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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigan un nuevo modus operandi de los grandes traficantes de combustibles –incluidos los de cuello blanco–, que utiliza grandes embarcaciones nacionales y extranjeras para robar miles de barriles de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex), incluso directamente en plataformas marinas de la Sonda de Campeche. En los expedientes a los que Contralínea tuvo acceso destacan dos casos documentados: el de la trasnacional Trafigura y el de la local Impulsora de Productos Sustentables (IPS).
Una vez hurtado, las empresas que participan en este mercado negro simulan sacar el combustible del país –en ocasiones sí lo llevan más allá de las fronteras marítimas– y luego lo reintroducen vía puertos como si fuera de importación. Aunque se trata de empresas legalmente constituidas y, algunas de ellas cuentan con permisos para importar combustibles, en estos cargamentos ilegales usan documentación falsa de su origen. Ya en México, el combustible robado es inmediatamente dispersado a través de pipas en sus propias gasolineras o vendido a menor precio a empresas distribuidoras que participan en esa red de contrabando de petrolíferos.
Hasta ahora, las secretarías de Marina Armada de México –como cabeza de sector de los puertos– y de Hacienda y Crédito Público –a través de la UIF y el SAT– han logrado detener dos barcos propiedad de Trafigura e IPS. Los operativos para asegurar los cargamentos también han contado con asistencia de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Sobre el primer caso, no sólo la UIF, el SAT y la FGR investigan a la empresa Trafigura por la importación ilegal de combustibles y su vínculo con el delito de robo de hidrocarburos contra Pemex, sino que también la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) habrían puesto la lupa a esa trasnacional, y ello habría motivado que –el pasado 20 de septiembre– la CRE le suspendieran cinco permisos para importar gasolinas y turbosinas.
En el caso de IPS –propiedad de Galem Energy, del empresario y prófugo de la justicia Miguel Alemán Magnani–, además de su presunta participación en el mercado ilícito de combustibles, la inteligencia mexicana indaga su relación directa con empresas factureras, su posible colusión con otras compañías para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso sus probables vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A ésta, la CRE le suspendió los permisos el 19 de mayo pasado.
Actualmente, en promedio, a Pemex le siguen hurtando 4.5 mil barriles de hidrocarburos diarios. Ello, luego de que en 2018 –el último año del gobierno de Enrique Peña– el promedio alcanzó los 56 mil barriles diarios robados, de acuerdo con el Informe nacional de seguridad que da cuenta de la desviación de miles de barriles por mercado ilícito de combustibles. Este reporte indica que el 20 de septiembre fueron sustraídos ilegalmente 5 mil barriles; el 21 de septiembre, 6 mil, y el día 22, 4 mil barriles.
El caso en contra de la compañía que tiene oficinas en 48 países –entre ellos México– inició hace unos meses cuando Trafigura intentó ingresar un cargamento de combustibles por el puerto de Tuxpan, Veracruz, sin contar con los documentos que respaldaran el origen legal del mismo, por lo cual la Capitanía de Puerto no le permitió el ingreso e informó de inmediato a las autoridades de la Secretaría de Marina.
Pese a ello, la tripulación del barco logró descargar la mayoría del producto en el tiempo en el que se movilizaban las autoridades para impedírselo. Estos hechos fueron denunciados por las autoridades de la Secretaría de Marina a la FGR, e informado tanto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía –encargada de los permisos–, como a la Secretaría de Hacienda, para que la UIF y el SAT iniciaran las investigaciones pertinentes. Asimismo, Marina junto a la FGR aseguraron el combustible.
Consultada al respecto por Contralínea, la trasnacional no quiso pronunciarse sobre estas investigaciones ni sobre el cargamento presuntamente ilegal. El portavoz solamente indicó: “consideramos que no existen razones válidas que justifiquen la suspensión de los permisos de importación de Trafigura México. Trafigura cumple con las leyes y las regulaciones aplicables en las jurisdicciones en las que opera, incluyendo en México”.
Un informe publicado por Energía la noche del 20 de septiembre dio a conocer la suspensión de cinco permisos a Trafigura, una de las mayores comercializadoras de materias primas en el mundo. Cuatro de esos permisos están “en proceso de revocación” y uno en “procedimiento de caducidad”.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, en julio pasado el brazo comercial de Petróleos Mexicanos ya había suspendido temporalmente nuevos negocios con Trafigura, “trasnacional que enfrenta un escrutinio global por presunta corrupción”.
