Washington, Estados Unidos. El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, continuó en 2018 con una política exterior marcada por las agresiones, las amenazas y los castigos económicos contra diversos países.
La postura estadunidense en este asunto se encaminó una vez más a tratar de limitar y frenar el desarrollo de las naciones que se oponen a los designios de Washington, criticados a nivel mundial por diversas voces.
Como parte de un contexto de escalada de presiones, más de 700 individuos, entidades, barcos y aviones de Irán, fundamentalmente en los sectores bancario y energético, se convirtieron en blancos de sanciones adicionales desde el último 5 de noviembre.
Asimismo, debido a estas medidas, refutadas en diferentes escenarios por el país persa, se afectaron otras áreas como el transporte marítimo y la construcción naval.
Mediante las regulaciones se sancionarán las transacciones con el Banco Central de Irán y las instituciones financieras designadas de esta nación.
Esos castigos siguieron a otros similares aplicados en agosto a raíz de la decisión de Trump de abandonar el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por su sigla en inglés) suscrito entre Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania).
Desde su llegada a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, Trump amenazó con abandonar ese acuerdo de 2015 y finalmente anunció el paso el 8 de mayo, sin tener en cuenta el criterio de aliados de Estados Unidos.
Rechazada a nivel nacional y foráneo, esa determinación abrió el camino al restablecimiento de las sanciones, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica, países cercanos y la propia comunidad de inteligencia estadunidense señalaron que Irán seguía respetando los compromisos del JCPOA.
Sin embargo, Washington permitió que China, India, Italia, Grecia, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Turquía siguieran comprando petróleo iraní.
Tal régimen de exención resulta similar al que Estados Unidos desarrolló de 2012 a 2015 antes del pacto nuclear entre Teherán y las seis potencias mundiales referidas.
El secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, precisó en conferencia de prensa que más de 20 países recortaron sus importaciones del combustible de Irán al reducir las compras en más de 1 millón de barriles por día.
Si tratan de evadir nuestras sanciones, vamos a tomar medidas para interrumpir sus actividades una y otra vez, expuso en el mismo espacio el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
La presión máxima ejercida por Estados Unidos no va a hacer más que aumentar, y las empresas en todo el mundo tienen que saber que aplicaremos estrictamente las regulaciones, añadió.
Así, el 1 de diciembre se produjo en la ciudad de Vancouver, Canadá, a solicitud de Estados Unidos, el arresto de Meng Wanzhou, la directora financiera del gigante tecnológico chino Huawei.
Meng, cuya liberación China demandó de manera inmediata, está acusada de supuestamente engañar a instituciones financieras para violar las sanciones impuestas contra Irán.
En esta situación, en la cual el país asiático advirtió sobre el riesgo de retroceso en los vínculos bilaterales, Canadá enfrenta las presiones de Washington para frenar la compra de equipos Huawei de la red 5G bajo el pretexto de espionaje.
Después de varios días de audiencias, Meng consiguió el 11 de diciembre la libertad bajo una fianza de 7 millones y medio de dólares y permanecerá vigilada hasta comparecer a la corte que en febrero próximo decidirá sobre la extradición a Estados Unidos.
A juicio de analistas y medios de prensa, Canadá se ve obligada a ponerse de acuerdo con Estados Unidos para determinar la suerte de Meng, aunque su canciller, Chrystia Freeland, advirtió a Washington que evite politizar el asunto.
Por su parte, Trump manifestó en una entrevista periodística que intervendría en el caso si eso favoreciera a los intereses de la seguridad nacional de su país o permitiera cerrar un acuerdo comercial con China.
Desde el verano pasado, Washington llevó adelante una guerra comercial contra Pekín, aunque 2018 cerrará en medio de una tregua de 3 meses de negociaciones hasta el venidero 1 de marzo luego de un pacto entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, alcanzado en Argentina en el contexto de la Cumbre del G-20.
Washington impuso aranceles a productos chinos por valor de 250 mil millones de dólares en diferentes momentos desde julio, y Trump amenazó con sancionar bienes por otros 267 mil millones de dólares.
La posible cifra total superaría el volumen de exportaciones de China a Estados Unidos, las cuales se situaron en 2017 en 506 mil millones de dólares.
Pekín aplicó medidas recíprocas a 60 mil millones de dólares en envíos estadunidenses, cerca de la mitad de los 130 mil millones de dólares que adquirió el mismo año.
