https://youtu.be/dsNj2WzdrFM”
La venta del 50 por ciento del capital accionario que Petróleos Mexicanos (Pemex) poseía en Gasoductos de Chihuahua, S de RL de CV durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, significó un negocio redondo para la trasnacional Sempra Energy, por el cual pagó 1 mil 143 millones 833 mil dólares.
En esta operación –que se hizo sin licitación de por medio–, cada dólar desembolsado por IEnova, filial de Sempra, valía: la trasnacional de origen estadunidense se hizo del control del transporte y almacenamiento de gas natural, pero también entró de lleno al mercado del gas licuado de petróleo (LP) y del etano.
Y es que, al momento de la desinversión de Pemex a favor de Sempra, la sociedad era dueña de cuatro ductos de gas natural con un total de 270 kilómetros, un ducto de gas licuado de petróleo de 200 kilómetros, una planta de almacenamiento de gas LP en Guadalajara, Jalisco, y una estación de compresión en Gloria a Dios, Chihuahua, revela el libro blanco que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador.
La versión sin censura de ese documento –titulado Memoria documental. Desinversión en Gasoductos de Chihuahua. Periodo 2012-2018– descubre que además se tenían dos proyectos activos: un ducto de etano de 225 kilómetros, que según Pemex es “el primero de su tipo en México” y cuya fase 1 inició operaciones en enero de 2015, mientras las fases 2 y 3 continuaban en construcción; y el ducto de gas natural Los Ramones Fase II, de 447 kilómetros, el cual también vendió, pero con posteridad, a IEnova.
Datos de la propia empresa refieren su importancia en el mercado del gas: dan cuenta de que Gasoductos de Chihuahua es dueña de otras seis empresas de alto perfil. Se trata de Ductos y Energéticos del Norte, IEnova Pipelines, Gasoductos de Tamaulipas, TDF, Transportadora del Norte, Gasoductos del Noreste y Gasoductos del Sureste; todas, sociedades de responsabilidad limitada de capital variable.
Gasoductos de Chihuahua, Gasoductos de Tamaulipas, TDF, Transportadora del Norte y Gasoductos del Noreste son titulares de permisos de transporte de gas natural, gas licuado de petróleo y almacenamiento de gas licuado de petróleo, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Además, Gasoductos de Chihuahua es propietaria del gasoducto Samalayuca y la estación de compresión Gloria a Dios; Gasoductos de Tamaulipas, del sistema de transporte de gas natural San Fernando; TDF, del sistema de transporte de gas licuado de petróleo Burgos-Monterrey; y Gasoductos del Noreste, del sistema de transporte de gas natural Ramones Fase I; y Transportadora del Norte SH es propietaria de la planta de suministro de gas licuado de petróleo en Zapotlanejo, Jalisco.
Otros negocios de este conglomerado que Pemex cedió a mediados de 2016 son: el sistema de transporte de etano que desarrolla en el Sureste del país la empresa Gasoductos del Sureste, así como los servicios administrativos, comerciales, contables y financieros para el resto del grupo, a cargo de Gasoductos Servicios Corporativos y de Administración.
Insertada en el esquema empresarial paralelo de Pemex, Gasoductos de Chihuahua fue fundada en 1997 como una de las 90 compañías de su propiedad y participadas. La sociedad original era con las empresas El Paso Energy International, Co, y El Paso Natural Gas, Co, fundadas en Texas, Estados Unidos, en ese mismo año.
Gasoductos de Chihuahua se constituyó en el sexenio de Ernesto Zedillo, “como respuesta a la necesidad que entonces se tenía de transporte y almacenamiento de hidrocarburos en México”.
Para 2010, la estadunidense Sempra Energy compró las compañías El Paso, refiere información de Pemex, y gracias a esta misma transacción obtuvo la propiedad del 50 por ciento del capital social de Gasoductos de Chihuahua.
