El control de armas en Estados Unidos es un debate que escapa a la racionalidad y al sentido común, reflexiona el maestro Virgilio Muñoz Alberich, quien advierte que ante hechos como el ocurrido en Las Vegas (y otro más ocurrido el domingo pasado en una iglesia de Texas), los focos de atención dan cuenta de la inacción del Congreso y la influencia política de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
La masacre del domingo 1 de octubre en Las Vegas registró la mayor matanza a tiros en la historia de Estados Unidos, cuando el millonario Stephen Paddock de 64 años disparó una lluvia de balas contra 22 mil personas que asistían al festival de música country Route 91 Harvest, con saldo de 58 personas muertas y 487 heridas.
El último acto de violencia masiva en Estados Unidos ocurrió apenas el pasado domingo 5 de noviembre, cuando un joven de 26 años disparó en contra de una multitud de fieles en una iglesia de Texas y mató a por lo menos 26 personas.
Al respecto, el académico subraya que la respuesta institucional a los más de mil 500 tiroteos masivos ocurridos en ese país desde finales de 2012, ha sido la inercia en las disposiciones que regulan la compra, portación y restricción de armamento de asalto.
En su análisis El control de armas y los dilemas de la opinión pública publicado en septiembre de 2017 por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), advierte que existe un elemento que suele pasar de lado en el debate y explica los obstáculos en la construcción de acuerdos políticos sobre el control de armas en Estados Unidos: el perfil de la opinión pública norteamericana.
Muñoz Alberich refiere el estudio de opinión pública “America’s Complex Relationship With Guns”, del Pew Research Center, que retrata la percepción de los estadounidenses y el mercado de armas e ilustra del porqué una sociedad que le resulta natural la posesión y uso de armamento, es en sí misma un obstáculo a vencer en la construcción de acuerdos políticos sobre el control de armas.
“Más aún –destaca el catedrático-, en un sistema de representación donde los legisladores tienen fuertes incentivos para estar alineados con el parecer de sus votantes”.
El estudio revela que 72 por ciento de los adultos estadounidenses está a favor de que casi toda persona posea un arma legal, 61 por ciento de garantizar la disponibilidad de casi todos los tipos de armamento y 56 por ciento de que pueda ser portado en la mayoría de los lugares.
Asimismo, señala que el 70 por ciento de los mayores de edad ha disparado con arma de fuego por lo menos una vez en su vida; el 74 por ciento de poseedores de armas y 35 por ciento de los adultos sin armas, afirman que el derecho a poseerlas es esencial para su libertad.
El 73 por ciento de los dueños de armamento no se conciben en el futuro sin armas en su poder y una leve mayoría de adultos estadounidenses (52 por ciento) se pronuncia a favor de leyes de control de armas más estrictas.
El documento del Pew Research Center indica que poco menos de la mitad de los adultos señala que hacer más difícil el acceso legal a armamento tendrá como consecuencia menos tiroteos masivos y 13 por ciento que cualquier restricción adicional llevará a mayores tiroteos masivos.
Muñoz Alberich, experto en seguridad nacional, explica que el Congreso de Estados Unidos ha fallado por años en un liderazgo político para endurecer el control de armas, “así derive de la construcción de una estrecha mayoría bipartidista, lo cierto también es que su falta de voluntad está alineada con la voz de sus votantes.
“Al tiempo que los electores republicanos son reacios a medidas que dificulten el acceso y portación de armamento –muchos de ellos inclusive ven positivo que maestros se armen en las escuelas y una mayor cantidad de personas adquieran armamento, como vía para incrementar la seguridad de sus espacios públicos–, del lado de los simpatizantes del partido demócrata los consensos a favor de mayores controles tampoco se encuentran bien definidos”, subraya.
En ese sentido, apunta que por el perfil de la opinión pública descrito es más entendible que Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, enfatice la matanza de Las Vegas como un problema de salud mental y no de control de armas.
Asunto público la salud mental -dice el experto– que por cierto es uno de los escasos puntos de acuerdo entre demócratas y republicanos, como causal para restringir el acceso a armamento según el mismo estudio del Pew Research Center. Factor que no garantiza por sí mismo una solución integral a los tiroteos masivos.
Para el doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva, la matanza de las Vegas sí es un caso de problemas de carácter mental de quienes llevan a cabo este tipo de actos, por lo que plantea que debe haber examen médico para minimizar este tipo de eventos.
“Creo que en Estados Unidos debería haber controles de carácter psiquiátrico para la venta de armas, pues ha generado tragedias como la de Las Vegas (y ahora Texas), a las que sin embargo ya están acostumbrados en ese país.
Explica que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ha generado que la adquisición de armas de cualquier calibre se haga sin mayores revisiones de antecedentes, sin controles, lo cual hace que cualquier persona pueda tener el armamento que quiera sin límite de calibres, como un asunto aparentemente normal
Autor del libro El Derecho de armarse, Villanueva explica que la industria de las armas en Estados Unidos, con una producción anual de más de 100 millones de artefactos para defensa personal y militar, deja cada año ganancias superiores a los 1 mil millones de dólares.
Actualmente, dice el investigador de la UNAM, en EU hay aproximadamente 310 millones de armas en manos de civiles, lo que hace que cada día se incremente la posibilidad de que haya más homicidios, matanzas masivas o suicidios al tener a la mano estos artefactos.
Sin embargo, acota que en ese país hay estados con más restricciones que otros en el uso de armas, como Nueva York y Nueva Jersey, que registran más delitos que Texas donde hay mayor número de armas en manos de ciudadanos.