Según el jefe de la Casa Blanca, Xi y él quieren que ocurra un convenio entre sus respectivos países, y probablemente, escribió en su cuenta personal de la red social Twitter, eso pasará.
“Pero si no se logra, recuerden que soy un hombre de aranceles. Cuando personas o países ingresen por la gran riqueza de nuestra nación, quiero que paguen por ese privilegio”, anotó.
Recalcó que esa siempre será la mejor manera de maximizar el poder económico estadunidense, y ahora su país está recibiendo miles de millones de dólares por la imposición de tarifas.
Si se puede hacer un trato justo con China, uno que haga todas las cosas que sabemos que deben hacerse, lo firmaré felizmente, subrayó el jefe de Estado estadunidense.
Estados Unidos impuso castigos a individuos y entidades de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y Rusia, aunque el presidente Donald Trump se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el jefe del Kremlin, Vladimir Putin.
Uno y otro encuentro ocurrieron en Singapur y Finlandia el 12 de junio y el 16 de julio, respectivamente, y el mundo estuvo muy pendiente a sus resultados, sobre todo del primero para el cual el mandatario estadunidense dejó a un lado su hostil retórica.
Después de la cita con Kim, el jefe de la Casa Blanca destacó que ya era inexistente una amenaza nuclear de la RPDC, y todo el mundo podía sentirse mucho más seguro que cuando asumió el cargo, el 20 de enero de 2017.
Reiteró en su cuenta de la red social Twitter que el acontecimiento en Singapur fue una experiencia interesante y muy positiva, y el país asiático tiene un gran potencial para el futuro.
“¡No más lanzamientos de cohetes, pruebas nucleares o investigación! Los rehenes están de vuelta en casa con sus familias. ¡Gracias al presidente Kim, nuestro día juntos fue histórico!”, aseveró.
La primera reunión en casi 70 años entre gobernantes de la RPDC y Estados Unidos concluyó con el consenso de trabajar por normalizar sus relaciones y desnuclearizar la península coreana, algo en lo cual Washington insiste constantemente.
En una declaración conjunta firmada por los dos interlocutores, Trump “se comprometió a proporcionar garantías de seguridad” al país asiático, mientras que Kim “reafirmó su firme e inquebrantable compromiso de completar la desnuclearización de la península”.
Asimismo, se impulsó la devolución de los restos de soldados estadunidenses fallecidos en la guerra de Corea (1950-1953), conflicto bélico que concluyó con un armisticio entre los contendientes, el cual nunca se reemplazó por un tratado de paz definitivo.
De esa forma, un avión estadunidense trasladó el 1 de agosto desde Corea del Sur hasta la base de la Fuerza Aérea de Hickam, Hawái, 55 ataúdes entregados por la RPDC, y la ceremonia de recibimiento estuvo encabezada por el vicepresidente del país, Mike Pence.
Entre varias acusaciones a lo largo de 2018, Estados Unidos culpó a Moscú en noviembre del supuesto incumplimiento de un plazo de 90 días para prohibir el uso de armas químicas y biológicas.
Tres meses antes, aplicó sanciones al país euroasiático por considerarlo responsable de organizar un ataque químico el 4 de marzo contra el exagente ruso de inteligencia Serguéi Skripal en la ciudad británica de Salisbury.
Bajo la Ley de Control de Armas Químicas y Biológicas y Eliminación de Guerra de 1991, Estados Unidos determinó que el Gobierno ruso usó armamento de ese tipo en violación de la norma internacional.
Dicha conclusión, según el Departamento de Estado, fue adoptada “ante el empleo del agente nervioso Novichok en un intento de asesinar a Serguéi Skripal y su hija Yulia Skripal”, algo continuamente negado por Moscú.
Las medidas puestas en vigor a finales de agosto incluyeron la suspensión de proyectos de cooperación técnica, la retirada de fondos para programas militares y la prohibición de la venta de artículos de esas características.
Contemplaron además la cancelación de préstamos y licencias para exportar productos y tecnología de uso civil y militar a empresas con participación estatal, entre otras represalias.
Aunque fue planificada por ambos países, Trump suspendió una reunión con Putin en Buenos Aires durante la Cumbre del G-20, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, con el pretexto de la detención por Rusia de unos provocadores barcos ucranianos.