Según la explicación que la administración del ingeniero Carlos Alberto Treviño ofreció en el libro blanco al equipo de transición –encabezado por el ingeniero Octavio Romero, actual director general de la petrolera–, 18 años después de haberla constituido, la empresa ya no le resultaba rentable.
“Al inicio de las gestiones para la desinversión, la mayor parte de los activos objeto de la operación se encontraban estabilizados, ya que las tarifas estaban limitadas por la CRE y sujetas a revisiones quinquenales. Dichas tarifas se fijaban con base en una tasa interna de retorno objetivo establecida por la CRE (10.14 por ciento fue la última observada). En este sentido, se consideró que los activos de la compañía presentaban un rendimiento limitado al tratarse de activos en su mayoría estabilizados. Por lo anterior, en 2015, como parte de las acciones de Pemex para incrementar la eficiencia operativa y financiera establecida en su Plan de Negocios aunado a un entorno de precios bajos del petróleo, se decidió desinvertir la participación en Gasoductos de Chihuahua equivalente al 50 por ciento del capital social.”
Pero la realidad era otra: en ese mismo año Pemex fue obligada a ceder toda su infraestructura de gasoductos al recién creado Centro Nacional de Control de Gas Natural, por lo cual debía trasladar su participación accionaria en Gasoductos de Chihuahua a esa nueva institución en vez de desinvertir a favor de Sempra.
Tal como ocurrió con el Gasoducto Los Ramones Fase II Norte, en la venta de Gasoductos de Chihuahua no hubo licitación pública ni se abrió a ofertas en la Bolsa Mexicana de Valores: Pemex convocó directamente a la trasnacional de origen estadunidense a comprar sus acciones.
A solicitud de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), la petrolera convocó a BBVA Bancomer, Credit Suisse y Deutsche Bank el 20 de febrero de 2015, para presentar una propuesta sobre la opción de esta desinversión y así elegir a una de ellas como agente estructurador. La seleccionada fue la española BBVA y la cesión de acciones a Sempra se concretó año y medio después: el 22 de septiembre de 2016.
Según el libro blanco, durante la venta de la participación de PGPB (ahora Pemex Transformación Industrial), se llevaron a cabo diversas negociaciones “buscando maximizar el monto de la contraprestación, así como procesos de presentación y revisión por parte de las instancias reguladoras involucradas, como la CRE y la Comisión Federal de Competencia”.
Fue hasta septiembre de 2016 cuando se concluyeron todas las condiciones de cierre, “por lo que Pemex recibió por parte de IEnova la cantidad 1 mil 143 millones 833 mil 608 dólares como contraprestación de la venta”. Monto que, según la petrolera del Estado mexicano, “está dentro del rango alto de las valuaciones de empresas del mismo sector en América del Norte”.
El proceso fue encabezado por la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, y abarcó dos gestiones: la de Emilio Lozoya Austin y la de José Antonio González Anaya, ambas en el gobierno de Peña Nieto. De este proceso fue enterado el 29 de julio de 2015 el Consejo de Administración de Pemex, que encabezaba el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell (acuerdo CA-159/2015).
A pesar de que, según Pemex, la empresa ya no era rentable, a Sempra parecía urgirle la compra. Así, para el 31 de julio de 2015, su filial IEnova ya habían firmado con la petrolera mexicana un convenio de cesión de parte social representativa del capital social de Gasoductos de Chihuahua (sujeto a que la Comisión Federal de Competencia Económica –Cofece– emitiera una resolución favorable); así como un convenio de suscripción y pago de partes sociales representativas de ese capital social.
Inmediatamente después, IEnova comunicó esta probable transacción a sus inversionistas, mediante un “evento relevante” en la Bolsa Mexicana de Valores.
Para el 17 de diciembre de 2015, “la Cofece objetó la concentración, por considerar que no se cumplió con las condiciones impuestas a PGPB anteriormente, las cuales versaban sobre la venta, mediante licitación, de su participación en las sociedades tenedoras del Proyecto Burgos-Monterrey (TDF, S de RL de CV) y Proyecto San Fernando (Gasoductos de Tamaulipas, S de RL de CV), mismas que se encontraban involucradas en la transacción de venta a IEnova”.
