La guerra convencional pasó a segundo plano. Ahora se contratan civiles con preparación militar que intervienen en conflictos, desestabilizan países, resguardan trasnacionales o entrenan tropas especiales. En América Latina, ONG ligadas al gobierno de Estados Unidos también hacen trabajo sucio

La Habana, Cuba. Estados y empresas trasnacionales acuden de manera creciente a la contratación de civiles entrenados para la guerra, la contrainsurgencia y el sabotaje, advierte la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, la mexicana Ana Esther Ceceña.

Dedicada durante años el estudio del tema, la doctora en relaciones económicas internacionales y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México comparte sus evaluaciones con Prensa Latina, en entrevista exclusiva.

Según la investigadora, actividades militares que en principio son tareas del Estado adquirieron nuevas características, asociadas a la subcontratación de fuerzas privadas, más versátiles, atomizadas y sin obligación de rendir cuentas como las tropas regulares.

 “Ese fenómeno se ha consolidado y habría que preguntarse si a escala internacional asistimos a la pérdida de vínculos con los asideros éticos que en principio deberían tener las fuerzas públicas destinadas a la defensa de las sociedades”, aconseja.

Desde hace años, señala, la llamada guerra convencional –en el sentido de un Estado contra otro– pasó a segundo plano, para dar cabida a supuestos ataques de grupos inconformes contra poblaciones a veces indefensas o contra otros descontentos.

Agrupaciones de civiles con preparación militar son contratadas para intervenir en distintos conflictos, crear desestabilización interna en cualquier país, resguardar los intereses de grandes compañías e, incluso, entrenar a tropas especiales de los ejércitos, reseña.

“Se trata de fuerzas más versátiles, carentes de adscripción fija, pero que responden a los intereses del capital sin importar la figura bajo la cual éste se presente.”

No obstante, desde el Pentágono estudian cómo regresar a la guerra convencional ante la aparición de coaliciones contra-hegemónicas lideradas por Rusia y China, pues se trata de poderes estatales que de algún modo confrontan o al menos rechazan las políticas hegemónicas y avanzan en terrenos donde antes Estados Unidos ejercía el dominio absoluto, sostiene Ceceña.

Esto hace pensar en el desarrollo de la guerra en dos planos simultáneos, “yo diría una por debajo y otra por encima, porque la guerra irregular es bastante más corrosiva y la convencional más de confrontación abierta, incluso más intimidatoria”, pronostica.

América Latina, en la mira

A juicio de Ceceña, Estados Unidos tratará de buscar el máximo acatamiento a sus políticas dentro de América Latina y el Caribe, pues necesita ese soporte para confrontar a la coalición euroasiática.

Históricamente, Washington precisó de los recursos de la región para librar guerras en otros lados del planeta; “si eso siempre fue cierto, ahora que se empieza a formar ese otro polo, es mucho más cierto que antes”, afirma.

Para los objetivos estadunidenses, refiere, resultan convenientes figuras como Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, y el mandatario argentino Mauricio Macri, pues representan la vuelta al autoritarismo y las prácticas neoliberales en Suramérica.

Al decir de la profesora, regímenes autoritarios vuelven a instaurarse, pero esta vez por la vía electoral, apoyados en “mecanismos de guerra que también trabajan en el terreno de la creación de sentidos, de conceptos de realidad, de la inoculación cultural y las dinámicas de fascinación frente a algunas cosas que tienen implícitos cambios de modo de vida”.

Más allá de aciertos y errores propios, gobiernos progresistas en América Latina perdieron la posibilidad de continuar porque fueron penetrados por proyectos de derecha, unidos a “una política concertada, deliberada e incluso paciente de ir minando y corroyendo”, hasta crear condiciones para su caída, analiza la investigadora.

Resulta muy curioso, dice con fina ironía, que todos sean perseguidos judicialmente. “Se utilizó el campo jurídico para armar las condiciones de corrosión de esos gobiernos y esto combina con un problema cultural de larga data: la corrupción, algo casi consustancial en esos países y globalmente”.

Los poderes reales estructurados por el sistema capitalista en 500 años no se derrotan con unas elecciones ni con marchas. “Las fuerzas del capital tienen mentalidad estratégica, centros de elaboración de ese pensamiento, planes de largo plazo”, insiste.

En la más reciente oleada de gobiernos progresistas en la región, sopesa, quizás el caso más interesante es el de Venezuela con Hugo Chávez al frente, pues “él tenía esa cualidad de tener un pensamiento estratégico muy desarrollado y claro”.

