México se enfrenta a la renegociación del T-MEC en un contexto de constantes presiones en distintos ámbitos: económico, militar, seguridad y político. Asimismo, se suma la administración de Donald Trump dispuesta a establecer los intereses de la clase dominante: tiene en la mira a instituciones como la Agencia de Aduanas, Cofepris, Secretaría de Salud, Semarnat, Economía, Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, Pemex, CFE y, a un gran conjunto de leyes y reglamentos de la legislación mexicana, varias de ellas establecidas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La renegociación abre una nueva disputa contra el avance que se logró en la administración anterior

Primera parte. Este año comenzó con una muestra bastante clara de hasta dónde puede llegar la administración de Donald Trump para cumplir con el slogan “hacer grande a América de nuevo”. El ataque contra Venezuela muestra que, ante el declive hegemónico estadunidense lo que queda es el uso coercitivo y unilateral, algo que ha ejercido con anterioridad pero que cada vez es más recurrente y violento. Quedó, además, plasmado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025.

Este año, además del mundial, México, Estados Unidos y Canadá se enfrentan a la renegociación del T-MEC, tratado que fue actualizado anteriormente por el presidente estadunidense; estableció medidas diferenciadas para los tres países y se asemeja más a dos tratados bilaterales para continuar con el bloque geoeconómico de América del Norte, región que pretende ser −desde su planeación hace varias décadas− la punta de la lanza del reposicionamiento de Estados Unidos.

Con este texto comenzamos una serie de investigaciones sobre la renegociación del T-MEC, las implicaciones para la economía mexicana y estadunidense, lo que implicará para la soberanía, seguridad nacional y para el Plan México. Este último pretende ser la articulación de una gran estrategia económica, científica y tecnológica para fortalecer la economía, las fuerzas productivas (trabajo y medios de producción) que permitan un mayor crecimiento del país con bienestar.

El T-MEC, antes TLCAN, fue denunciado en su momento por organizaciones y movimientos sociales, intelectuales y, en su momento, universidades, porque atentaba precisamente contra la soberanía y era la manera más eficaz de encadenar nuestra nación a los intereses de la clase dominante estadunidense.

En su momento, el doctor John Saxe Fernández escribió un libro fundamental para entender la relación entre México y Estados Unidos (La compra-venta de México) en el que expone que el desarrollo de dicho país como potencia está profundamente ligado al sometimiento de México. La evidencia histórica está puesta desde el siglo XIX: la anexión de Texas y el robo del territorio nacional en 1848 tras la guerra en la que se perdieron 2 millones 263 mil 866 kilómetros cuadrados (km²).

Igualmente, el intento fallido de establecer sus intereses en el Istmo de Tehuantepec, los llevó a buscar más al sur el ansiado paso interoceánico; primero en Nicaragua y después en Panamá, lo que implicó la desintegración territorial de Colombia. Y en el Caribe, la anexión de Puerto Rico y el involucramiento en la guerra hispano-cubana-americana.

En 1990, Saxe Fernández escribió el artículo titulado Aspectos estratégico-militares inmersos en el proyecto de integración de América del Norte del cual se derivan varias hipótesis; una de ellas es la que nos interesa mostrar en esta serie de artículos.

El autor escribió: “un acuerdo especial con México le otorgaría un trato preferencial a las exportaciones mexicanas, a costa de otras naciones, y haría de México un paraíso más confiable para las exportaciones de capital de Estados Unidos. También establecería candados vía el tratado, para asegurar que las políticas económicas mexicanas de “mercado”, favorecidas por Washington, no fuese modificadas por algún futuro gobierno izquierdista, haciendo a ese país un aliado confiable”.

A más de tres décadas de aquel texto, estamos frente a la corroboración, o no, de la hipótesis respecto a que el antiguo TLCAN, ahora T-MEC, es la vía para doblegar cualquier intento de gobiernos nacional-populares, de izquierda, por salirse de las políticas de mercado que favorecen a la clase dominante estadunidense. De lo contrario, nos enfrentaríamos al mayor ejército del mundo.