Aunado a ello, Reuters reportó que la CRE ha cancelado más de 100 permisos de comercialización de petrolíferos, gas y otros productos, entre ellos uno de la petrolera Shell y otro del grupo español Iberdrola, alegando falta de actividad durante un año. Asimismo, a finales de julio el SAT anunció la suspensión de 82 empresas del padrón de importadores.
La historia del barco de Importadora de Productos Sustentables no sólo incluye a Alemán Magnani, sino también al empresario exconvicto Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía y exsocio de los hermanos Bribiesca Sahagún cuando éstos se dedicaban, durante el gobierno de su padrastro panista Vicente Fox, a cabildear contratos petroleros en Pemex a favor de empresas privadas. Éste negociaría a nombre de IPS pero sin aparecer formalmente como socio, apuntan los informes de las áreas de inteligencia.
En este caso fue en el mismo puerto de Tuxpan en donde la empresa IPS intentó descargar combustible de origen ilegal. En siete ocasiones la Capitanía de Puerto le impidió hacerlo: cada vez que recibía una negativa, la embarcación salía a mar abierto y regresaba con otro documento falso; cuando se volvía a detectar que era falso volvían a salir.
Tras el séptimo intento fallido, el barco dio la vuelta por el canal de Panamá y regresó a México, pero esta vez por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí lograron bajar el combustible, aunque pronto llamaron la atención de pobladores que denunciaron a las autoridades federales el movimiento de decenas de pipas, cuando tradicionalmente en ese puerto se importan maderas u otro tipo de cargamentos, pero no combustible porque no hay ductos.
De inmediato las autoridades locales alertaron a la Guardia Nacional de que en las carreteras transitaba un número inusitado de pipas, lo que podría constituir un problema de seguridad nacional por un tema de delincuencia organizada y posible narcotráfico. Finalmente, el barco fue asegurado, pero en el proceso de investigación el capitán del mismo fue asesinado.
En los expedientes de inteligencia se apunta que el contacto con trabajadores de Pemex es Amado Yáñez y que el combustible lo roban directamente de las plataformas de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche: lo sacan al Golfo de México, lo llevan a mar abierto y lo regresan por Tuxpan; luego lo ingresan como si se tratara de importaciones amparadas con documentación falsa.
Las autoridades mexicanas tienen también la hipótesis de que en estas operaciones participan no sólo delincuentes de cuello blanco, sino del crimen organizado, porque dos asociados de IPS son buscados por la DEA [Agencia Antidrogas estadunidense].
En el expediente elaborado por los órganos de inteligencia y al cual Contralínea tuvo acceso, se lee que Importadora de Productos Sustentables, SAPI de CV, forma parte de una red comercial en la cual participan, entre otros, Galem Energy (su propietaria), ABC Aerolíneas (Interjet), WP Soluciones Industriales, Grupo Petrolero Arca, Energéticos Citrícola, Pacífico Fondo Empresarial, Marlaya, Miguel Alazalde, Nafta Aditivos Orgánicos, Energéticos y Multiservicios Especializados Pirosol, , Oil and Fluids Business Center, Perforaciones Marítimas Latina, Constructora y Perforadora Latina, Grupo Potesta, Vector Casa de Bolsa, Comercializadora de Combustible Gutasa, Ecocarburante. Todas éstas, con una relación comercial mayor a 10 millones de pesos.
También se apunta que la empresa se especializa en la comercialización de gasolina, diésel, turbosina, diáfano, petróleo, carbón vegetal y leña, y su actividad principal se identifica como el comercio al por menor. Su domicilio fiscal se ubica en Zapopan, Jalisco, y hasta finales de 2020, su presuntiva total de defraudación fiscal ascendía a 1 mil 526 millones 248 mil pesos.
Entre sus representantes legales, socios y accionistas figuran Rafael Gallegos Guillén, Édgar Marín Meza Moreno, José Isabel Murguía Santiago, Ricardo Ramírez Frías –investigado en lo individual por ser representante de 210 empresas de las cuales al menos 15 son empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) definitivas–, Aldo Ignacio Ulloa Temblador –investigado por sus nexos con Operadora Serviab, empresa presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación– y Eric Daniel Zamora Delgadillo –exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social, delegación Jalisco, y también investigado por sus vínculos con Agrícola Boreal, supuestamente ligada al mismo grupo delictivo.
