La sede del Consejo de la Judicatura Federal en Cuernavaca, Morelos, se construyó con permisos “ilegales”, pues las licencias de uso de suelo y de construcción violan el programa de desarrollo urbano. Al mutismo del Poder Judicial sobre el tema, se suma la inacción de las autoridades municipales que, a pesar de haber entregado los permisos, dicen no tener facultades para averiguar las supuestas irregularidades
Cuernavaca, Morelos. Enclavada en una zona de esta ciudad, en la que sólo se permite la construcción de edificios gubernamentales de hasta 1 mil metros cuadrados y se prohíbe la edificación de juzgados y tribunales, se erige la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): un conjunto de tres edificios, de cinco pisos cada uno, cuya superficie es 20 veces mayor de lo que admite el programa de desarrollo urbano local.
Con la inauguración del inmueble, realizada el pasado 1 de diciembre, terminaron de socavarse los intentos de los vecinos agrupados en la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, AC, para que la obra no se construyera.
Ellos argumentan que los permisos de construcción, otorgados por el municipio de Cuernavaca, son “ilegales”, pues contravienen el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de Cuernavaca, donde se estipula que la zona donde se asienta la sede del Poder Judicial no es apta para ese tipo de edificación.
Los vecinos también apelan a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos: cualquier licencia de uso de suelo o construcción emitida en contravención a dicho programa “es nula de pleno derecho”.
Pese a que las denuncias vecinales se han hecho desde 2009, el gobierno municipal de Cuernavaca no ha investigado las supuestas irregularidades en los permisos de construcción, que fueron otorgados durante la administración pasada, a cargo de Jesús Giles Sánchez, hoy diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).
En octubre de 2009, días antes de tomar posesión de su cargo, el actual presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, declaró al diario Reforma que investigaría el proyecto de construcción.
Un año ha pasado desde entonces y, hasta ahora, las autoridades municipales no han emprendido acción alguna para indagar si las licencias de uso de suelo y de construcción fueron autorizadas violando los estatutos del programa de desarrollo urbano de la ciudad; por el contrario, argumentan que eso es competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Morelos, pues “la autoridad no revisa sus propios actos”.
Jorge Arturo Díaz de Sandi Cedeño, presidente de la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, AC, estima que, con la operación de la sede del CJF, se intensificarán los problemas viales que de por sí ya existen en la zona.
En esa parte de la ciudad, son escasas las vialidades, lo que complica el tránsito vehicular; además, en la zona se encuentran una tienda Liverpool, una Mega Comercial Mexicana y cines, así como la Universidad del Sol, cuyas instalaciones están contiguas a la sede del CJF.
La asociación presidida por Díaz de Sandi Cedeño, que agrupa a 400 familias, considera que, con el inicio de operaciones del CJF, se verán afectadas por problemas viales y de desabasto de agua y de transporte público alrededor de 30 colonias, entre ellas Flores Magón, Villas del Lago, Vistahermosa, Amate Redondo, Jardines de Cuernavaca, Conjunto Primavera, Jardines de Delicias, Provincias del Canadá, Tulipanes, Antonio Barona, Rinconada Vistahermosa I y II y Reforma.
La construcción de la Ciudad Judicial, como se le conoce a la sede local del CJF, obedeció a que la representación del Poder Judicial en la entidad tenía un “déficit de espacio sin posibilidad de crecimiento” de 5 mil 610 metros cuadrados, aunado a que sus órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas estaban “dispersos” en ocho inmuebles, de acuerdo con el documento del proyecto Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Cuernavaca, Morelos, elaborado por el CJF.
El proyecto refiere que para resolver esta “problemática”, el Consejo de la Judicatura compró en diciembre de 2007 el predio ubicado en Boulevard del Club 103, al Oriente de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El terreno, cuya extensión es de 20 mil 2 metros cuadrados, tuvo un costo de 40 millones de pesos.
De acuerdo con la Tabla de zonificación, densidad y compatibilidad de uso del suelo de la delegación Miguel Hidalgo –donde se asienta el edificio del CJF–, el área que ocupa el predio del Poder Judicial está tipificada como H2, uso de suelo habitacional en el que está prohibida la construcción de oficinas, de gobierno o de particulares, de más de 1 mil metros cuadrados. Dicha tabla, que forma parte del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Cuernavaca, también restringe la edificación de tribunales y juzgados.
