En mayo de este año informamos del proceso penal que se le sigue a un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Pedro Rodríguez Chandoquí, adscrito a la Décimo Segunda Sala Metropolitana, por la grave acusación de violación sexual, delito cometido supuestamente en perjuicio de una joven abogada, que en aquel momento era estudiante de la licenciatura en derecho.

Han pasado 5 años desde la fecha que ocurrieron esos lamentables hechos y 4 desde que la víctima presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde se inició la integración de la carpeta de investigación CI-FIDS/FIDS-1-02/00083/02-2022.

Tantos años confirma que la justicia sigue siendo lenta y negligente, mientras que Rodríguez Chandoquí enfrenta en libertad su proceso penal; apenas el viernes de la semana pasada solicitó “licencia” para separarse 30 días del cargo de poder que ostenta en la Tercera Ponencia de la Décimo Segunda Sala Metropolitana de dicho Tribunal.

El 4 de agosto pasado, por unanimidad de 5 votos –entre otros que firman el acuerdo el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, y el secretario técnico Luis Alberto García Guerrero–, ese Tribunal permitió la incorporación del magistrado acusado para continuar desempeñando sus funciones, mientras se realizaba una indagatoria interna.

En el considerando 8 del acuerdo G/JGA/76/2026, de la Junta de Gobierno y Administración –cuya copia está en poder de esta columna– se establece la decisión de que Rodríguez Chandoquí vuelva a sus labores de magistrado bajo el siguiente argumento: “Que en sesión de la presente fecha, la Junta de Gobierno y Administración tomó conocimiento de que cesaron las causas que dieron origen a la ausencia de la persona (Pedro Rodríguez Chandoquí) Magistrada Titular de la Tercera Ponencia de la Décimo Segunda Sala Regional en la Ciudad de México, por lo que se encuentra en condiciones de reincorporarse al ejercicio de sus labores jurisdiccionales”.

Después de que se hiciera pública esa grave acusación en mayo pasado y de que este caso de supuesta violación sexual de una joven abogada le fuera informado a la presidenta de la República en la conferencia matutina, Rodríguez Chandoquí había sido retirado de sus funciones jurisdiccionales en el TFJA; sin embargo, por voto unánime la Junta de Gobierno decidió a principios de agosto pasado reintegrarlo a sus funciones.

Al respecto, el presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, explicó en entrevista telefónica que la decisión de la Junta de Gobierno de reincorporarlo obedece a que terminó el periodo de investigación interna por la labor que realiza en el Tribunal, y precisó que se trata de dos procesos distintos, uno es el penal y otro el administrativo interno, por eso la Junta decidió regresarlo a trabajar.

Al inquirirle al magistrado presidente de que el juez que lleva la causa penal utilizó la decisión de la Junta de Gobierno de reincorporarlo a sus labores como el argumento principal en las medidas cautelares, para que el magistrado siga su proceso penal en libertad, Amieva Gálvez rechazó que el Tribunal tenga algún acuerdo con el juez. También negó que se trate de algún arreglo extrajudicial: “yo ni conozco al juez ni he hablado con él. Son decisiones separadas las que tomó el Tribunal y las que adoptó el juez que lleva la causa penal”. Sin embargo, el presidente del Tribunal no descarta que la investigación interna continúe.

Especialistas critican que magistrado se mantuviera en funciones

Abogados consultados sobre este tema critican que el magistrado regional Pedro Rodríguez Chandoquí continuara en funciones a pesar de contar con una vinculación a proceso penal, y advierten que la actuación de la Junta de Gobierno del TFJA y el juez penal que lleva la causa pueden configurar responsabilidad administrativa grave y un posible delito de usurpación de funciones.

Este caso de violación sexual y la lentitud y negligencias legales han encendido las alertas dentro del sistema de impartición de justicia federal, pues el magistrado acusado continuó sus funciones jurisdiccionales a pesar de encontrarse formalmente vinculado a proceso penal.

Durante la audiencia de vinculación respectiva, la situación legal de Chandoquí quedó sujeta a proceso; sin embargo, el juez penal tomó en cuenta y valoró un documento emitido por la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, mediante el cual se le reinstaló en el cargo dentro de la Décimo Segunda Sala en la Ciudad de México.

Esta decisión ha generado severos cuestionamientos jurídicos por parte de expertos en la materia, quienes señalan que la permanencia de un funcionario bajo proceso penal vulnera frontalmente el ordenamiento legal mexicano y comete violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con el análisis jurídico del caso, permitir que un servidor público con una vinculación a proceso penal se desempeñe en un cargo de esta naturaleza transgrede los principios rectores del servicio público consagrados en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Juristas señalan que este proceder de actualizar faltas administrativas graves –tales como el abuso de funciones previsto en el artículo 57 de la propia LGRA– es delicado, debido a que ningún servidor público en dicha condición procesal cuenta con la habilitación legal para mantenerse en un cargo de tal relevancia institucional.

