Invierno es una de las peores épocas para las personas en situación de calle, por sus propias vulnerabilidades y por las temperaturas extremas de la temporada. En la Ciudad de México, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social identificó a 2 mil 878 personas en situación de calle en 2025. Muchas de ellas –abandonadas por sus propias familias– enfrentan retos de salud, incluido el deterioro mental. En la asociación civil Casa Emaús encuentran un hogar quienes además de no tener techo enfrentan la discapacidad, el envejecimiento, la pérdida de identidad legal, el desamparo y la invisibilidad social

Las calles se visten de luces, guirnaldas y el incesante eco de los villancicos son anuncio de los festejos decembrinos. La celebración se retrata en familia, esa es la postal inmaculada que la publicidad ha logrado convertir en ley. Sin embargo, al reverso de esa imagen vive un sector que es sistemáticamente invisibilizado por esa misma narrativa: las personas en situación de calle, quienes siguen luchando por sobrevivir en plena algarabía, que es también la época con clima extremadamente frío.

De acuerdo con el Conteo Anual 2023-2024 de personas en situación de calle en la Ciudad de México, realizado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, 1 mil 124 personas se encontraban en esa condición hasta marzo de 2024. Pero en este diciembre, el censo 2025 realizado por la Sebien identificó a 2 mil 878 personas en situación de calle; lo que representa un aumento de 1 mil 754 personas.

El conteo también reveló que seis de cada 10 personas en esa condición carecen de un documento de identidad, explica a Contralínea Guillermo Alán García Capcha, director del Instituto Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP).

Las cifras que describen el abandono coinciden con los rostros que habitan Casa Emaús, AC, ubicada en la alcaldía Xochimilco, al sur de la capital. Los números encuentran aquí su traducción humana: la discapacidad, el envejecimiento, la pérdida de identidad legal, el desamparo y, sobre todo, la invisibilidad.

El presidente de Comunidad Emaús, Jorge Ortega, describe a Contralínea parte de la realidad que ha observado en las historias de las 64 personas que actualmente son beneficiarias de esta asociación, pero también de aquellos que ya han partido.

“Tenemos aquí personitas que por su discapacidad han sido rechazadas… Y nos llegan en situación de absoluto abandono social. Estas personas por su discapacidad han sido rechazadas y a algunas nunca se les ha tramitado ningún documento ni nada, siempre han sido invisibles; ellos no cuentan para las estadísticas”, denuncia.

Uno de estos casos es el de Héctor Aguilar, un hombre que asegura tener 50 años de edad y que llegó a la casa hogar Comunidad Emaús tras sufrir un accidente automovilístico que lo dejó discapacitado y con daño emocional. El DIF lo canalizó a este sitio, donde recibe apoyo médico, pues ahora camina con ayuda de una andadera.

Su recuerdo más vívido no es el de su accidente, sino el sonido agudo y continuado proveniente de los dispositivos médicos a los que se conecta a un paciente en estado de coma. Al evocar ese recuerdo, las palabras apenas le fluyen a Héctor; su voz se ahoga por un momento: “varias veces escuché ese sonido y ya era gente que se apagaba”.

Su historia es profundamente devastadora: para él la muerte sonaba así, mientras que dentro y fuera de aquel hospital nadie lo escuchaba, porque esas son las condiciones de quienes habitan las calles: existir en el olvido.

En el caso de las personas adultas mayores ese olvido se agrava por su avanzado deterioro mental, quizá producto del consumo de sustancias o de todas las condiciones que enfrentaron tras vivir abandonados.

“Hemos detectado que desgraciadamente hay mucha gente a la que tiran, a la que se deshacen de ella sus propios familiares… Cuando no [podemos actuar es] porque ya vienen con demencia, pues ya no se acuerdan ni de dónde son ellos, ya tienen que permanecer así: invisibles”, expone Jorge Ortega.

En un recorrido por las instalaciones, Contralínea pudo constatar el deterioro mental de las personas adultas mayores que ahí se albergan. En el patio, una mujer de cabellos blancos y mirada perdida pedía incansablemente que la dejaran irse. Aseguraba ser maestra y estar preocupada por sus niños –como nombraba a sus alumnos– que, insistía, la esperaban. La realidad es como un balde de agua helada: ella llegó a este lugar porque no tiene hogar ni familia que la espere.