En los reportes de inteligencia destaca que IPS presenta cuatro factores de riesgo para la seguridad nacional: interactúa con EFOS, que cuenta doble; operación recíproca y otros riesgos. Por ejemplo, sus vínculos con personas físicas y morales cercanas al crimen organizado.
Aunado a ello, se documentan pérdidas financieras entre 2017 y 2019 por 7 mil 359 millones de pesos; e ingresos provenientes de ABC Aerolíneas (Interjet) –cuyo presidente, Alejandro del Valle, fue detenido el pasado 9 de septiembre bajo acusaciones de fraude genérico–, por 6 mil 92 millones de pesos en el mismo periodo.
Por su relación comercial con Interjet –IPS era su representante ante Aeropuertos y Servicios Auxiliares–, en mayo pasado le fueron formalmente retirados los permisos de la CRE, luego de que la Comisión determinó que IPS no realizó proveeduría de combustibles por un periodo consecutivo de al menos 375 días naturales.
Otros elementos de alarma para las autoridades federales tienen que ver con sus representantes legales. De Ulloa Temblador se señala que fue representante de la asamblea de socios de Operadora Serviab, SA de CV, empresa vinculada a Reginaldo Allala Allala, detenido por su participación en las operaciones financieras del Mencho –Nemesio Oseguera Cervantes–, líder del CJNG.
Asimismo, se le identifica como representante legal de otras seis empresas creadas entre 2013 y 2017: Arqui y Diseño Maks, Constru Yamir, Dalcrise, Ecocarburante, Marlaya y Mefra Fletes. Todas –incluida IPS– fueron constituidas con capitales bajos (menos de 100 mil pesos) en comparación con el sector económico en que operan, y con objetos sociales de otros sectores económicos que después se modificaron hacia los hidrocarburos.
De Zamora Delgadillo se expone que es representante de Agrícola Boreal, SPR de RL, identificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como lavadora de dinero para el CJNG. Dicha empresa originalmente fue fundada por Jeniffer Beaney Cazares Camacho, esposa de Abigael González Valencia, alias Cuini, líder del grupo criminal Los Cuinis, aliados del Jalisco Nueva Generación.
Además de ser representante de IPS, Zamora también lo es de Agrícola Boreal, Conproc Vanguardia Digital, Grupo Constructor Gabdel y Petro Almacenes de Occidente. Estas empresas se fundaron con socios sin actividad económica o actividades comerciales locales.
Respecto de Ramírez Frías, se anota que está relacionado con 210 empresas de las cuales se identifican los siguientes riesgos: nueve presentan depósitos en efectivo superiores al millón de pesos; 60 tienen socios con actividades presuntamente o probadamente delictivas; 48 se ubican en los mismos domicilios; 15 son EFOS definitivos; 67 tienen contacto con EFOS; 26 no tienen activos. En conjunto, las 210 empresas presentaron ingresos por 41 mil 791 millones de pesos.
La red empresarial con la que se ha aliado IPS incluye lo mismo a contratistas de Pemex que a distribuidoras de combustibles y estaciones gasolineras. Estas últimas serían las que –a juicio de los órganos de inteligencia– se encargan de la venta de las gasolinas y diésel robados en grandes cantidades a Pemex, con la complicidad de trabajadores petroleros sindicalizados.
En esa red destaca Constructora y Perforadora Latina, SA de CV, a quien las autoridades ubican con ocho factores de riesgo para la seguridad nacional: su interacción con EFOS y su operación con gobiernos, que cuentan doble; su operación recíproca, depósitos en efectivo por más de 1 millón de pesos, concurrencia en domicilio y otros riesgos.
Dedicada al sector de la minería y con actividad principal de extracción de hidrocarburos, se trata de una contratista de Pemex Exploración y Producción (en 2009 tuvo contratos por 1 mil 853 millones 72 mil 371 pesos con esa subsidiaria) y de la Comisión Federal de Electricidad (con contrataciones en 2009 por 1 mil 705 millones 740 mil pesos y en 2012 por 1 mil 563 millones 724 mil 893 pesos).
De 2003 a 2017 esta empresa tuvo contratos con el gobierno federal por 8 mil 803 millones 397 mil 585 pesos, refieren los expedientes de inteligencia a los que Contralínea tuvo acceso. Agregan que se identificó que cuenta con una holding denominada Latina Ofshore, radicada en el paraíso fiscal de Las Bermudas.