El foco de la controversia no recae únicamente sobre el magistrado Chandoquí, sino también sobre los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA y el propio juez penal que validó el documento de reinstalación.

Especialistas apuntan que, al tratarse de profesionales del derecho con alta especialización, todos los involucrados actúan con pleno dominio técnico de que la normativa que impide la continuidad en el ejercicio de funciones públicas bajo un proceso penal de esta índole, incurriendo presuntamente en conductas de abuso de poder y asociación indebida en el ámbito de sus atribuciones.

El punto más crítico del caso radica en la posible configuración del delito de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 250 del Código Penal Federal, el cual sanciona a quien ejerza cargos públicos sin cumplir con los requisitos legales o sin tener el carácter legítimo para ello.

Al encontrarse formalmente vinculado a proceso penal –situación que por ministerio de ley y las medidas cautelares inherentes suspende el ejercicio válido de la función pública–, cada resolución dictada, acuerdo firmado o acto de autoridad que haya ejecutado Chandoquí, constituiría una usurpación flagrante de atribuciones, al detentar potestades que ya no le corresponden legalmente.

Ante ello, se espera que en los próximos días surjan nuevos pronunciamientos institucionales sobre la legalidad de los actos emitidos por el magistrado y la responsabilidad de quienes facilitaron su permanencia en el Tribunal.

Ordena juez que imputado enfrente su juicio en libertad

El último acto judicial fue la audiencia llevada a cabo el lunes de la semana pasada, en donde el juez de control Alfredo Cárdenas Delgado, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, Unidad de Gestión Judicial 11, vinculó a proceso a Rodríguez Chandoquí por el delito de “violación con agravante”, presuntamente cometida en contra de una joven víctima.

Dicha resolución judicial implica que existen datos de prueba para que continúe el proceso penal en contra del magistrado. En dicha audiencia llevada a cabo el pasado lunes a las 13:00 horas, y que concluyó 12 horas después, alrededor de la 01:30 de la mañana del martes, se revisaron las medidas cautelares y el juez Cárdenas determinó que el imputado puede seguir en libertad su proceso penal.

Durante la larga audiencia, uno de los alegatos del magistrado acusado fue que la suspensión que le había imputado el TFJA para separarlo del cargo en la Décima Segunda Sala Metropolitana, había quedado sin efectos desde agosto de este año, con lo que se puede acreditar “arraigo laboral”, y esto fue el elemento principal que valoró el juez Cárdenas para negar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de la CDMX y la asesoría jurídica de la víctima.

Las medidas precautorias que le impuso el juzgador al magistrado consisten en lo habitual para estos casos: presentación semanal para firmar en el juzgado y no poder salir del país, por lo que Rodríguez Chandoquí tiene que entregar su pasaporte y su visa de ingreso a Estados Unidos.

La decisión del juez Cárdenas no tomó en cuenta que en la carpeta se advierte que el magistrado cuenta con distintos domicilios, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Chiapas, e incluso, presentó una licencia médica de Tlaxcala para solicitar previamente un diferimiento.

Anteriormente, el imputado había solicitado al Poder Judicial que su causa penal fuera tratada como “una conducta sostenida en usos y costumbres”, pues argumentó Rodríguez Chandoquí que debía ser tratado como persona indígena de la comunidad Zoque, pero el juez desecho su moción en virtud de que en un peritaje realizado por la Fiscalía se determinó que eso era falso y por tanto no le favorecía esa pretensión.

Especialistas en Derecho comentan que Rodríguez Chandoquí conserva una posición de poder y, en consecuencia, mantiene influencias inherentes al cargo de magistrado; mientras que la joven víctima, supuestamente violentada en sus derechos humanos, tiene que enfrentar años de desgaste en tribunales para tratar de acceder a una justicia que hasta ahora se ha mostrado lenta e indiferente y en condiciones abismalmente opuestas a las del acusado que mantiene privilegios.

Sin embargo, aseguran que la vinculación a proceso del magistrado representa un avance importante para la joven vulnerada y, aunque la presunción de inocencia del magistrado debe respetarse, no puede convertirse en un mecanismo para normalizar que una persona vinculada a proceso por violencia sexual ejerza una posición de poder y de alta responsabilidad pública.

Presidenta Sheinbaum interesada en que haya justicia

Es tan sensible y delicado este caso de violencia sexual, que la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, está interesada en que se haga justicia y por ello ordenó a su coordinador de asesores Jesús Ramírez Cuevas darle seguimiento al resultado de este proceso penal y mantenerla informada, pues de encontrar el Poder Judicial como culpable a dicho magistrado, la propia mandataria ordenaría su despido inmediato del Tribunal.

Del caso también están enterados y han intervenido directamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; el presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, quien ha manifestado su preocupación por este asunto, y la presidenta de la Comisión de Género del TFJA, la magistrada Zulema Mosri.

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