No obstante, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas otorgó la licencia de uso de suelo al CJF el 16 de junio de 2008. En dicho documento –del que Contralínea tiene copia– se reconoce que el predio del Consejo de la Judicatura “se encuentra en una zona tipificada como H2”. A pesar de ello, la dependencia local dictaminó “procedente” la construcción de una obra de 21 mil 735.11 metros cuadrados: 15 mil 775.11 metros cuadrados para el edificio y 5 mil 960 metros cuadrados para un estacionamiento cubierto.
La autorización ampara la construcción de tres edificios para albergar dos oficinas para jueces y tres para magistrados, así como el área y oficinas del Juzgado 4 de Distrito y un salón de sesiones, entre otras cosas. Asimismo, establece que la construcción requiere 394 cajones de estacionamiento al interior del predio.
Siete meses después, el 26 de enero de 2009, el CJF consiguió de la misma Secretaría la licencia de construcción; mas esta autorización establece una superficie de construcción de 23 mil 292.5 metros cuadrados, es decir 1 mil 557.39 metros cuadrados más de lo autorizado en la licencia de uso de suelo y más de 22 mil metros extra a los permitidos en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Cuernavaca.
Además, una Constancia de zonificación expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el 23 de julio de 2007 estipula que cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en ese predio deberá observar un Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) “máximo de 1.00”, lo que significa que “sólo podrá construir en planta baja y niveles superiores el equivalente a la superficie total del predio”.
Pero la licencia de construcción de la sede del CJF, cuyo folio es 0558/LC/26/I/09, refiere una superficie del terreno de 20 mil 2 metros cuadrados para una obra cuya superficie es de más de 23 mil metros cuadrados, con lo que el CUS rebasaría al establecido por la dependencia local.
Tanto la licencia de uso de suelo como la de construcción fueron entregadas al CJF por el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio morelense, Luis Enrique Arvizu Romano; en el periodo en que se entregaron los permisos, al frente de la administración municipal se encontraba el actual diputado federal panista Jesús Giles Sánchez.
A través del área de Comunicación Social del PAN en la Cámara de Diputados, se solicitó entrevista con Giles Sánchez para conocer las razones por las que las autoridades municipales, entonces a su cargo, otorgaron los permisos en contravención al programa de desarrollo urbano. Hasta el cierre de esta edición, no se tuvo respuesta.
La actual administración local, a cargo del priista Manuel Martínez Garrigós, justifica su inacción para investigar si las licencias de uso de suelo y de construcción tienen irregularidades, señalando que éstas se otorgaron en la administración pasada.
El asesor jurídico y responsable de la Dirección de Obras del municipio de Cuernavaca, Rogelio Maldonado, dice a Contralínea que, además, el ayuntamiento no puede revisar las licencias que otorga y resolverlas, dado que sería “juez y parte”.
“Las licencias ya están expedidas y, como tal, ya tienen un valor, y le generan derechos al Poder Judicial federal. De ahí que, bajo el amparo de esas licencias, construyeron el edificio. Como autoridad, revisar nuestros propios actos no es viable”, señala el funcionario.
A pesar de que los artículos 46, 160 y 168 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos señalan que cualquier licencia de uso de suelo o construcción emitida en contravención a los programas municipales es “nula de pleno derecho”, Maldonado refiere que la única instancia competente para indagar acerca de la supuesta ilegalidad de los permisos de construcción es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos.
El 19 de agosto de 2009, la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, AC, presentó una demanda en la Tercera Sala de dicho Tribunal en contra del ayuntamiento de Cuernavaca, exigiendo la nulidad de las licencias de uso de suelo y de construcción de la obra del CJF.
En julio pasado, el Tribunal sobreseyó la demanda. La razón fue que carecía de criterio jurídico, explica Díaz de Sandi.
Inconformes con la resolución del Tribunal, los colonos interpusieron el amparo 1032/2010 ante el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. El pasado 19 de noviembre, a menos de un mes de que se inaugurara la obra, la asociación vecinal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el juicio de amparo.
A finales de octubre de 2009, el diario Reforma hizo pública la acusación de anomalías en la construcción de la sede del Poder Judicial. El día 26, el reportero Héctor Raúl González dio a conocer que Manuel Martínez Garrigós, quien estaba a unos días de tomar posesión del cargo de presidente municipal, declaró que si el proyecto violaba el marco jurídico municipal, había que “echarlo para abajo”.
