La Paz, Bolivia. En un año de inéditas elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales, paso previo a los comicios generales, Bolivia encara la continuidad de los cambios con énfasis en el beneficio social o el retorno a los perjuicios del neoliberalismo.
“A cambio de lo que tenemos ahora nos están ofreciendo un muerto”, advirtió Edgar Ramírez, director del Sistema Nacional de Archivos de la Confederación Minera de Bolivia y exdirigente sindical al presentar el libro América Latina en la geopolítica del imperialismo, de Atilio Borón.
Un informe conclusivo de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización durante los 20 años de gobiernos neoliberales, aprobado recientemente por los legisladores, confirmó con datos fehacientes la advertencia de Ramírez.
La pesquisa identificó que el expresidente Gonzalo Sánchez de Losada, Samuel Doria Medina –actual jefe de la opositora Unidad Nacional– y Raúl Garáfulic articularon un proceso que operaba a nivel político, empresarial y mediático, el cual provocó un daño económico al Estado superior a los 22 mil 50 millones de dólares.
El documento menciona con nombre y apellidos a 55 personas que se enriquecieron con la privatización, entre quienes resaltan los presidentes Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Bánzer y Jorge (Tuto) Quiroga.
Agrega el texto que todos los identificados en la investigación de la comisión legislativa militaron en algún partido de los que hoy se oponen al proceso de cambios liderado por el mandatario Evo Morales, como el Movimiento Nacional Revolucionario, Acción Democrática Nacionalista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Romina Pérez, diputada del gobernante Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, denunció que en esa etapa las autoridades de un gobierno “pasaban a ser empleados de las empresas capitalizadas, y cuando concluían sus servicios volvían a la administración pública como si nada”.
Para llevar adelante las privatizaciones con los recortes sociales correspondientes, entre 1985 y 2005, los gobiernos neoliberales impusieron normas básicas como la Ley 1182 de Inversiones (17 de septiembre de 1990), la 1330 de Privatización (24 de abril de 1992) y la 1544 de Capitalización (21 de marzo de 1994).
Como resultado, en esos 20 años el monto de pérdidas del Estado por la enajenación de las empresas públicas y de los recursos naturales alcanzó un estimado de 22 mil 51 millones de dólares.
El sector empresarial de los departamentos, en tanto, sufrió perjuicios superiores a los 27 millones de la moneda estadunidense.
Desde el punto de vista de las finanzas internacionales, en esa etapa Bolivia se hundió en un endeudamiento insostenible.
Las estadísticas demuestran que ya en 1996 la deuda externa del país era de cuatro mil 644 millones de dólares, equivalente a 62.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), y una tendencia decreciente de la obtención de ingresos por las exportaciones, mientras que paralelamente se registraba un auge de las importaciones y el incremento permanente de la deuda externa.
En los inicios del siglo XXI, Bolivia permanecía como uno de los países más empobrecidos de la región, figuraba entre los menos competitivos y altamente endeudados.
Para 2005, el 61 por ciento de la población (5.7 millones de personas) clasificaban como pobres.
Para las elecciones generales de 2019, en octubre, el binomio del MAS-IPSP, integrado por el mandatario Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, cuenta con un fuerte apoyo de los sectores populares del país, que respaldan la amplia ejecutoria social realizada.
“Es con Evo que lo que no se pudo hacer en 70 años lo hemos hecho ahora”, aseguró el vicetitular en una reciente intervención televisiva.
Sólo a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple se ejecutaron entre 2007 y julio de 2018 un total de 8 mil 797 obras en las áreas de educación, deportes, vial, productiva, de saneamiento básico y riego, así como en infraestructuras sociales y de salud.
Con la nacionalización de los hidrocarburos y otros recursos naturales, el crecimiento de las exportaciones, la redistribución de la riqueza y el desarrollo del mercado interno el país ocupa desde hace un sexenio el primer lugar del crecimiento económico en América Latina.
La proyección de la Cepal para 2019 prevé que prevalezca esa primacía con 4.3 por ciento de crecimiento (el Fondo Monetario Internacional incrementó ese indicador a 4.5 puntos porcentuales en su pronóstico).