Pemex y Sempra Energy hicieron todas las modificaciones posibles para la compra venta de Gasoductos de Chihuahua. El 20 de septiembre de 2016, la Cofece notificó a las partes la aprobación de concentración. Para ello, Pemex tuvo que licitar públicamente los dos proyectos señalados por la Comisión.
De hecho, la licitación TDF0542005 (para la venta de la participación indirecta de Pemex Transformación Industrial en TDF, S de RL de CV), descubre que esa resolución (con folio CNT-054-2005) había sido emitida desde el 1 de septiembre de 2005 por la entonces Comisión Federal de Competencia, y desde entonces la subsidiaria petrolera se mantenía en desacato. No obstante, la petrolera mexicana no mantiene públicos los resultados de esa convocatoria.
Más aún, el informe que Pemex rinde a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos refiere que “el 15 de septiembre de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica aprobó la venta directa propuesta a IEnova tal como estaba estructurada, que incluyó un proceso de licitación competitiva con respecto al Gasoducto San Fernando y LPG Ducto TDF. La venta inicial no incluía a la empresa filial Ductos y Energéticos del Norte, S de RL de CV, por lo que Pemex Transformación Industrial conservó una participación del 50 por ciento”.
Según el libro blanco, “con el cierre de la transacción, Pemex ha logrado desinvertir un activo no estratégico para su nuevo modelo de negocio como empresa productiva del Estado, permitiéndole obtener recursos necesarios para continuar con sus principales actividades. Con esta operación, Pemex reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo sus finanzas, enfocándose conforme al Plan de Negocios en las actividades que generen mayor valor, en un nuevo contexto de la industria energética nacional.
“Con la desinversión, Pemex obtuvo los recursos monetarios que complementaran los recursos presupuestales para lograr la meta de balance del ejercicio correspondiente y le permitió concentrarse en prioridades estratégicas del negocio sin tener que recurrir al mercado de deuda”.
No obstante, para Sempra Energy la compra de Gasoductos de Chihuahua “se hizo para continuar con la expansión de la compañía [IEnova]”, que “desarrolla, construye y opera infraestructura de energía en México”, “con más de 1 mil empleados y aproximadamente 8.2 mil millones de dólares invertido”.
De acuerdo con su informe a accionistas de 2016, “los activos involucrados en la adquisición [del 50 por ciento del capital social que poseía Pemex] incluyen tres ductos de gas natural; un ducto de gas etano; un ducto de gas licuado de petróleo y una terminal de almacenaje” de ese mismo energético.
Otro dato que revela su información financiera son los proyectos de la sociedad: “el gasoducto Samalayuca, la Terminal de Gas LP de Guadalajara, el Ducto TDF, la Estación Gloria a Dios, el gasoducto Los Ramones I, el gasoducto Los Ramones Norte y el Etanoducto, inversiones que en su conjunto suman más de 2 mil millones (sobre bases al ciento por ciento)”.
Aunado a lo anterior, destaca que antes de adquirir Gasoductos de Chihuahua, IEnova inversiones en México por apenas un valor aproximado de 2.8 mil millones de dólares.
Y, aunque para Pemex este negocio ya no le representaba rentabilidad, previo a la venta y a que le fuera exigido transferir su infraestructura al Cenagas, había firmado un memorándum de entendimiento con IEnova y Sempra, LNG, para el desarrollo de una planta de licuefacción de gas natural, en su terminal de recibo, almacenamiento y regasificación Energía Costa Azul, localizada en Ensenada, Baja California.
Fue el 19 de febrero 2015 cuando se anunció esa firma, apenas 3 meses antes de que la petrolera mexicana iniciara los preparativos de desinversión en Gasoductos de Chihuahua, por considerarla dentro de un área no prioritaria y que no le significaba grandes ingresos.
Nancy Flores
[INVESTIGACIÓN] [CAPITALES] [SOCIEDAD]
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