Negarse a desviar más de 750 mil millones de pesos del presupuesto público le ha costado estar más 70 veces en el hospital por golpes; además del acoso, hostigamiento y amenazas de muerte que ha sufrido. Lilia Cortés García, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) vive perseguida desde hace 15 años. Este caso ha involucrado a diversos personajes del Poder Ejecutivo federal, entre los que se encuentra el actual candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, según dice.
La exfuncionaria de hacienda dio aviso el pasado viernes 27 de abril al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal “han sido omisas” en notificar en tiempo y forma la existencia de una carpeta de investigación penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), de José Antonio Meade Kuribreña, fechada el 24 de febrero de 2017.
Como antecedente, el 21 de febrero de 2017, Lilia Cortés informó a Raúl Cervantes, titular de la PGR sobre la carpeta de investigación donde se solicita se inicie un proceso de destitución del entonces secretario de Hacienda por los delitos de “abuso de autoridad, desacato de manera reincidente y flagrante violación de derechos y garantías individuales”.
Meade Kuribreña ocupó el cargo de secretario de Hacienda del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017, y al igual que sus antecesores, omitieron la denuncia que la exfuncionaria había interpuesto ante las autoridades federales; así como el litigio laboral y la persecución que vive desde que se negó a desviar recursos millonarios del erario.
Los ataques contra Cortés García iniciaron en julio de 2002, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma del Reglamento Interior de la SHCP, donde desaparecen las cuatro Direcciones Generales de Programación y Presupuesto y son creadas sólo dos: la Dirección General de Programación y Presupuesto A y B.
La funcionaria explica que en ellas se aglutinaron las facultades y atribuciones para controlar y administrar el ciento por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Dicha reforma fue redactada por Max Alberto Diener Sala, actual procurador fiscal de la Federación.
En la modificación “se omitió dolosamente dotar de estructura, manual especifico de funciones, recursos humanos, recursos materiales y financieros a las dos Direcciones que crearon con el propósito de manejar discrecionalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, funcionando en el limbo normativo y sin legalidad alguna desde ese momento”, dice.
En entrevista con Contralínea, expone que en 2002, a través de esas dos direcciones se generó un vacío legal, el cual denunció porque no había normatividad ni control fiscal de los recursos federales del Presupuesto, autorizado por la Cámara de Diputados hacia los estados y hacia todas las entidades públicas.
“Denuncio penalmente esta situación de irregularidades. La doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, gente cercana a José Francisco Gil Díaz [entonces secretario de Hacienda], me pide que haga transferencias irregulares por 750 mil millones de pesos y esta negativa me ha llegado a cambiar mi vida”, expone. De las 70 veces que ha parado en el hospital, unas 45 han sido por fracturas.
En el expediente 1418/03, turnado a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la doctora en derecho con más de 20 años en el servicio público, hasta el momento de su cese, indica que Cecilia Barra y Gómez Ortigoza fue nombrada por Gil Díaz como la nueva directora general de Programación y Presupuesto A.
Es Cecilia Barra y Gómez Ortigoza quien cesa a Lilia Cortés García el 15 de noviembre de 2002, “como represalia por haber denunciado la corrupción e impunidad con la que estaban manipulando los recursos federales y negarse a trasferir 750 mil millones de pesos a ramos y partidas diferentes a las autorizadas por el Congreso de la Unión bajo amenaza de muerte”, expone.
Es entonces que Lilia Cortés García interpone el juicio laboral 1418/03, donde se probó que el despido fue injustificado; así como y la violación de sus granitas y derechos constitucionales.
En el litigio, Raúl Arenzana, director de Recursos Humanos de la Subsecretaria de Egresos, y Arturo Sosa Viderique, director General Técnico Administrativo de la Subsecretaría de Egresos, ratifican que Lilia Cortes “no contaba con ningún medio material, humano, económico, ni de representación para realizar las actividades propias de su empleo, siendo además privada de los derechos y garantías constitucionales en sentido lato sensu, ya que entre otros ultrajes se le impedía con uso de la fuerza pública el ingreso y tránsito en el edificio de la Subsecretaria de Egresos, por lo que era materialmente imposible que desempeñar sus funciones”.
Cortés García acusa las vejaciones de las cuales fue objeto ante 47 instancias normativas nacionales y nueve internacionales por el despido injustificado. El 11 de octubre de 2005, la Primera Sala del TFCA, emitió el primer laudo a favor de la doctora en derecho, ordenando al titular de la SHCP la reinstalación de la actora en las condiciones que tenía antes de ser despedida injustificadamente.
No obstante, el 17 de noviembre de 2005, la SHCP interpuso un amparo por conducto de Jaime Loe Rangel apoderado de demandada en contra del primer laudo, siendo asignado para su resolución, al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral del Primer Circuito, determinándose como ponente al Magistrado Héctor Arturo Mercado López, a decir de la afectada incondicional de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, “por lo que debió de excusarse de conocer del juicio de garantías, situación que ignoro”.
La defensa de los funcionarios fue férrea, también la insistencia de justicia de Lilia Cortés. Fue en 2006 que tras la averiguación previa DGII/153/DF/2006, en contra de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza y de los tres magistrados, la cual se integró en la Dirección General de Inspección Interna, y se ordenó el desglose en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de Justicia estando a la fecha en reserva.
Un mes más tarde, el 14 de julio de 2006, los magistrados de la primera Sala del TFCA suscriben por unanimidad el primer acuerdo plenario mediante el cual se requiere al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se reinstale a Lilia Cortés García el 15 de agosto de 2006 en términos del laudo del 30 de mayo de 2006.
Ese día de agosto, la exfuncionaria se constituyó en el TFCA para ser reinstalada, pero los representantes legales encabezados por Jaime Loe Rangel de la SHCP se negaron a cumplir lo ordenado por el Tribunal.
Ante la negativa de su reinstalación, Cortés García interpone denuncia penal ante el Procurador General de la República, entonces Daniel Cabeza de Vaca, en contra del Secretario de Hacienda, José Francisco Gil Díaz, por abuso de autoridad y el desacato iniciándose la averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006, misma que se mantiene en reserva.
El 22 de agosto de 2006, el TFCA, emite el segundo acuerdo plenario ordenando al Titular de la SHCP la reinstalación de Lilia Cortés, el 18 de septiembre de 2006, pero los representantes de Hacienda, encabezados por Loe Rangel, volvieron a negarse a cumplir el laudo ordenado por los jueces.
En medio de todo el proceso jurídico, se descubrió que el apoderado legal que represento a la SHCP, Jaime Loe Rangel, en el juicio laboral rubricó por lo menos 230 documentos oficiales carentes de legalidad para alterar la realidad histórica y legal de los hechos.
Además de no contar con estudios de licenciado en derecho y no tener cédula profesional. La exfuncionaria acusa que el representante de Hacienda falsificó la cédula profesional de María de Lourdes Corona Guerrero, contadora pública de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla desde 1991, y “se acreditó ante autoridades federales, de la administración pública federal y estatales sin tener personalidad jurídica como apoderado de la SHCP”.
Loe Rangel también se acreditó como apoderado de la SHCP en 28 mil juicios laborales, sin tener personalidad jurídica para ello. “Es importante destacar que en estos 28 mil juicios se está lesionando los derechos y garantías de servidores públicos”.
Érika Ramírez
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