El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) incurrió en irregularidades administrativas y contables que entorpecieron su funcionamiento durante el año pasado, según lo encontrado en la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reportó que, gracias a su intervención, se determinaron recuperaciones por 488 mil 700 pesos para el Banjército. La mayoría corresponden a los honorarios que debió cobrar el banco y que, sin explicaciones convincentes, no lo hizo. Pero el monto no es lo que preocupó a los auditores, sino los mecanismos de control y las condiciones en que opera la institución crediticia.
En su auditoría financiera y de cumplimiento, el máximo órgano de fiscalización del país generó 12 observaciones. Cinco de ellas fueron solventadas por el Banjército antes de la integración del informe y las otras siete implicaron nueve recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
En el dictamen de la auditoría se establece que el Banjército operó con una estructura orgánica y operacional distinta a la reportada ante la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, porque no tramitó su modificación, como lo marca la normativa. Además, en todos los fideicomisos seleccionados como muestra se descubrió que se abrieron sin integrar correctamente sus expedientes legales y sin que cumplieran con todos los requisitos que marca la ley. Uno de ellos sólo tenía como “respaldo” la petición emitida “por teléfono” para que se constituyera.
Como ejemplo de las consecuencias en las finanzas de los desórdenes administrativos, la ASF determinó que del fideicomiso 10838, con un adeudo por 468 mil 200 pesos, se registró una reserva por 222 mil 500 pesos. Es decir, menor en 245 mil 700 pesos. Por su parte, en el fideicomiso 100055 se registró una cuenta por cobrar, al 31 de diciembre de 2016, por 320 mil pesos, cuando la cifra real era de 282 mil 600 pesos. Así, el error era de 37 mil 400 pesos.
En las cuentas del Banjército hay recursos por un monto de 21 mil 764 millones 788 mil 700 pesos, en 157 fideicomisos y mandatos. Del total, 34 son públicos (por 20 mil 251 millones 202 mil 400 pesos) y 123 son privados (por 1 mil 513 millones 586 mil 300 pesos).
El director del Banjérito es el general de brigada diplomado de Estado Mayor René Trujillo Miranda. Sustituyó en febrero de 2015 al otrora poderoso Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. El banco de los militares cumplió en julio pasado 70 años. Hoy cuenta con 66 sucursales en todo el país.
El Banjército es una sociedad nacional de crédito (banca de desarrollo) que tiene como objetivo prestar servicios de banca y crédito a los miembros de la tres Fuerzas Armadas Permanentes del Estado mexicano: el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Asimismo, el Banjército, “ofrece la administración de fideicomisos y mandatos a los militares y dependencias militares, asociaciones civiles y de la administración pública municipal, estatal y federal”.
Durante 2016, el Banjército erogó 17 millones 166 mil 100 pesos en la prestación de los servicios fiduciarios. De este total, 17 millones 19 mil 200 pesos se destinaron a los sueldos y prestaciones de 26 empleados. Los restantes 146 mil 900 pesos se ejercieron bajo el concepto de “gasto corriente”, es decir, materiales, suministros y servicios generales.
Para su revisión, la ASF consideró apenas 12 fideicomisos públicos, los cuales cuentan con un patrimonio de 11 mil 921 millones 95 mil 400 pesos. Se trata de una revisión al 54.8 por ciento del total de los recursos que administró el Banjército. Adicionalmente, también auditó 34 millones 744 mil 200 pesos de ingresos por honorarios fiduciarios de 75 fideicomisos (33 públicos y 42 privados).
En la revisión, los auditores encontraron que el Banjército cambió su estructura orgánica y ocupacional sin darlo a conocer, como marca la normativa, a las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por ello no coincidieron los números de plazas registradas del Banjército en ambas secretarías. La diferencia total fue de 181 funcionarios. Mientras que los registros de la SHCP señalan que trabajan en el Banjército 1 mil 766 personas (328 de mando y 1 mil 438 operativos), la SFP sólo contempla 1 mil 585 (297 de mando y 1 mil 288 operativos).
La irregularidad no es menor. Generó la primera recomendación de la ASF para que “en lo subsecuente realice oportunamente el registro de su estructura orgánica y ocupacional”. Y emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria “para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron oportunamente el proceso de formalización del registro de la estructura orgánica ante la Secretaría de la Función Pública”.
Los 12 fideicomisos revisados por la ASF se constituyeron sin haber cumplido todos los requisitos ni haber presentado todos los documentos que señala la ley. Entre los faltantes se encuentran los comprobantes de domicilio, antecedentes, no señalan el giro mercantil y, entre otros, no se cuentan con las identificaciones de los apoderados.
Destaca el caso del fideicomiso 108627, “que se constituyó por instrucciones telefónicas, sin seguir ninguna formalidad”, señala a Auditoría en su informe.
Estas irregularidades generaron dos recomendaciones de la ASF. La primera para que, en lo subsecuente, el Banjército aplique “los mecanismos de control, con objeto de que […] los expedientes de los fideicomisos se integren con los documentos establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración y Control de las Operaciones Fiduciarias”.
