El freno en la Cámara de Diputados a la reforma a la Ley del Infonavit –derivado del fuerte cabildeo de empresarios y líderes sindicales, a la par de la guerra sucia mediática que busca generar terror en los derechohabientes con falsedades– esconde, en el fondo, una serie de corruptelas que habrían desfalcado miles de millones de pesos al Instituto. Entre los casos más emblemáticos destacan: un presunto fraude por 5 mil millones de pesos de Telra Realty, propiedad de la familia Zaga Tawil, y que toca a la trasnacional White&Case; la contratación ilegal de un seguro por 550 millones de pesos a favor de Mapfre-Tepeyac; las ventas sucesivas de créditos Infonavit, tipo esquema ponzi, que deja al descubierto una red de complicidades al interior del Instituto; despojo masivo de viviendas; pagos indebidos a consejeros por asistir a asambleas y reuniones de Consejo; sueldos millonarios a directivos, superiores al de la presidenta de México, revelaron la propia Claudia Sheinbaum y el actual director, Octavio Romero Oropeza
En plena campaña de guerra sucia mediática para descarrilar la reforma a la Ley del Infonavit, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo ordenó que se ventilaran los casos más emblemáticos de corrupción en ese Instituto. Por ello, pidió al director general, Octavio Romero Oropeza, revelar una serie de corruptelas que van desde el pago una indemnización indebida por 5 mil millones de pesos a favor de Telra Realty, hasta la contratación ilegal de un seguro, por más de 500 millones de pesos a favor de Mapfre Tepeyac.
En el caso de Telra Realty –empresa de la familia Zaga Tawil–, Romero Oropeza acusó que el contrato data de 2014, y fue para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia, en un plazo de 2 años y por un monto de 100 millones de pesos. No obstante, la empresa incumplió el contrato y no entregó la plataforma.
Al participar en la conferencia presidencial del 18 de diciembre, el director general del Infonavit detalló que, en vez de sancionar a la empresa, se le rescindió el contrato. Aunado a ello, en 2016, el Consejo de Administración le autorizó una indemnización por 5 mil millones de pesos.
Tras comprobarse el desfalco al Infonavit, “dos socios de Telra devolvieron 2 mil millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto, pero tres se han negado a devolver 3 mil millones restantes, esos 3 mil millones andan ‘volando’”.
Romero Oropeza añadió que el pago de la indemnización se “justificó” con un documento supuestamente expedido por la trasnacional White & Case. “Son tres hojas, y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice; hay que leer lo que dice, desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma, y la antefirma es ‘W’, un signo de ‘&’: ‘White & Case’. Y la última está firmada por ‘White & Case S.A.’. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera”.
Y explicó que a nombre de los despachos legales y las empresas quien firma es un socio o el representante legal, porque la razón social de las personas morales no es una firma válida. Por ello, llamó públicamente a White & Case para que avale o desmienta el documento.
Romero Oropeza también exhibió que la Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra se trianguló dinero entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Eso, aclaró la presidenta Sheinbaum, ocurrió antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Romero Oropeza denunció que frente al trabajo de la ASF, los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit –que es un organismo tripartita– a interponer un amparo contra el informe de resultados, con el voto en contra de sector gobierno y de la oposición de la Dirección General.
Otro ejemplo de corrupción, dijo, es el programa Línea III del Infonavit, que “consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores, y la empresarial, y así con presentados al Consejo de Administración para su autorización. No hay un estudio técnico, financiero, de ninguna índole, simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del Consejo y se aprueba”.
Al respecto, denunció que se identificaron 22 proyectos –autorizados entre 2017 y 2018– que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit, por 575 millones de pesos. “Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones”.
Explicó que en cuatro casos, las empresas recibieron más recursos a pesar de no haber construido las casas: “45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero”.
Otro caso de corrupción, dijo, es el de una red delictiva integrada por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Lo que podría asemejarse a un esquema ponzi.
“Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año. Todo lo anterior –y ojo porque esto es importante– sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda que, hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de mil 200 millones de pesos”.
Y expuso que el problema se ha detectado en todas las entidades que se han revisado: “en el Estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2 mil 37 veces. En Baja California, 205 casas se vendieron mil 696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las mil 400 y las 12 mil ventas”.
Acerca del mecanismo que emplea esta red de corrupción, ejemplificó: “en el Estado de México tres notarios, con dos despachos de evaluación, con tres peritos valuadores, con tres controladores y seis trabajadores del Infonavit: vendieron 496 casas 4 mil 130 veces”.
Otro ejemplo de corrupción que puso Romero Oropeza es el de los desalojos. Recordó que, en 2019, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3 mil 600 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificado, contratados para “recuperar vivienda por la vía judicial”. Práctica que, detalló, se eliminó desde el sexenio del presidente López Obrador.
El director del Infonavit explicó que, entre 2013 y 2015, los despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes. Y denunció que el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo.
Otro caso de corrupción que expuso fue el de la aseguradora Mapfre Tepeyac: “funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito. ¿Por qué decimos que ilegalmente? Porque el Instituto, el Infonavit, ya cubre ese seguro. La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias –se adelantaron al Covid–, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable. Es decir, su contratación fue fraudulenta y, ojo, sin el consentimiento de los trabajadores acreditados, y sin necesidad porque ya el Infonavit cubre eso”.
A la lista de irregularidades añadió el caso del padrón de viviendas nuevas: “en 2011, el Consejo de Administración de Infonavit autorizó convertirlo en un fideicomiso que le pertenece al Infonavit. Ese fideicomiso genera recursos porque la información que da el Registro Único cobra por la entrega de esta información; pero ese ingreso no debe ser calificado como una utilidad, toda vez que se debe reintegrar al ahorro de los trabajadores. En la sesión de julio de 2024, el Comité Técnico del RUV, donde participa el Sector Empresarial, y de Trabajadores, instruyó el pago de las utilidades del RUV”.
Al respecto, añadió: “en noviembre pasado, el director del RUV gestionó el pago como pago de utilidades. A pesar de que un servidor dio instrucciones de no hacerlo, se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado de eso, tres funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes”.
Y concluyó con el tema de los sueldos: “el ingreso neto anual de la presidenta de la República anual es de 1 millón 992 mil pesos; esto es, mensual, vienen siendo 140 mil pesos, aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director Sectorial de los Trabajadores: anual, 3 millones 255 mil pesos. Mucho más que lo que gana la presidenta: mensual 271 mil pesos contra 140 mil”.
Acerca de la Dirección Sectorial Empresarial, expuso que “el director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140; y sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185 mil pesos mensuales; superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores”.