Dicho de otra manera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un mensaje claro en la conferencia de prensa del 18 de noviembre de 2025: “Hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención. La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención, se llevó la mitad del territorio”.

Solicitudes imperiales

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publica anualmente el Informe de Estimación Nacional de Comercio sobre barreras al comercio exterior. En su edición de 2025 deslizan una serie de preocupaciones, exigencias y seguimientos a instituciones del gobierno mexicano, leyes y reglamentos que serían una barrera al comercio con EU.

Entre las instituciones que estarían implicando esas barreras comerciales están las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Economía, Energía; Agricultura y Desarrollo Rural; así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A estas instituciones se agregan un conjunto de leyes, reglamentos y decretos que implican una barrera al comercio. Varias de estas normas se establecieron bajo el gobierno de López Obrador, el cual avanzó en una política pública nacional y el establecimiento de límites a Estados Unidos. La renegociación del T-MEC implica abrir la posibilidad a eliminar no sólo las “barreras comerciales”, sino de establecer una política pública, autónoma y soberana que implique mayor bienestar para el pueblo de México.

Por ejemplo, respecto a las aduanas en el país, el informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) destaca que no se permite la importación de algunas mercancías en todos los puertos de entrada, lo que afecta particularmente al comercio electrónico estadunidense.

En este sentido, la Ley de Aduanas de México en su artículo 161 establece límites para que los agentes fronterizos operen en más de tres aduanas, lo que conlleva la creación de un corredor. Según el gobierno de Estados Unidos, dicha ley contradice al T-MEC porque establece la prohibición “arbitraria” del número de puertos que puede operar un corredor de aduanas.

En cuanto a la industria farmacéutica y de insumos médicos en la mira está la Cofepris, perteneciente a la Secretaría de Salud. El gobierno que encabeza Trump −pero que representa a un conjunto de empresas sumamente poderosas− establece quejas por las demoras de 18 a 24 meses en la adjudicación de registros sanitarios y de permisos de importación que son atribución de Cofepris.

El sector farmacéutico nacional también ve a la Cofepris como un promotor de ineficiencias, así lo expresó Astrea Ocampo, directora de la empresa Alpharma Biogentec, en la presentación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México el 29 de enero de 2026.

Uno de los tópicos más cruciales para el país es el del glifosato, el cual está vinculado a la batalla en México por el maíz nativo. En su momento, este semanario dio cuenta de que se intentó pasar en el Congreso del país una reforma para abrir la posibilidad −de nuevo− al maíz genéticamente modificado, una norma en la que trabajó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural bajo la dirección de Julio Berdegué y que por “error gramatical” sólo protegía al maíz del glifosato y no de los maíces genéticamente modificados. Afortunadamente se revisó y corrigió.

En 2021, el entonces presidente López Obrador publicó el decreto que exigía la eliminación gradual del uso del glifosato y productos que lo contienen para el 31 de enero de 2024. En 2023 extendió la fecha límite de eliminación gradual hasta el 31 de marzo de 2024; en tanto, el entonces Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología –ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación– estudiaba y desarrollaba alternativas al glifosato.

En paralelo, las y los encargados en Conahcyt de este tema, atendían las numerosas, y hasta amenazantes, llamadas de despachos de abogados de las empresas que producen este tipo de productos.

En 2024, Semarnat y Cofepris anunciaron el aplazamiento de la eliminación gradual del uso del glifosato y particularmente esta última institución redujo el cupo de importación.

Vinculada a esta medida están las solicitudes del gobierno de Estados Unidos para la obtención de autorizaciones de registro de comercialización necesarias para plaguicidas y agroquímicos, dos mercancías que particularmente afectan la flora y fauna del país como ha dado cuenta Contralínea con el caso de las abejas. El panorama es devastador: de 2013 a 2024 se perdieron 296 mil colmenas de abeja apis mellifera en 15 estados del país, particularmente en los que el modelo de la agroindustria es el que detona la crisis.

Pese a la protección de polinizadores por parte de Semarnat, que preside Alicia Bárcena, ni el fipronil ni los neonicotinoides fueron prohibidos, según la lista de 35 plaguicidas publicada en septiembre de 2025. El daño no sólo es a polinizadores, es también al agua en el suelo y subsuelo.

