En 5 años, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto amputó discrecionalmente, contra lo determinado por el Poder Legislativo, 23 mil 80 millones de pesos destinados al rubro de la salud. Todo se instrumentó, entre 2013 y 2017, a través de “modificaciones al presupuesto” ejecutadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, para este 2018 sumó un recorte abierto por más de 9 mil 500 millones. El boquete en salud suma 32 mil 583 millones 200 mil pesos. Legisladores y organizaciones civiles denuncian que nunca se justificó el destino final de esos recursos. Mientras, millones de enfermos padecen o mueren en el desamparo.
Elia Ruth comenzó con cambios de humor y alteraciones emocionales. Semanas después sintió un dolor agudo en el oído derecho. Finalmente le llegó un vértigo tan intenso que la hizo vomitar. Los médicos que consultaba ya no tuvieron muchas dudas sobre el diagnóstico y le recomendaron visitar a un especialista, en específico, un oncólogo.
Al golpe de saber que padecía cáncer de tiroides, le siguieron otros en cascada. Estaba adscrita al Seguro Popular, pero de nada le sirvió. La enfermedad no es parte del “cuadro” de padecimientos que cubre este programa público. Desamparada del Estado mexicano, tenía a su familia. Con ella daría la pelea. Pero no sabía por cuánto tiempo ni si valdría la pena.
“Tocamos puertas”, dice. Nadie las abrió. Mantenerse con vida le costaba a sus seres queridos más de 95 mil pesos cada mes. Estudios de laboratorio, biopsias, tomografías, rastreos, radiaciones…
“Cada radiación cuesta 35 mil pesos”, señala. Su organismo debía recibir 725 milicuries de yodo radiactivo, es decir, necesitaba de seis radiaciones en 5 meses. “Además, el medicamento Thyrogen [tirotropina alfa] nos costaba 40 mil pesos”. Muchas veces no pudo comprarlo. Entonces “me hinchaba, me fatigaba; era muy cansado no tener el medicamento”.
Elia Ruth se moría, como millones en México que enfrentan solos cánceres, fibrosis quística, sida, hepatitis C, psoriasis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, incluso enfermedades que formalmente cubren las instituciones médicas pero que, en la realidad y por falta de presupuesto, reciben tratamientos a medias, medicamentos incompletos y atención médica a destiempo, cuando las enfermedades han avanzado y las expectativas de vida ya se han reducido drásticamente.
“Qué hace la gente. Pues se muere. Se muere porque no tiene los medios. Se necesitan radiaciones. Y el yodo radioactivo no entra [en el Seguro Popular], ni medicina ni nada”, dice la paciente sinaloense.
“Éste no fue el sexenio para la salud de los mexicanos”, señala –en entrevista con Contralínea– la diputada federal Teresa Lizárraga, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de las de Seguridad Social y Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
La legisladora sonorense considera que la política de salud del gobierno federal de Enrique Peña Nieto “fue consistentemente en sentido contrario, es decir, fue regresiva” en lo que respecta al derecho humano a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Tuvimos [un sexenio con] tantas enfermedades” pero, en contraste, se recortó premeditadamente el presupuesto para atender la salud de los mexicanos. La legisladora se refiere a las epidemias por vectores emergentes que debieron haberse enfrentado con más inversión, como la fiebre chikungunya y el virus del zika, y cuando el país se encuentra en emergencia epidemiológica por diabetes (uno de cada seis adultos es diabético) y la brecha de expectativa de México se rezaga cada vez más de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): los mexicanos viven, en promedio, 6 años menos.
“No hay ningún problema de salud resuelto”, considera Lizárraga, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió que no había que incrementar el presupuesto en salud. Por el contrario, ordenó recortarlo discrecionalmente en contra de lo aprobado, a lo largo del sexenio, por el Poder Legislativo.
Los recortes presupuestales no han sido lo único. Guadalupe Campoy, de la Red de Acceso a la Salud, observa otras dos características de la política de salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: la opacidad y el derroche en rubros no prioritarios.
“Este sexenio que terminamos ha sido un sexenio particularmente muy desinteresado en salud”, dice, en entrevista con Contralínea, una de las voceras de las 13 organizaciones de la sociedad civil que integran la Red.