Virgilio Muñoz Alberich señala que a pesar de que el círculo rojo y los medios de comunicación condenan la amplia red de cabildeo construida por la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso de Estados Unidos, a las horas de la matanza en Las Vegas el Washington Post publicó una relación de legisladores en funciones que han sido beneficiarios con la distribución de 3.5 millones de dólares.
El especialista estima que es difícil restringir la capacidad del cabildeo que pone una sombra de duda sobre la labor legislativa, “cuando 40 por ciento de los adultos consideran que la Asociación Nacional del Rifle tiene el nivel correcto de influencia sobre el Congreso y un 15 por ciento adicional opina que su injerencia es menor”.
Además, subraya que a lo anterior se suma que el presidente Donald Trump tiene pocos incentivos para disponer de capital político en el ánimo de endurecer el control de armas, dado que ello no le garantiza un mayor respaldo de votantes y le arriesga a perder su propia base electoral –de ahí su énfasis en la acción reactiva de la policía para inhabilitar al tirador solitario de Las Vegas y no en la regulación preventiva necesaria–.
“Así como el conjunto de legisladores que por el perfil de sus votantes ni siquiera se vieron motivados a promover una reforma en la materia después de que, en junio pasado, una veintena de representantes republicanos fueran baleados en una práctica de béisbol”, agrega.
En Estados Unidos las muertes por armas de fuego son tantas como las defunciones a causa de accidentes automovilísticos. Según datos de la principal fuerza policiaca en Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation (FBI), en 2014 se registraron 11 mil 961 muertes vinculadas al uso de armas, explica Muñoz Alberich.
El especialista concluye que todo ello hace previsible que no se verá en el mediano plazo una legislación que endurezca la compra y posesión de armas. “Este es un caso que muestra con total claridad la importancia del perfil de la opinión pública en la definición de las políticas de seguridad”.
El doctor Ernesto Villanueva señala que en Méxic el uso de armas es un asunto controversial, pues mientras el Artículo 10° constitucional sostiene el derecho a poseer armas para la legitima defensa, “habitualmente se entiende ilícita dicha práctica por las restricciones que establece la ley reglamentaria; pese a lo anterior, en México mueren 122 personas por cada millón de habitantes a causa del tráfico ilegal de armas”, apunta.
En México opera exactamente lo contrario de la Segunda Enmienda de Estados Unidos, que se vio reflejada en el artículo décimo de la Constitución de 1857, incluso más protegido, porque expresa el derecho de los habitantes a poseer y eventualmente a portar armas para su legítima defensa, lo cual también se contempla en la Constitución de 1917.
Sin embargo, la ley reglamentaria del 10 constitucional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es contradictoria, porque establece restricciones como el calibre menor a .9 milímetros, cuando la idea de tener un arma de fuego, pues es que tenga capacidad de contención frente a un eventual agresor.
Otro obstáculo en México, dice el catedrático de la UNAM, es que una vez obtenido el permiso de portación, se tiene que estar sometiendo cada año a revisión, es una ley muy estricta que contradice el 10 constitucional y prácticamente no permite el uso de amas por los ciudadanos y los deja a disposición de policías vinculados con el crimen organizado, que se nutre de armamento de exagentes de las fuerzas del orden, lo cual coloca en un estado de indefensión a la sociedad.
Aclara que eso no significa que la posesión de armas sea la solución al problema de la violencia en México, pero sí vulnera el derecho humano de los ciudadanos a poseer armas para su legítima defensa.
En México hay 350 mil armas en posesión de igual número de habitantes y en portación hay no más de 20 mil permisos, lo cual considera que es muy poco comparado con Estados Unidos. Mientras que la cifra negra es de una proporción de 3 a 4, porque la mayor parte de la gente que tiene arma en su casa desconfía en las autoridades y por tanto no la registra.
Sin embargo, sostiene que si bien en México estamos diametralmente al lado opuesto al del vecino país, el tener tantas restricciones en el uso de armas ha generado que entre la sociedad, incluyendo el crimen organizado, no haya control alguno y la Sedena, como no sabe si ya está registrada una arma, no tiene un mecanismo de comparabilidad ni sabría si una arma determinada se usó o no en un delito.
Ernesto Villanueva reivindica el derecho de los mexicanos a poseer armas. “En México el derecho de posesión y portación de armas de fuego es un derecho humano protegido por el artículo 10 de la Constitución. Sin embargo, este derecho fundamental es el hermano incómodo de los derechos humanos por su incomprensión, por prejuicios y por conveniencias políticas”.
Refiere que con un proceso de inseguridad en crecimiento, con más de 150 mil muertos en una guerra que el gobierno ha convertido en una espiral de violencia, no se debe omitir la discusión de cómo las personas de a pie pueden hacer algo para defender su vida, la de los suyos y su patrimonio en el marco de la Constitución.
Mario D. Camarillo Cortés, catedrático de la UNAM, señala que de acuerdo con cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y de organizaciones de salud estadunidenses, de los 33 mil decesos anuales registrados con armas de fuego en Estados Unidos, más de 20 mil son suicidios, de los cuales 16 mil involucran a varones y 4 mil a mujeres.
Reportes publicados cada año para evaluar las tendencias sobre muertes por armas de fuego, refieren que el primer dato sorprendente es que, aunque los medios de comunicación se centran siempre en los casos de tiroteos, terrorismo o violencia policial, lo cierto es que la mayor parte de los fallecimientos no son otra cosa que suicidios.
El articulista de La Crónica indica que los periódicos The New York Times y The Washington Post refieren que de acuerdo con un estudio de 2016 de la CDC, el suicidio en EU se ubicó como la décima causa de muerte en el país, con más de medio millón de decesos durante los años 2001 y 2015.
José Réyez
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