Entre las solicitudes del gobierno estadunidense, también están los productos de la biotecnología agrícola, tema que va más allá que el glifosato, pesticidas y el maíz. Estados Unidos reconoce que el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del T-MEC ampara este tipo de productos, sin embargo, no funciona ante la modificación de leyes mexicanas, como la de protección del maíz nativo. También reconocen que el capítulo de resolución de controversias que incluyó el T-MEC es insuficiente para atender las diferencias entre ambos países.

A pregunta de Contralínea al respecto de las 54 barreras no arancelarias, la presidenta Claudia Sheinbuam respondió que “ya prácticamente todos están saldados y hay algunos que no se puede hacer exactamente lo que ellos dicen. Por ejemplo, dicen que se están poniendo barreras al secetor eléctrico, entonces decíamos no. Sencillamente hay una nueva Constitución, una nueva ley que establece 54 (por ciento) y 46 (por ciento) de oportunidades de inversión de privados”.

La presidenta Sheinbaum dejó claro que “nunca cedemos en nada que consideramos que vulnera ni nuestra soberanía, ni nuestras leyes, ni nuestro proyecto.”

Ley de Infraestructura de Calidad

En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, el gobierno del republicano Donald Trump estableció que el interés nacional estadunidense −eufemismo para ocultar que es de las principales empresas que controlan la política− se centra en minerales, energía, el complejo militar industrial y la infraestructura.

En 2020, aún con el gobierno de López Obrador, se aprobó la Ley de Infraestructura de Calidad, la cual tiene por objetivo “desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional”.

Dicha ley fue publicada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y hacia el final del sexenio del expresidente Obrador esta misma comisión realizó una modificación mediante el oficio CONAMER/24/3814 con el cual emitió el dictamen final respecto de la propuesta regulatoria denominada “Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Infraestructura de Calidad”. Esta ley representa para Estados Unidos un obstáculo comercial y pretenden negociar para que se ajuste al T-MEC.

Dicho reglamento complementa la Ley Nacional de Infraestructura con la cual se modifican varias disposiciones regulatorias, entre ellas: operar como entidad de acreditación; autorización para operar como entidad de acreditación; aprobación para operar como organismo de evaluación de la conformidad en todas sus modalidades; autorización para utilizar medidas o métodos alternativos para dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); arreglo de conocimiento mutuo; registro como organismo nacional de estandarización; autorización de sujeto facultado para estandarizar; autorización de otras medidas del Sistema General de Unidades de Medida; trazabilidad de mediciones; material de referencia certificado; aprobación del modelo o prototipo de los instrumentos; inexactitud de datos de etiquetado.

Posterior a este decreto, se emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2025, elaborado en diciembre de 2024. En este decreto se establecen los fundamentos para expedir las NOM.

Los fundamentos se encuentran en un gran conjunto de leyes que corresponden a:

• Secretaría de Marina
• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados)
• Secretaría de Energía
• Secretaría de Economía
• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos)
• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
• Secretaría de Salud (Ley General de Salud; Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Secretaría de Turismo
• Comisión Reguladora de Energía
• Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
• Agencia Federal de Aviación Civil
• Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario
• Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

En dicho reglamento se establecen 217 Normas para 21 instituciones como se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Creación de normas mexicanas por institución

FUENTE: Elaboración Propia con datos del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad

Dicho de manera más puntual, si el objetivo de la Ley de Infraestructura de Calidad es sentar las bases de una política industrial nacional, el gobierno de Donald Trump estaría abriendo la posibilidad de que dicha ley se ajuste al T-MEC, desde luego la pregunta que surge es: ¿qué tanto la política industrial mexicana debe ajustarse al T-MEC sin dejar de ser soberana y con producción nacional?

Dentro de la misma infraestructura se encuentra la de telecomunicaciones, en donde no sólo se debate sobre dicho ámbito, sino también la salud de todos los mexicanos por la red 5G; otro centro de disputa entre potencias, tema de la siguiente entrega.

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