Sus representantes legales son José Luis Guevara Colín, Jorge Martínez Martínez, Alfonso Terán Secundino, Roberto Hernández Valadez, Osvaldo Ortega Rodríguez; y entre sus socios se identificó a Adolfo del Valle Ruiz, fundador del extinto banco Bital. Su presuntiva total de evasión de impuestos asciende a 806 millones 827 mil 329 pesos.
Otra empresa que destaca por las sospechas de defraudación fiscal –la presuntiva es por 1 mil 698 millones 52 mil 816 pesos– es Marlaya, con actividad principal de comercialización de hidrocarburos. Tiene tres factores de riesgo: operaciones recíprocas, depósitos en efectivo por más de 1 millón de pesos y otros riesgos. Su representante legal es Arnulfo Hernández Gutiérrez, y sus socios: Aldo Ignacio Ulloa Temblador y Andrea Ríos Echeverri.
También con una presuntiva de evasión multimillonaria –1 mil 346 millones 439 mil 724 pesos– se refiere el caso de Nafta Aditivos Orgánicos, dedicada a la comercialización de petrolíferos y con cinco factores de riesgo: contagio con EFOS –riesgo doble–, operación recíproca, concurrencia en domicilio y otros riesgos.
En la red empresarial también sobresale Ecocarburante, SA de CV, con una presuntiva de evasión fiscal por 632 millones 537 mil 350 pesos. De acuerdo con los análisis de inteligencia, su actividad principal es la venta de combustibles y presenta cuatro factores de riesgo (operación con gobierno que cuenta doble, operación recíproca y otros riesgos). Su representante legal es Cristóbal de Jesús Moreno Cabrera. Y sus socios y accionistas: Eric Daniel Zamora Delgadillo, Eduardo Zedillo Álvarez, Álvaro Rafael Hernández Martínez, Alfredo Omar Manzano Morales, Édgar Marín Meza Moreno y Aldo Ignacio Ulloa Temblador.
Otra empresa de la red es Comercializadora de Combustibles Gutasa, SA de CV, que habría defraudado al fisco por 534 millones 901 mil 312 pesos y dedicada al comercio al por menor de gasolina y diésel. Sus factores de riesgo son cuatro: operación con gobierno que cuenta doble, operación recíproca y otros riesgos.
De ésta los expedientes reportan que en 2019 percibió ingresos por 11.5 millones de pesos de la Semarnat-Conagua, y que en ese mismo año la Policía Federal aseguró uno de sus camiones que transportaba clandestinamente 67 mil litros de combustible. Sus representantes son: Laura Xitlalic Chávez Suárez, Héctor Sáenz Silva y María Teresa Guijarro Tamayo. Y sus socios y accionistas son los hermanos Héctor Daniel y Mario Alberto Guijarro Tamayo, y la estación de servicio Zerba.
Otra que aparece en los reportes de inteligencia es Grupo Potesta, SA de CV, con una posible evasión fiscal por 110 millones 621 mil 379 pesos. De esta comercializadora de hidrocarburos se observan cinco factores de riesgo: operación con gobierno que cuenta doble, operación recíproca, depósitos en efectivo por más de 1 millón de pesos y otros riesgos. En 2017 fue contratada por la Secretaría de la Defensa Nacional y en 2019 por Servicios y Transportes de Jalisco. Sus socios y accionistas son: Mario Behar Vantoura, Raúl Derio Popoca, Jorge Bechara Estefan López y José Pedro Sánchez Campos.
Los reportes refieren también el caso de Oil and Fluids Business Center, SA de CV, con actividad principal de distribución de productos petrolíferos. Presenta siete factores de riesgo (relacionado con servidores públicos que se cuenta doble, infraestructura, incremento exponencial de CFDI, depósitos en efectivo por más de 1 millón de pesos, concurrencia en domicilio con otras empresas y otros riesgos).
De ésta se apunta que, aunque empezó a operar en septiembre de 2018, fue hasta 2020 que empezó a facturar, y sólo en junio del año pasado logró facturar 62 millones 251 mil 747 pesos con sólo ocho clientes. Sus representantes, socios y accionistas son: Raziel Gómez Castillo, Juan José Jiménez López, Jorge Héctor Jiménez Tejeda y Adrián Pablo Marcataio.
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