“Ha habido muchísimos recortes, lo cual ha sido bastante grave. Pero no sólo es esto. También preocupa que el ejercicio del presupuesto de salud no es claro, transparente. Y a esto todavía le sumamos todo lo que se ha gastado en publicidad para hacernos creer que las acciones en salud han sido maravillosas y los resultados espectaculares”.
En 2013, el primer año fiscal del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, para el rubro de salud la Cámara de Diputados aprobó 121 mil 834 millones 700 mil pesos. La SHCP, encabezada entonces por Luis Videgaray Caso, actual secretario de Relaciones Exteriores, decidió discrecionalmente modificar a la baja el presupuesto. Le asignó solamente 118 mil 899 millones. Es decir, 2 mil 936 millones de pesos menos.
Para 2014, en pleno brote de chikungunya, el Poder Legislativo aprobó 130 mil 264 millones 800 mil pesos a salud. Sin embargo, la modificación instrumentada por la SHCP lo redujo a 120 mil 828 millones 250 mil pesos: 9 mil 437 millones menos.
En 2015, cuando los casos de chikungunya y zika oficialmente superaban los 20 mil casos, los diputados aprobaron un presupuesto para salud de 134 mil 847 millones 600 mil pesos. Las modificaciones ordenadas por Hacienda lo dejaron en 121 mil 772 millones 350 mil. La disminución fue de 13 mil 75 millones de pesos.
Ya en 2016, los legisladores aprobaron un presupuesto para salud menor al que habían determinado el año anterior. Fue de 132 mil 216 millones 900 mil pesos. La tijera de Hacienda no se contuvo. Decretó una amputación de 7 mil 876 millones para dejarlo en 124 mil 341 millones de pesos.
Luego de 4 años de modificaciones a la baja acumuladas por 33 mil 324 millones de pesos, la SHCP envió una propuesta de presupuesto para salud inferior a la que se había aprobado 1 año antes en 10 mil 399 millones 400 mil pesos, mismo que aprobaron los legisladores. Entonces la modificación fue al alza. De 121 mil 817 millones 500 mil pesos pasó a 132 mil 60 millones 700 mil pesos.
Así, en 5 años de gobierno de Peña Nieto, las modificaciones al presupuesto de salud significaron una disminución en 23 mil 80 millones de pesos.
Y ahora, para 2018, el Ejecutivo propuso gastar en salud un monto inferior en 10 mil millones con respecto a lo que se ejerció en 2017. Con José Antonio Meade, al frente de la SHCP, solicitó un monto por 121 millones 934 mil 800 pesos. Los legisladores sólo le incrementaron 622 millones 500 mil para dejarlo en 122 millones 557 mil 500 pesos. Así, la disminución entre lo erogado el año pasado y lo que se gastará en este 2018 es de 9 mil 503 millones 200 mil pesos.
Las modificaciones y los recortes al gasto suman, en total, 32 mil 583 millones 200 mil pesos.
La decisión de disminuir el presupuesto de salud se sintió en todo el país: menos tratamientos, menos vacunas, menos medicamentos, menos consultas médicas. Los pacientes tuvieron que recurrir al sector privado. Las familias hoy tienen que destinar dinero de sus bolsillos para procurarse salud.
Aunque el enfermo aporte sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o esté afiliado al Seguro Popular, termina por sacar de sus bolsillos para pagarse atención médica privada.
“Y en un país con más de 50 millones de pobres, esto quiere decir que la gente está dejando de comer para comprar sus medicinas. O no compra sus medicinas para poder seguir comiendo”, explica la diputada Teresa Lizárraga. Informa que, en promedio, las personas tienen que destinar el 40 por ciento de sus ingresos a procurarse salud.
Lo “más dramático”, sin embargo, es –a decir de la diputada Lizárraga– lo que ocurre en los programas de vacunación. La mayoría de las vacunas se compran en el extranjero, por lo tanto, en dólares. “Y lo que costaba el dólar el año pasado no es lo que cuesta el dólar ahorita. Y si se le destina la misma cantidad de dinero, cuántas vacunas menos se van a aplicar. En 2017 el presupuesto aprobado era menor en 17 millones de pesos en términos nominales al de 2013; en términos reales es mucho menor.