De la misma manera que en 2017, Trump dispuso el pasado 13 de abril el lanzamiento de misiles de su país contra Siria, cuyas fuerzas armadas repelieron el ataque. “No podía haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!”, escribió el mandatario en Twitter tras agradecer a Francia y Reino Unido, que se unieron a la nación estadunidense en la agresión.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos recibieron la orden de realizar ataques de precisión contra lo que Trump denominó objetivos asociados a las capacidades de armas químicas del presidente sirio, Bashar Al-Assad. Culpó al gobierno de Al-Assad de una supuesta agresión química ocurrida una semana antes en la ciudad siria de Duma sin esperar el resultado de investigaciones pertinentes.
Por aquellos días, y bajo la justificación de seguir y analizar la situación en el país levantino, Trump canceló su participación en la VIII Cumbre de las Américas, en Perú.
En opinión de diferentes analistas, ese pasó resultó otro desprecio del mandatario hacia América Latina, región que visitó por primera vez como presidente durante el mencionado viaje a Argentina.
Más allá de tales criterios, Washington siguió con sus ataques contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, la “troika de la tiranía” como la llamó despectivamente en un discurso en Miami, Florida, el 1 de noviembre John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump.
Ese mismo día, la casi totalidad de la comunidad internacional rechazó otra vez en la Asamblea General de Naciones Unidas el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla caribeña hace más de 55 años.
Nicaragua sentirá el peso de las sanciones de Estados Unidos mientras deje sin responder a nuestros reclamos, dijo Bolton sobre la nación centroamericana, víctima de una orden ejecutiva y de la Ley de Inversión y Condicionalidad de ese país (Ley Nica), aprobada recientemente por el Congreso, con tales propósitos.
A mediados de noviembre, el diario The Washington Post divulgó que el gobierno de Trump se estaba preparando para agregar a Venezuela a su unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Sería una escalada dramática contra la administración del presidente Nicolás Maduro, estimó la publicación que citó a funcionarios sin identificar y correos electrónicos internos oficiales.
De acuerdo con el periódico, legisladores republicanos, liderados por el senador Marco Rubio, estuvieron presionando para dicha designación al citar vínculos del país suramericano con la organización libanesa Hezbollah, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos.
Públicamente y en privado, Trump ha planteado la posibilidad de una acción militar de su país contra Venezuela, aunque los asesores lo han disuadido repetidamente, afirmó el medio.
Añadió que funcionarios estadunidenses se reunieron en secreto varias veces con oficiales militares venezolanos que dijeron que estaban tramando un golpe de Estado contra Maduro.
Por otro lado, el 13 de diciembre el Senado estadunidense aprobó con 56 votos a favor y 41 en contra una resolución para el cese del apoyo militar de Estados Unidos a Arabia Saudita en la guerra en Yemen.
La iniciativa llamó a Trump a retirar en 30 días las tropas que se encuentren relacionadas con ese conflicto, a menos que estén luchando contra Al Qaeda; pero para entrar en vigor debe recibir también la luz verde de la Cámara de Representantes, que no la considerará hasta 2019, y la ratificación del jefe de la Casa Blanca.
Varios medios y analistas estimaron esta acción como muestra del interés de legisladores demócratas y republicanos en castigar a Arabia Saudita por su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
En ese sentido, los senadores aprobaron además, mediante un voto de voz, una resolución que responsabiliza al príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, por el homicidio ocurrido el 2 de octubre pasado en el consulado de ese país en Estambul, Turquía.
Washington anunció el 15 de noviembre castigos económicos, que incluyen el congelamiento de sus bienes bajo jurisdicción estadunidense, para 17 nacionales de Arabia Saudita por su presunta participación en el letal acontecimiento.
Trump afirmó que su país se mantiene como un socio fuerte de la nación árabe y que bin Salman podría haber tenido conocimiento o no sobre el asesinato de Khashoggi, crítico de la corona de su país natal y colaborador del diario The Washington Post.
Nuestra relación, en cualquier caso, es con el Reino de Arabia Saudita, apuntó en un comunicado el mandatario, quien destacó a Riad como un gran aliado en la lucha estadunidense contra Irán.
También recordó que durante su viaje a Arabia Saudita en 2017, ese país acordó gastar e invertir 450 mil millones de dólares en Estados Unidos.
Diony Sanabia/Prensa Latina
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