La segunda, para que la misma institución especifique claramente en su normativa las excepciones en el proceso de integración de los expedientes.
Estas irregularidades también generaron una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que en su gestión no integraron correctamente los expedientes.
Las carencias más importantes se encuentran en los fideicomisos 108641 y 108643, de los cuales no hay evidencia de que se haya llevado a cabo una entrevista personal con el cliente; el 108641 carece de los cuadernillos de las reuniones de su comité.
La ASF también analizó los dos convenios de extinción de los fideicomisos 108627 y 108632. Encontró que no hay documentos que acrediten el cierre de operaciones de dichos fideicomisos. Tampoco se cuenta con las respectivas certificaciones de no adeudo ni con los acuses de recibido de la documentación original por parte del fideicomitente.
Por tales faltantes la ASF emitió una recomendación y generó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
El Bajército sumó, en 2016, 34 millones 744 mil 200 pesos de ingresos por honorarios fiduciarios. Se obtuvieron de 157 negocios fiduciarios operados en ese año. Tales operaciones se derivaron de los 75 fideicomisos públicos y privados que administra.
La ASF encontró que en 81 negocios fiduciarios de carácter privado (por 135 millones 610 mil 900 pesos), el Banjército no realizó el cobro de honorarios. Y no pudo comprobar a los auditores que los fideicomisos involucrados estuvieran exentos de ese cobro. Es decir, que se trataran de contratos celebrados con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina (Semar).
Esta situación generó dos recomendaciones de la ASF para que el Banjército “fortalezca los mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, el cobro de honorarios fiduciarios de los fideicomisos privados se efectúe conforme a la normativa” y para que la institución garantice “que las autorizaciones emitidas por los funcionarios de la entidad, por la condonación de adeudos, se realicen por escrito y estén debidamente fundamentadas, a efecto de contar con la documentación que justifique la falta de cobro de honorarios fiduciarios”.
La irregularidad fue motivo de una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no cobraron honorarios fiduciarios durante 2016, de 78 fideicomisos privados, con un patrimonio registrado en cuentas de orden, por 99 millones 731 mil 900 pesos”.
También el Banjército incurrió en “probable daño o perjuicio o ambos” por un monto de 18 mil 551 pesos, “por no recuperar lo montos correspondientes a la actualización de los honorarios fiduciarios de dos fidecomisos públicos”. Por esta irregularidad, la ASF emitió una recomendación y un pliego de observaciones.
Otra de las irregularidades –que también generó una recomendación y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria– está constituida por las omisiones que llevaron a registrar una menor reserva de recursos de la real.
Y es que los servidores públicos responsables registraron sólo 225 mil 500 pesos, monto menor en 245 mil 700 al que debió registrarse, “ya que el adeudo del fideicomiso 108638, mayor de 90 días es por 468 mil 200 pesos; del fideicomiso 100055 registraron al 31 de diciembre de 2016 un adeudo mayor en 282 mil 600 pesos, que la deuda real, por 37 mil 400 pesos; asimismo, omitieron el registro de ingresos del fideicomiso 108632, por 29 mil 200 pesos”.
El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) contó al 31 de diciembre de 2016, con un patrimonio de 7 mil 84 millones 414 mil 500 pesos. El monto se integraba por 3 mil 195 millones 835 mil 400 pesos de anticipos a proyectos y programas, y por 3 mil 888 millones 579 mil 100 pesos de disponibles.
Durante ese año reportó 58 proyectos de carácter multianual. Ocho de ellos están en litigio por incumplimiento de los proveedores.
La ASF detectó que este Fideicomiso opera con un contrato que data del 22 de agosto de 2007, “actualizado” el 31 de marzo de 2011. Pero no contaba con reglas específicas que regulen las operaciones administrativas de control operación y supervisión.
Tampoco estaban definidas “las facultades de autorización y aprobación del Comité Técnico, las condiciones para la transparencia y rendición de cuentas y las acciones para la defensa del patrimonio, en caso de presentarse una contingencia”.
Estas y otras irregularidades señaladas por la ASF con respecto de este fideicomiso, motivaron que el 5 de julio pasado se celebrara la Sesión Extraordinaria 41 del Comité Técnico para aprobar modificaciones a las reglas de operación.
Entre estas modificaciones se encuentran: “la inclusión normativa que regula la operación del fideicomiso; lo métodos de supervisión por seguir para regular los pagos, las aportaciones al fideicomiso y la administración de los bienes; la documentación que deberá integrarse en la carpeta de casos que se presentará al comité; las facultades de autorización y aprobación del comité técnico; las condiciones para a transparencia y rendición de cuentas y para la modificación o reprogramación de las sesiones del comité”.
Prácticamente, la intervención de la ASF puso fin a una operación irregular vigente por años en el FAPEM. Luego de las modificaciones, la Auditoría dio por solventado lo observado.
Contralínea solicitó entrevista con el director general del Banjército, René Tujillo Figueroa, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta. Las gestiones se realizaron ante la oficina del secretario particular Eric Díaz Figueroa, y ante la Coordinación de Comunicación de la Sedena, a cargo del general Marco Antonio Álvarez Reyes.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
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