Sentado a su alado, el director de la asociación civil la escuchó con una paciencia que casi parecía acto de piedad. En entrevista, explica que es mejor no sacar a la persona de esa ficción pues podría alterarla aún más. En Casa Emaús, la ilusión de ser esperado tal vez se convirtió en el único refugio ante la verdad del desamparo.

Las otras personas adultas mayores que residen en el lugar se dividen entre quienes aún pueden moverse para realizar actividades cotidianas –como comer, asearse o participar en las actividades de recreación que se les proporcionan– y quienes dependen de las cuidadoras, que día con día cambian “70 pañales diarios”, detalla Ortega. Agrega que la persona de mayor edad en el hogar tiene 107 años, y que le sigue alguien un año menor.

Héctor Aguilar mantiene la esperanza de recuperarse por completo con el apoyo que ya recibe al ser beneficiario de la asociación: alimento, techo y medicamentos. Considera que sin ello no tendría a quien recurrir: “mi familia no sé si en realidad se esté preocupando por mí o no”. Duda por un momento, pero casi al instante se responde: “no, pues en sí, no, porque si se estuvieran preocupando, ya estuvieran aquí”.

Dignificar hasta en la muerte

El personal que labora en la casa hogar coincide en que una de sus principales metas es la de dignificar a cada habitante no sólo en el tiempo que les queda de vida, sino también en la muerte. Sin embargo, uno de los obstáculos a los que se enfrenta la asociación es la negativa de las autoridades a entregar los cuerpos tras los decesos.

El hijo del presidente de la asociación, también de nombre Jorge Ortega, quien ha recorrido el espacio desde sus primeros años de vida hasta sus 28 años actuales, y quien además decidió formar parte del equipo, narra lo difícil que es recuperar el cadáver de algún miembro de la casa.

A pesar de que la AC cuenta con un registro que incluye fotografías y expedientes médicos de cada dependiente, es habitual que, en seguimiento a los protocolos legales establecidos para estos casos, el hospital da aviso al Ministerio Público y éste a su vez resguarda el cuerpo del occiso en el Servicio Médico Forense (Semefo) por un tiempo definido; en caso de no ser reclamado, es trasladado a la fosa común.

El problema de que sean enviados a una fosa común radica en que se convierten en un número más, y nuevamente las personas son olvidadas. El círculo se cierra: en vida y en muerte, discriminados, marginados y excluidos por sus familias, por el Estado y la sociedad.

El presidente de Comunidad Emaús AC, Jorge Ortega, relata que, como en el caso de Héctor, los otros 64 habitantes de este hogar han llegado canalizados por los hospitales –donde, subraya, suelen abandonarlos los familiares–, por otras dependencias como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las fiscalías. En el último escenario, es común que las personas son reportadas como extraviadas o violentadas.

Por ello, Ortega insiste en que las autoridades deben ayudar con la documentación de los que han hecho de este espacio una familia: para ir dignificando su vida y su muerte, y que dejen atrás las secuelas del abandono que los trajo hasta esta casa hogar.

Población en situación de calle en CDMX aumentó

La población en situación de calle en la Ciudad de México aumentó 156 por ciento en tan sólo un año, revela el censo de 2025 realizado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien). Ello, al pasar de 1 mil 754 personas en 2024, a 2 mil 878 personas en 2025.

Por ello, las autoridades capitalinas han definido diversas estrategias de atención, entre las que se destaca su reconocimiento legal, alternativas de integración productiva y salud preventiva, indica Guillermo Alán García Capcha, director del Instituto Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP).

En entrevista para Contralínea, el funcionario explica que al igual que el año anterior, la alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de personas sin hogar. De 618 en 2024 pasó a 1 mil 11. A esa demarcación le siguen Venustiano Carranza e Iztacalco.

Dado que el censo confirmó que la mayoría de la población en situación de calle no cuenta con un documento de identificación oficial, la institución está guiando una nueva estrategia: “el siguiente paso de las brigadas nuevas es ayudarlos a tramitar sus documentos de identidad, y estamos trabajando con Consejería Jurídica de la Ciudad de México las rutas de atención en función a escenarios”.

