Un legado de presos políticos y crímenes de lesa humanidad

Exhibido por organismos internacionales por violar derechos humanos sistemáticamente, el Estado mexicano mantiene una larga lista de temas por resolver. La administración de López Obrador recibe un saldo de más de 2 mil detenciones arbitrarias, miles de ejecuciones extrajudiciales y decenas de presos políticos.

Fue detenido por policías estatales el 31 de agosto de 2018, en la esquina de las calles 66 poniente y 5 norte, en la Ciudad de Puebla, Puebla. Pasaban las 5 de la tarde, cuando mientras caminaba lo arrestaron bajo el cargo “de apología del delito, delitos contra funcionarios públicos y lesiones”.

Flavio Vidal Pérez es integrante de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), y encabeza la lista de presos por motivos políticos que lleva la organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo México.

La UPVA fue catalogada en la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional –hoy en proceso de transformación en la Oficina Nacional de Inteligencia–, como una de las organizaciones sociales que significaban “un riesgo a la seguridad nacional”, junto con otras como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, que se manifestaba en contra de la reforma educativa), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social, el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra encabezados por los ejidatarios de San Salvador Atenco (Contralínea, 503).

Las detenciones por motivos políticos se han realizado en contra de defensores de derechos humanos, activistas sociales y estudiantiles, representantes indígenas, comuneros, defensores del medio ambiente. Hombres y mujeres que han buscado la reivindicación de sus derechos, y que han padecido más actos de represión y hostigamiento a partir de iniciada la llamada “guerra contra el narcotráfico” del presidente de extracción panista Felipe Calderón Hinojosa, recrudeciéndose en la administración de Enrique Peña Nieto, dice Francisco Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México, que lleva la documentación de los casos.

El informe Defender los Derechos Humanos en México: el Sexenio de la Impunidad indica que los actos de detención arbitraria, documentados de junio de 2017 a mayo de 2018, son 542, y destaca que hasta el 31 de mayo de este año, “348 personas defensoras de derechos humanos estaban privadas de libertad por motivos políticos en México, esta cifra incluye a todos las personas registradas que están detenidas desde 1997 y que llevan ya hasta 21 años en prisión”.

“A pesar de que se dijo que la guerra había terminado, el costo represivo en contra de los defensores y de los luchadores sociales se triplicó en el sexenio de Peña Nieto. En realidad, lo que hizo el panismo y, ahora el PRI [Partido Revolucionario Institucional], fue exacerbar las detenciones por motivos políticos”, comenta.

En el análisis que hace el defensor de derechos humanos, durante el gobierno de Peña Nieto el Estado se fue en contra de las “personas claves” del movimiento social, “no solamente para la detención sino incluso quiénes se tenían que quedar en prisión, quiénes tenían que ser ejecutados o desaparecidos”.

De acuerdo con el Comité Cerezo, los presos por motivos políticos se dividen en tres categorías: preso de conciencia, preso político e injustamente preso asociado a motivos políticos.

“Los presos de conciencia son aquellas personas que han sido detenidas por el hecho de participar en acciones que buscan la defensa de los derechos humanos (marchas, mítines, todas éstas legítimas, en el marco de los derechos humanos internacionalmente reconocidos); es decir, una persona que el Estado ha encarcelado por ejercer sus derechos humanos o exigir el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en esta materia.

“Los presos políticos son aquellas personas que han sido detenidas por haber roto el marco jurídico al declararle públicamente la guerra a un Estado (tal es el caso de las personas que pertenecen a grupos armados insurgentes o personas que, de manera individual, usan la violencia como método principal de lucha) y, si bien es cierto que estas personas se oponen al Estado, aún poseen derechos humanos que deben ser completamente respetados, por lo que tienen derecho a un juicio justo, cosa que en México nunca ha sucedido.

“Los injustamente presos asociado a motivos políticos son las persona que, sin tener participación alguna en las acciones de defensa y exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, han sido detenidas y acusadas de delitos o actos que nunca cometieron; es decir, son personas que fueron detenidas porque iba pasando o se encontraba cerca del lugar donde se realizaron cateos o detenciones por motivos políticos, muchas veces, las más, son detenidos en represiones estatales masivas o, en algunas ocasiones, por su apariencia física o su vestimenta”, expone el informe.

La geografía del disenso

La documentación de violaciones a los derechos humanos expone que de 2006 a mayo de este año, 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias “con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta”. De éstas, 2 mil 968 corresponden a la administración de Enrique Peña Nieto.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, comenta Francisco Cerezo, son los estados donde se han focalizado estas situaciones, entidades a donde llegan megaproyectos y se llegan a ocupar territorios.

Michoacán, enfatiza, es donde comienza la guerra contra el narcotráfico, con el Plan Michoacán, y donde las comunidades se militarizan. Ya, en el gobierno de Peña Nieto, y con el movimiento estudiantil Yo Soy 132 se registran abusos en la Ciudad de México.