Y para 2018, todos los programas públicos de salud tendrán menos recursos, en términos reales, que el año pasado. Con cifras deflactadas, destacan los casos del Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios con 51 millones de pesos menos; el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, con 60 millones menos; el de Prevención y Control de Enfermedades, con 69 millones menos; el del Seguro Médico Siglo XXI, con 76 millones menos; el de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, con 77 millones menos; el de Calidad en la Atención Médica, con 83 millones menos, y el del Seguro Popular con 88 millones de pesos menos.
Desde 2011, la Red de Acceso ha velado por el derecho a la salud y la atención digna a los pacientes. En 2015 comenzó a señalar los recortes al presupuesto. Documentó que la falta de recursos se traducía en menos calidad de la atención, menos medicinas, menos material de curación, menos plazas para médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud, menos investigación y menos infraestructura.
El año pasado inició la campaña Salud Nuestro Derecho para denunciar el “rezago y olvido” en que se encuentran los servicios básicos de salud en el país. Creó la iniciativa Curar a México, que ha recibido el respaldo de legisladores y otras organizaciones de la sociedad civil.
Guadalupe Campoy, vocera de la Red de Acceso, señala que el país no puede darse el lujo de seguir reduciendo sus presupuestos para salud o que dependan de los vaivenes de la política. “Se busca el blindaje en el presupuesto de salud, es decir, que no pueda ser modificado a la baja de manera discrecional. Y también se busca que haya un aumento constante en el presupuesto. Sabemos que es difícil, pero no vamos a bajar la guardia. Es algo que se requiere y se requiere para todos en este país”.
La diputada Teresa Lizárraga, junto con la Red de Acceso, ha llevado a la Cámara la iniciativa. Busca dos reformas. Una a la Ley General de Salud. La otra, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Explica que, en esta última, “lo que establecemos es que lo que se aprueba ya no se puede recortar. Se prohíbe que pueda ser recortado. Que si se aprueban 130 mil millones, 130 mil millones se tienen que ejecutar y tiene que aplicarse en salud”.
Con esta reforma pretende cancelar de tajo lo que ha pasado durante todo el sexenio: que de manera discrecional, sin justificar ni rendir cuentas a nadie, el Poder Ejecutivo simple y sencillamente decide ignorar lo que aprobaron los diputados y disminuye los recursos etiquetados para salud.
La otra reforma busca que en la Ley General de Salud se agregue el artículo 19 bis, en donde, dice a la letra: “los programas, fondos y recursos destinados en materia de salud son de interés público y prioritario para el país”. En entrevista, acota la diputada: “Pareciera algo lógico. No es posible que no entendamos que la salud es algo fundamental, es el pilar en el que se va a basar el crecimiento del país. La gente sana aprende, la gente sana trabaja, la gente sana innova. Y si no entendemos, hay que ponerlo en la ley”.
En la redacción del artículo se estipula que: “el presupuesto destinado al gasto en salud no podrá ser menor en términos reales al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se calcula el crecimiento del PIB [producto interno bruto] en los criterios generales de política económica y en correspondencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el gobierno federal”. Es decir, el gasto en salud debe ser, por lo menos, igual al del año anterior e incrementarse, si hubiere ingresos, en el mismo porcentaje que ese estime el crecimiento del PIB.
“Y estamos encontrando un gran obstáculo”, refiere la legisladora. Señala a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. A decir de Lizárraga, los diputados priístas están respaldando la política del presidente para que se siga disponiendo arbitrariamente del dinero de salud. Contralínea solicitó entrevista con el diputado Estefan Chidiac, presidente y secretario, respectivamente, en ambas comisiones, sin que hasta el cierre de edición hubiera respuesta.
La Red de Acceso está integrada por la Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide, AC; la Asociación Mexicana contra la Psoriasis, AC; la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, AC; la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC; Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS; la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, AC; la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, AC; la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar, AC; Respirando con Valor, AC; Salud Crítica, AC; Trasplante y Vida, IAP; Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, AC, y la Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Cesares Cortina, AC.
Elia Ruth consiguió un trabajo en el ISSSTE. Ahora las radiaciones y el Thyrogen corren a cargo de la institución. Se sabe afortunada. Apela a la “sensibilidad” de las autoridades “para que el Seguro Popular apoye a los pacientes con este tipo de cáncer.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SALUD]
Contralínea 583 / del 26 al 30 de Marzo 2018
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