituto Nacional de Cancerología. La UIF fue notificada de que el médico estaba siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública (oficio 110-2509/2019) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (oficio 214-4/2921827/2019) por el delito en materia de evolución patrimonial.
El archivo destaca que Meneses García emitió cheques por 3.2 millones de pesos, de los cuales 2.4 millones fueron en beneficio de su esposa. El documento del que Contralínea tiene copia agrega que el doctor declaró ante el SAT tener sueldos de 2014 a 2018 por 15.5 millones de pesos; con un promedio anual de 3 millones de pesos, principalmente provenientes de su sueldo como servidor público.
En su información migratoria se apunta que –entre marzo de 2015 y junio de 2019– realizó vuelos internacionales a Estados Unidos, Brasil, Canadá, Cuba, Francia, Japón, Malasia, Panamá, Perú y España. Otra información financiera relevante fueron transferencias a su favor por 89 mil 748 pesos que le hizo el doctor Mohar Betancourt, entre marzo y mayo de 2016.
Del doctor Heberto Arboleya Casanova se expone que su RFC es AOCH590816U20. Como servidor público fue director general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, y luego fue invitado por el doctor Mohar a dirigir la Coordinación de los Hospitales Federales de Alta Especialidad, adscrita a la CCINSHAE, desde abril de 2019.
El expediente indica que al médico se le detectaron operaciones en efectivo de cuantía importante (un depósito por 306 mil pesos en 2017 y un retiro por 163 mil pesos en 2013, operados en la Ciudad de México y en Chiapas, respectivamente).
Asimismo, se detalla que emitió cheques por 672 mil pesos de 2015 a 2018 y recibió cheques por 1.6 millones de pesos. El 6 de julio de 2017 adquirió una propiedad sin especificar la localidad por 500 mil pesos.
El reporte de inteligencia financiera también da cuenta del modus operandi de los donativos a favor del Incan, pues se encontró como constante que las entonces autoridades del Instituto no los reportaban en los activos. Ello, bajo la excusa de que ninguna ley los obligaba a registrarlos. No obstante, lo que ocurría es que el donativo se cancelaba pero el Incan sí emitía la factura.
De esta manera, la autoridad ha documentado que la donataria operaba en realidad como vendedora, y el beneficio era obtener adjudicaciones directas: le compraban a ella las cosas al precio que establecía sin considerar las mejores opciones en calidad y costo como marca la Ley de Adquisiciones. Es decir: el Incan pagaba el dinero, el SAT acreditaba la donación pero al final cambiaban la factura cancelada por la pagada.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el doctor Mohar Betancourt, a través del área de comunicación social del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM –del que forma parte como investigador–, sin que al cierre de esta edición se recibiera respuesta.
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