También, menciona el defensor de derechos humanos, el magisterio fue uno de los movimientos que más actos de represión tuvo, con la imposición de la Reforma Educativa, impulsada en la pasada administración.

“Dentro de esta estrategia de control social mediante el terror y de la estrategia de represión política, dirigida en contra de los defensores de derechos humanos y los luchadores sociales y populares, vamos a ver cifras más agresivas en contra”, dice.

“En todos los casos que nos ocupan en este informe, podemos asegurar que aquellas personas que han sufrido una detención y en muchos casos, prisión por motivos políticos, fueron detenidos de manera arbitraria. Esto aplica incluso en los casos en los que, pese a que hubo una detención arbitraria, no fue iniciada una carpeta de investigación en contra de quienes fueron aprehendidos, ya sea porque fueron golpeados y al presentarlos ante una autoridad judicial demostraba la tortura que habían sufrido o porque fueron detenidos para, de una manera ilegal, disolver una protesta o castigar el ejercicio del derecho humano a la protesta.

“En la misma situación se encuentran aquellos que son mantenidos en detención arbitraria debido a que se les ha negado un juicio justo e imparcial, se les han inventado o fabricado pruebas o se les ha obstaculizado la defensa jurídica cuando los detenidos son enviados a penales de máxima seguridad o trasladados a prisiones alejadas de su lugar de residencia”, menciona el documento elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

Otra de las situaciones documentadas en este informe son las “ejecuciones extrajudiciales” que de 2006 a 2012, periodo gobernado por Felipe Calderón, fueron documentadas 67; en tanto que 6 meses antes de terminar el mandato de Peña Nieto se registraron 161 casos de personas defensoras de derechos humanos ejecutadas extrajudicialmente.

En el periodo que comprende este informe, Guerrero tiene 12 casos, le sigue Oaxaca, con siete; Michoacán, Chiapas y Puebla con tres casos cada uno; Veracruz, Jalisco, Chihuahua y Baja California, dos casos; y Tamaulipas y San Luis Potosí con un caso.

Una ejecución extrajudicial ocurre, expone el informe, “[…] cuando cualquier agente estatal […por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares)] priva arbitrariamente de la vida de una o más personas, motivado por un objetivo o finalidad política, y donde normalmente cuenta con la orden, autorización expresa o la colaboración de la institucionalidad estatal para la que sirve. En estos casos, el responsable cuenta con el cobijo y la colaboración institucional, tanto para consumar el delito, como para procurarse la impunidad posterior”.

La Cuarta Transformación

Uno de los principales retos que tiene la administración que alcanzó la Presidencia de la República a través de las urnas el pasado 1 de julio, es la excarcelación de los presos políticos y el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales, para no continuar con la impunidad del sexenio de Enrique Peña Nieto, señala Francisco Cerezo.

El defensor de derechos humanos comenta que el papel que les corresponde a las organizaciones que atienden estos casos es estar al pendiente de que lo que ocurre en el país en torno a la violación de derechos humanos, pues la documentación de estos hechos es el termómetro que va a medir si está cambiando la situación que impera actualmente, se mantiene igual o incluso empeora.

El pasado 22 de noviembre fue entregada la propuesta de Iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas –elaborada por Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh), el Comité Cerezo México y con la colaboración del Colectivo Infrarrealismo Jurídico–, a la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y a la Diputada Beatriz Pérez López, integrante de la misma.

Con la iniciativa se pretende volver a la realidad de las diversas recomendaciones que han realizado el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y del Relator Especial de la CIDH para la libertad de expresión, Edison Lanza, en 2017, así como las recomendaciones y buenas prácticas que organizaciones nacionales e internacionales han realizado en la materia.

Entre los objetivos se encuentran, en lo general:

“I. Reconocer, respetar, proteger, promover y cumplir con el derecho de toda persona, de manera individual o en asociación con otros, de promover y luchar porque se protejan y cumplan los derechos humanos y libertades fundamentales, a nivel nacional e internacional.

“II. Afirmar, promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales en México.

“III. Afirmar el compromiso de México para implementar de manera efectiva la Declaración de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, y

“IV. Afirmar el compromiso de México para implementar de manera efectiva la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado: “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” (29 de diciembre de 2017).”

Mientras que, en lo particular:

“I. Respetar, proteger y garantizar el derecho a defender derechos humanos, y sus derechos asociados, de las personas defensoras de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, y sus derechos asociados, de los periodistas;

“II. Prevenir delitos y violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas debidas a su labor;

“III. Proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuando se encuentran frente a una situación de riesgo debidas a su labor;

“IV. Investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores materiales, autores intelectuales de los delitos y violaciones derechos humanos, así como a los beneficiarios de las mismas,

“V. Garantizar la Reparación Integral;

“VI. Generar las Garantías de No Repetición.”

Cerezo Contreras evalúa el plan de seguridad presentado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. “Vemos que es más militarización. Esperemos que el mando supremo no dé las indicaciones equivocadas de seguir reprimiendo”.

Érika Ramírez

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