A poco más de 17 años de la represión policial en San Salvador Atenco, en la que se documentaron graves violaciones a derechos humanos, las víctimas siguen exigiendo justicia y reparación del daño total. Once mujeres que fueron sometidas a tortura y violencia sexual mantienen su lucha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha instancia sentenció al Estado mexicano, en 2018, a investigar exhaustivamente el caso, pero las víctimas consideran que eso aún no se cumple a cabalidad, refiere la abogada Melissa Zamora, del Centro Prodh. Ello, porque los autores intelectuales y materiales siguen impunes

La represión policial ocurrida hace 17 años en San Salvador Atenco, Estado de México, sigue impune, señala Melissa Zamora. La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indica que ello ocurre, a pesar de que el Estado mexicano fue condenado y que las prácticas de violencia sexual y tortura se reprueban en el actual gobierno.

En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable de tortura sexual contra las mujeres durante los operativos del 3 de mayo de 2006, y ordenó medidas de reparación. Entre ellas, realizar una investigación exhaustiva. Hasta la fecha, sin embargo, ninguna autoridad responsable de los hechos ha sido consignada.

A la fecha, la indagatoria “se ha limitado a investigar a los policías federales que participaron en las detenciones; cuando algo esencial de los avances que se han investigado en ese caso –y que justo lo acredita la Corte Interamericana– es la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno. Es decir, en esos operativos estaba involucrada la Policía Federal, estatal y municipal, eso habla de un acuerdo previo en los operativos y también de una supervisión de los mismos”, explica la jurista.

En entrevista con Contralínea, expone que las pruebas presentadas sobre la brutalidad policiaca demuestran que los operativos “estuvieron supervisados en tiempo real. Incluso la ciudadanía los pudo ver en sus televisores en tiempo real como eran reprimidos y reprimidas”.

El conflicto que derivó en la represión tuvo como fondo las protestas contra el aeropuerto de Texcoco. El 2 de mayo de 2006, la policía impidió que un grupo de floricultores en Texcoco se instalará en el mercado local, lo que desencadenó una protesta apoyada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Al día siguiente, más de 3 mil policías federales, estatales y municipales se desplegó en San Salvador Atenco y ejerció una violencia desmedida contra la población civil.

Dos jóvenes murieron y más de 200 personas fueron detenidas. Todas, con signos de violencia. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron graves violaciones a derechos humanos, que incluyen tortura y abuso sexual contra, al menos, 26 mujeres detenidas. Once de ellas llevaron su lucha por justicia a la Corte Interamericana.

La asistencia jurídica del Centro Prodh inició poco después de las detenciones y traslados a los centros penitenciarios. La abogada Melissa Zamora explica que actualmente la Fiscalía General de la República está incumpliendo la obligación de investigar el caso bajo los parámetros internacionales que ordenó la Corte Interamericana, con perspectiva de género.

“Solamente se sigue investigando a los policías. Se está dejando de lado las causas estructurales que permiten este tipo de casos, no se está dando un ejemplo de que no hay permisión para esos casos”.

La abogada añade que desde 2015, la Corte Interamericana ordenó que se fortalezcan las investigaciones, porque no existía un marco jurídico adecuado y tampoco se contaba con recursos para su funcionamiento. “Precisamente el día 26 de junio se celebró la primera sesión de este mecanismo durante el año”.

Igualmente, destaca que los avances que se han presentado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hay que celebrarlos. Puntualiza que se han publicado los lineamientos de este mecanismo y la elaboración de un diagnóstico nacional de tortura sexual –publicado en 2022–, que da cuenta de la persistencia de esta práctica, es decir, es un documento oficial elaborado por propias autoridades mexicanas que reconociendo la existencia de este delito.

“El diagnóstico publicado por Gobernación arrojó datos preocupantes o graves en los que señala que el 79 por ciento de las mujeres que se entrevistaron señalaron haber vivido tortura, y también el 32 por ciento refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual. Es decir que la tortura tenía una connotación de violencia sexual, que va desde actos de violación o abuso hasta otro tipo de violencias forzadas, como tocamientos en zonas sexualizadas”, explica la defensora Melissa Zamora.

Añade que el caso Atenco ha sido pilar para la instrumentación de mecanismos que reconocen estas prácticas, nuevas leyes o políticas públicas. Sin embargo, “no es suficiente, porque todavía la gran mayoría de mujeres privadas de su libertad continúan lejos de su familia, viendo las adversidades que implica la prisión en nuestro país”.

La abogada indica que la mayoría de las mujeres en prisión son procesadas por delitos que no cometió. “Al final, eso es parte del mayor daño de la tortura, no solamente se comete un daño a la integridad personal de las víctimas que viven la tortura, sino que también afecta a la verdad de las víctimas”.

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