Eso le llevó a apostar por políticas que en el corto plazo quizás se veían muy tímidas, pero que en el mediano plazo iban creando condiciones para una transformación un poco más adelante, sostiene la estudiosa.

La creación de las comunas, ilustra, era para algunos una pérdida de tiempo y recursos, pero Chávez insistía en seguir apoyándolas, y hoy son las economías comunales una de las defensas del proceso popular en esa nación suramericana.

Al decir de la doctora, hay maneras de combinar las medidas de corto plazo con otros tipos de políticas y desarrollos en la sociedad, a los cuales se les puede sentar simplemente las condiciones y dejar que sigan solos para que un proyecto progresista no sea reversible al grado de lo sucedido en Ecuador.

Presencia del Comando Sur

Las bases militares en América Latina y el Caribe aumentaron en estos años del siglo XXI, así como los llamados centros de operaciones especiales, consistentes en pequeños establecimientos donde imparten entrenamiento específico a las fuerzas de seguridad de países del área.

 “Todos esos centros los montó el Comando Sur de Estados Unidos en convivencia con los gobiernos de cada lugar. En Perú establecieron 15, por un costo de 45 millones de dólares, y prevén instalar otros dos en poco tiempo”, expone Ceceña.

Los centros de operaciones especiales, advierte, están en todas las zonas importantes de la región o por su riqueza natural, la posición geográfica estratégica, el control de revueltas o la existencia de frontera con Estados del interés de Washington.

En Brasil, prosigue, están cediendo la base de Alcántara a los estadunidenses y pusieron la de Tabatinga, en la triple frontera con Perú y Colombia, para recibir los éxodos de venezolanos, pero desde ahí podrían armar una intervención militar con supuesto carácter humanitario.

Además, el gigante suramericano dispone de sus propias fuerzas armadas y de seguridad, y bajo la presidencia de Bolsonaro lo más previsible es que crezcan las tensiones en la frontera con Venezuela, aprecia.

Para la estudiosa, el reordenamiento del Comando Sur durante los años recientes responde al interés de la Casa Blanca de eliminar, o al menos neutralizar, a los gobiernos considerados contra-hegemónicos y al mismo tiempo asegurar el acceso a las riquezas naturales de América Latina.

Desde la visión del Comando, puntualiza, lo que se calcula es el control del territorio; ello explica el incremento de la militarización en la región amazónica hacia la cuenca del Caribe, pasando por el canal de Panamá, pues entre otras cosas incluye a Venezuela e importantes reservas de petróleo, agua, oro, coltán y otros recursos.

La otra zona en extremo militarizada es la cuenca del Gran Caribe. “Pequeñas islas, que a veces parecen insignificantes en los mapas, son muy importantes para Estados Unidos, pues desde ahí puede mantener la supervisión”, explica.

A partir de sus estudios, la analista asegura que en América Latina hay en estos momentos una nación “en riesgo por todos lados”, Bolivia, absolutamente cercada como nunca antes por instalaciones del Comando Sur.

La amenaza, abunda, puede verse en dos sentidos básicos: el territorio boliviano posee vastas y apetecibles riquezas naturales y es el único Estado, aparte de Venezuela, que mantiene un proyecto diferente al neoliberalismo en América del Sur.

Contra Bolivia, denuncia, “están empleando lo que yo llamo una política corrosiva, de acercamiento a la sociedad civil para introducir o potenciar problemas en las poblaciones”, aunque les cuesta trabajo avanzar por la estabilidad y el éxito económico del gobierno de Evo Morales.

En esa labor subversiva han participado algunas organizaciones no gubernamentales, cuyo financiamiento procede de fundaciones estadunidenses o directamente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida por sus siglas en inglés: Usaid, afirma.

Dentro de Latinoamérica en general, indica Ceceña, hay organizaciones no gubernamentales con fines subversivos instaladas hace bastante tiempo; unas veces se presentan como de rescate de la cultura indígena, ambientalistas, guardianes de semillas y de otras muchas maneras.

Por momentos asumen una acción más militante para enfrentar a los gobiernos, pero “son pacientes, se toman su tiempo, hacen arraigo en los territorios, en las poblaciones de ahí, y ya después empiezan a plantear críticas”.

El escenario por delante es complejo, pero “las derechas no podrán disciplinar a toda Latinoamérica y el Caribe, más cuando ello implica depredación, precarización, avasallamiento material y físico de millones de personas”, resume la doctora. María Julia Mayoral/Prensa Latina

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