La Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontró vigencias vencidas, inconsistencias, atrasos en la elaboración de informes y falta de documentos en cada proyecto que revisó. Analizó 19 de un total de 93 que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) financió al Instituto de Biotecnología universitario en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los 93 proyectos contaron con un monto autorizado por 158 millones 778 mil 300 pesos. Los 19 revisados por la Contraloría representaban 33 millones 480 mil 300 pesos. La auditoría –de carácter financiero– se realizó a finales de 2016, con número de trabajo 2016-307 que generó el informe 153/MVS/2016.
Del Instituto de Biotecnología, las áreas responsables de la ejecución de estos recursos fueron la Secretaría Administrativa y el Departamento de Control Presupuestal. En sus conclusiones, la Contraloría –dependiente del Patronato Universitario– advirtió que el tamaño de las irregularidades podría derivar en una revisión total del convenio y “proceder a la cancelación del apoyo económico”.
Las observaciones están dirigidas a quien entonces encabezaba el Instituto, el doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich; al contador público Francisco Arcos Millán, secretario Administrativo, y al licenciado en administración Carlos Enrique Mendoza Nava, jefe del Departamento de Control Presupuestal.
De acuerdo con el documento –del cual Contralínea pose copia–, el Instituto de Biotecnología no contó siquiera con un registro integral de los proyectos que permitiera el control y el seguimiento al ejercicio, avance, conclusión y finiquito tanto técnico como académico. En los 19 casos revisados se desconocía “la situación actual de cada proyecto, para la adecuada toma de decisiones”.
Por ello, los auditores advertían del “riesgo de que el Conacyt cancele futuros apoyos a los responsables técnicos de los proyectos”. De concretarse, señalaban, las cancelaciones significarían “una disminución en las fuentes de recursos de los cuales se allega la Universidad para el cumplimiento de su actividad sustantiva.
Además, la Contraloría universitaria encontró que en seis proyectos el Instituto de Biotecnología no cumplió con la entrega oportuna de informes financieros. Los atrasos de estos informes iban de los 53 días y hasta los 512 días, es decir, de un mes con dos semanas al año con cinco meses y una semana. Y en uno de estos proyectos se detectó un remanente en cuenta bancaria por 120 mil 700 pesos.
Con respecto de los informes financieros finales, el Instituto de Biotecnología no elaboró los correspondientes a dos proyectos. Y en los 17 restantes se presentaron con desfases que van de los nueve a los 570 días. Uno de estos proyectos debería contar con un informe complementario pues tenía un remanente en cuenta bancaria por 135 mil pesos.
Asimismo, en dos proyectos no se cumplió con la entrega oportuna de siete informes técnicos. Los atrasos van de los 89 a los 478 días. Y en siete proyectos el Instituto de Biotecnología no presentó evidencia de haber tramitado los finiquitos. Por ello, al momento de haber realizado la auditoría no se pudo concluir las obligaciones técnicas y financieras ante el Conacyt.
Por todas las irregularidades, la Contraloría de la UNAM emitió una serie de “acciones correctivas” que deberían acatar la Secretaría Administrativa y el Departamento de Control Presupuestal, ambas instancias del Instituto de Biotecnología.
De acuerdo con la Cédula de Observación de la Auditoría 2016-307 –de la cual Contralínea posee copia–, los auditores ordenaron a las instancias señaladas cuatro acciones. La primera de ellas, desarrollar y ejecutar un sistema de registro de los proyectos financiados por el Conacyt. Lo anterior, con el objetivo de “monitorear cada una de las etapas de los convenios, así como el cumplimiento en la presentación de los informes técnicos, financieros, entregables, término de la vigencia, recursos convenidos, ministrados, ejercidos, disponibles, remanentes, entre otros”.
También ordenaron regularizar la entrega de los informes financieros y técnicos, “para dar cumplimiento con las obligaciones de la UNAM”. En otra determinación, se ordenó efectuar la devolución de los recursos y presentar los comprobantes de depósito en los dos casos en los que se identificaron remanentes pendientes. El monto total es de 255 mil 700 pesos.
Finalmente, la auditoría señala que las instancias auditadas deben “solicitar el apoyo de la Coordinación de Servicios de Gestión y Cooperación Académica, dependiente de la Coordinación de la Investigación Científica, para tramitar los finiquitos correspondientes y presentar evidencia documental de las acciones efectuadas ante la citada instancia”.
Con respecto de las “acciones preventivas”, la Contraloría universitaria ordenó dos quehaceres. Recomendó que, una vez instrumentado el sistema de registro y monitoreo, “dar seguimiento estricto al cumplimiento de los compromisos contraídos respecto a la entrega en tiempo y forma de los informes técnicos y financieros al Conacyt, de las fechas de vecncimiento de los convenios en que se sustentan los proyectos, la presentación de los entregables y cualquier otra obligación que derive de dichos instrumentos consencuales; a efecto de evitar incurrir en situaciones de incumplimiento”.
La otra acción preventiva consiste en que la Secretaría Administrativa y el Departamento de Control Presupuestal deben emitir un comunicado al personal del Instituto. En tal documento deben “solicitar a los responsables de los proyectos que se realice con oportundad la entrega de los informes técnico financieros y en su caso los finiquitos correspondientes, a fin de proteger los intereses de ambas partes y evitar contingencias que pudieran repercutir en la entrega de recursos”.
Contralínea solicitó entrevista con el doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, quien entonces se desempeñaba como director del Instituto de Biotecnología y hoy es líder académico de grupo al interior del mismo. También pidió entrevista con la actual directora, la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera. Las gestiones se realizaron ante la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, que encabeza Néstor Martínez Cristo. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
En este 2022, el Conacyt ejercerá un presupuesto de 29 mil 564 millones 150 mil pesos. A través de 13 programas presupuestarios apoya el desarrollo científico tecnológico en rubros como la entrega de becas de posgrado y desarrollo de calidad, el Sistema Nacional de Investigadores y, entre otros, proyectos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Son sujetos de financiamiento proyectos de los propios centros a cargo del Conacyt, pero también de universidades e instituciones de educación superior de todo el país e instancias de investigación y desarrollo tecnológico de los tres niveles de gobierno y de los sectores social y privado.
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