El producto interno bruto de Bolivia era de 9 mil 574 millones de dólares en 2005, y en 2018 cerró en más de 40 mil millones de esa moneda, mientras que en esos 12 meses la tasa de crecimiento económico del Estado plurinacional fue del 4.7 por ciento, uno de los más altos del continente, según datos de la Cepal.
En casi 13 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, los depósitos bancarios crecieron de 29 mil 245 millones de bolivianos (4 mil 223 millones de dólares) a 174 mil 953 millones de bolivianos (25 mil 265 millones de dólares).
Las reservas internacionales del país llegaron a los 10 mil millones de dólares, según informó el propio Morales en el mitin en que miles de cochabambinos proclamaron el 19 de enero su candidatura y la de García Linera.
Paralelamente, el proceso de cambios que impulsa el MAS-IPSP incluye la industrialización del país, que ya logró incrementar las reservas de hidrocarburos a 10.7 trillones de pies cúbicos (TFC), lo cual representa un valor de 70 mil millones de dólares.
Con la producción de etanol, Bolivia generó 27 mil nuevos empleos y esta producción recibió una inversión privada de 1 mil 600 millones de dólares al tiempo que redujo la subvención en 143.2 millones de bolivianos (unos 20 millones 680 mil dólares).
De esta forma, la corporación Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos prevé ingresar este año 358 millones más de la moneda nacional del país andino-amazónico.
Otro rubro en el cual Bolivia avanza como parte de su industrialización es el del litio, en el cual desarrolla piscinas de captación para producir cloruro de potasio y carbonato de litio.
Con reservas de este último mineral estimadas en más de 10 millones de toneladas, el país suramericano posee el mayor potencial del mundo, y esta realidad atrae capitales de poderosas firmas extranjeras.
La empresa mixta boliviana-alemana del salar de Uyuni cuenta con un capital de 1 mil 200 millones de dólares, mientras que la inversión conjunta Coipasa-Pastos Grandes está valorada en 2 mil 300 millones de la moneda estadunidense.
Fieles a toda una filosofía milenaria del cuidado de la Madre Tierra, las actuales autoridades bolivianas pese a poseer un gran potencial de hidrocarburos, avanzan también en la ejecución de proyectos con fuentes renovables como los de generación de energía solar, geotérmica, eólica e hidroeléctrica.
Otra área beneficiada en los casi 13 años del proceso de cambios es la agricultura, que al cierre de 2018 acumuló un producto interno bruto de 1 mil 856 millones 829 bolivianos (unos 268 millones de dólares).
Toda esta gestión económica benefició incluso al sector privado, que en diciembre del año pasado incrementó sus ganancias en 29 mil 392 millones de bolivianos (4 mil 244 millones de dólares).
De manera contrastante con la situación imperante durante las dos décadas de neoliberalismo, cuando la deuda externa del país llegó a significar el 73 por ciento del PIB (2005), al final de 2018 este indicador representó solo el 24 por ciento.
El exministro de Economía Luis Arce explicó que hoy el Estado Plurinacional es el cuarto país menos endeudado de la región, mientras que en 2005 llegó a ser el tercero con mayor débito en relación con el PIB.
Al margen de los datos cuantitativos, resulta otro logro innegable del gobierno del primer mandatario indígena el reconocimiento por parte del pueblo de la recuperación de la autoestima, la dignidad y el orgullo nacional.
En este contexto, cada día se hace más visible el favoritismo del binomio Morales-García Linera para ganar los comicios de octubre, y los esfuerzos de la oposición con el respaldo de Estados Unidos, que tratan de vetar por cualquier vía la candidatura de los aspirantes del MAS-IPSP.
La disyuntiva de los bolivianos en 2019 está clara: la continuidad del proceso democrático encabezado por Evo Morales y la revolución cultural que el MAS-IPSP promueven, o regresar a un pasado de robo y pobreza creciente.
Jorge Petinaud Martínez/Prensa Latina
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