Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, debe resarcir el daño ambiental en Playa del Carmen, Quintana Roo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sobre la demanda de la firma estadunidense, la cual reclamaba a México el pago de una cantidad superior a 1 mil 700 millones de dólares tras los cierres y clausuras contra Calizas Industriales del Carmen, SA de CV (Calica).
La primera mandataria explicó que el gobierno mantiene un diálogo abierto con la empresa para tratar temas de remediación ambiental y el uso de los predios que permanecen bajo su propiedad, aunque declarados como Área Natural Protegida.
“Esta resolución no tiene que ver con el diálogo, es una decisión del propio tribunal, es una resolución importante porque, aunque da razón en ciertos temas a Vulcan, la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa”, expresó.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dio lectura a los comunicados emitidos tanto por Vulcan Materials como por la Secretaría de Economía de México.
La compañía destacó que el tribunal “determinó que México violó el TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte] en varios aspectos”, y consideró que “la indemnización monetaria otorgada a Vulcan por las violaciones de México fue insignificante”.
Por su parte, la Secretaría de Economía informó que la empresa reclamaba diversas acciones del gobierno de México llevadas a cabo entre enero de 2018 y 2022, cuando “diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron la operación de sus proyectos en México, realizados a través de Calizas Industriales del Carmen, SA de CV”.
Indicó que la resolución del arbitraje internacional “desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018”.
Según la institución, “esta medida representa menos del 1 por ciento del monto original reclamado”, que era de más de 1 mil 700 millones de dólares, es decir, que el Estado mexicano deberá pagar cerca de 17 millones de dólares por la clausura realizada en enero de 2018, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que el laudo final se mantiene bajo un periodo de confidencialidad, durante el cual ambas partes deben guardar reserva sobre los detalles específicos antes de su publicación oficial. “No podemos dar muchos más detalles por estos 30 días en donde todavía se solicita confidencialidad”, ya que también pueden derivar otras acciones.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que las acciones tomadas por el gobierno mexicano para restringir la extracción de materiales como grava y arena ocurrió por la posible violación a normas ambientales cometidas por la filial.
Aclaró que el predio continúa como privado, pero con la declaratoria de Área Natural Protegida emitida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el puerto Punta Venado se mantiene concesionado por Vulcan.
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