Para ello, se revisará “si la persona tiene algún registro civil de nacimiento, si la persona no lo tiene, si la persona tiene una sospecha porque tiene algunos datos, pero no hay certeza de que tiene acta de nacimiento”. García Capcha explica que están “juntando los casos para seguir un camino, pero independientemente de eso ya las brigadas están [trabajando] en los casos más accesibles imprimiendo los CURP [Clave única de Registro Poblacional] de las personas que sí es más fácil identificar”.

El reconocimiento legal de esta población no sólo implica su integración como miembros de la sociedad, sino que también abre la posibilidad de que sean beneficiarios de programas sociales. En cuanto a los grupos etarios, el director del IAPP indica que se detectó menor prevalencia de menores de edad: “el énfasis aquí son las personas en edad productiva entre 18 y 59 años que sí fue encontrada, que sí fue identificada y que requiere medidas de política pública, en especial para ofrecer rutas alternativas de vida, de reincorporación o de integración a la vida productiva, cultural y recreativa como en otros aspectos en general para que vuelvan a integrarse finalmente a una vida comunitaria”.

García Capcha detalla que el censo no fue un esfuerzo aislado, sino una operación interinstitucional que incluyó la capacitación de más de 500 servidores públicos. “Este censo fue realizado en mayo de 2025 con la participación de 16 instancias del gobierno de la Ciudad de México y con la observación de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad en cuatro jornadas nocturnas”.

A partir de los hallazgos del censo, que ubican a más del 50 por ciento de la población callejera en al menos tres demarcaciones, el IAPP reconfiguró su despliegue en territorio mediante una nueva metodología basada en el establecimiento de polígonos. Al respecto, García Capcha señala que actualmente están “lanzando una estrategia fortalecida con 38 brigadas adicionales en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza”. A cada brigada se le ha asignado un polígono específico para trabajar de manera diaria.

El objetivo, explica, es establecer una familiaridad y cotidianidad con las personas para que, mediante su consentimiento, se puedan trazar rutas de acción según sus perfiles específicos. Añade que la atención del Instituto es ininterrumpida: “sea con recorridos de brigadas de atención en calle, 24 horas, tres turnos todo el año y sea también con la disponibilidad de centros o espacios de albergue”.

Subraya que durante la temporada invernal el esfuerzo se intensifica: “entregamos alimentos y cenas calientes; son mil raciones diarias que estamos entregando este año en cinco puntos que se establecen y que van rotando en la ciudad desde el 14 de noviembre hasta febrero”. Dos de estos puntos se mantienen fijos en el Centro Histórico, debido a la alta densidad de población callejera en esa zona.

Esta atención se complementa con un esfuerzo de salud preventiva. En convenio con la Secretaría de Salud, se establecen puntos de vacunación para influenza y Covid-19 tanto en calle como en albergues, y se aumentan los recorridos nocturnos para la entrega de cobijas en los días donde se anuncian descensos críticos de temperatura.

En cuanto a la reinserción de esta población, García Capcha destaca que no depende de una sola instancia, y que el diagnóstico por polígonos permite que, una vez identificado el perfil de la persona, se trabaje de la mano con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para fomentar el empleo y de ese modo ofrecer alternativas de integración productiva.

Asimismo, se coordina con la Secretaría de Salud para que unidades móviles roten por las alcaldías y brinden atención médica de primer nivel a quienes decidan acceder a los servicios de forma voluntaria.

Finalmente, el funcionario explica el funcionamiento de su red de infraestructura, la cual se organiza desde el Centro de Valoración y Canalización. Este espacio funciona como un primer filtro médico y psicológico para derivar a las personas a los Centros de Atención, Cuidado e Integración Social más adecuados, ya sea para personas adultas mayores, con discapacidad psicosocial o movilidad reducida.

Dentro de esta red, destaca el albergue transitorio San Miguel, perteneciente a la Estrategia de Transición entre la Calle y el Hogar como una pieza clave para la autonomía. El titular del IAPP lo describe como “un espacio de 6 meses para que en paralelo se pueda capacitar y fomentar que consigan empleo para que luego puedan tener un tipo de ahorro y puedan finalmente dejar la etapa de albergue y tener la oportunidad de volver a una vida autónoma”.

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