Pero la solícita actitud de Martínez Garrigós se desvaneció al llegar al cargo. El ayuntamiento ha hecho caso omiso a los reclamos de la Asociación de Colonos de Delicias de Cuernavaca, AC, quienes incluso solicitaron una audiencia con el edil el 20 de octubre pasado para tratar “la construcción ilegal del Consejo de la Judicatura Federal en Cuernavaca”.
Una petición similar fue hecha al actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Rafael Eduardo Rubio Quintero. Hasta la fecha, ninguno de los dos funcionarios ha respondido a dichas solicitudes de audiencia.
El ayuntamiento también ha hecho oídos sordos a los exhortos tanto del Congreso local como del Senado de la República para que revise los permisos de construcción para determinar si hubo irregularidades en su otorgamiento.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió, en junio de 2010, una recomendación a las autoridades del municipio de Cuernavaca. En ella se acredita la “violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derivado del ejercicio indebido de la función pública”.
El expediente 022/2010-2 señala también la negativa del ayuntamiento a proporcionar información a la CDHEM, “contraviniendo ordenamientos constitucionales, instrumentos internacionales, leyes y planes estatales relacionados con la materia de la presente queja”.
Contralínea buscó al presidente municipal de Cuernavaca, Martínez Garrigós, y al secretario de Desarrollo Urbano, Rubio Quintero, para que explicaran por qué no se ha investigado si hubo irregularidades en el otorgamiento de los permisos de construcción. No se obtuvo respuesta.
La Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal tampoco respondió a este semanario sobre su postura y su responsabilidad como autoridad estatal en este caso.
Para la realización de este trabajo, Contralínea también buscó conocer la postura del CJF en voz de su presidente, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien también está al frente de la SCJN. Sin embargo, el área de Comunicación Social de la Suprema Corte negó la petición a este semanario, arguyendo que el ministro presidente no da entrevistas de ninguna índole.
El área de comunicación social del CJF dijo a Contralínea que tenían conocimiento de las denuncias por las supuestas irregularidades en los permisos de construcción. Aunque su director de Comunicación Social, Guillermo López Figueroa, había accedido a conceder una entrevista a este medio, al cierre de edición, no se tuvo respuesta.
También se solicitó entrevista con la secretaria ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales del CJF, Mónica María del Rosario Barrera Rivera. Su oficina tampoco contestó la petición.
En el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Morelos (IRPPC) consta que, bajo el folio 13399, se registró un predio a nombre de Sergio Ahedo Mendoza, representante de la Inmobiliaria CWM, SA de CV, (subsidiaria de la empresa Costco), con una superficie de 32 mil 7 metros cuadrados.
Sin embargo, una constancia de antecedentes del predio con folio 13399 –del que Contralínea tiene copia– señala que éste pertenecía a la Judicatura Federal.
Acorde con el documento del proyecto Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Cuernavaca, Morelos, el CJF adquirió el terreno para su sede el 20 de diciembre de 2007. Pero la superficie de ese predio era de 20 mil 2 metros cuadrados y no de 32 mil 7 metros cuadrados, como indica la constancia de antecedentes.
El registro electrónico del predio, con folio 13399, muestra que éste fue dividido en tres fracciones el 20 de diciembre de 2007; una de éstas, cuya superficie es de 20 mil 2 metros cuadrados, fue adquirida por el CJF.
Los otros dos lotes, uno con extensión de 10 mil 682 metros cuadrados y otro de 1 mil 323 metros cuadrados, fueron vendidos a Carolina Pariente Gavito, Gloria Minvielle Lagos y Adina Neumann Mondlak, quienes, a su vez, los vendieron a Corporativo del Lago, SA de CV, y Cuernavaca Corporativo del Lago, SA de CV, de acuerdo con los folios 408252 y 408254, respectivamente, del IRPPC.
En la actualidad, a un costado de la sede del CJF se alza un conjunto de cuatro torres de oficinas, propiedad de Corporativo del Lago, SA de CV. De acuerdo con lo que refiere la constancia de antecedentes del predio, con folio 13399, el predio que ocupan esos edificios pertenecería al CJF.
Voces ignoradas
El 24 de junio pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió una recomendación a los servidores públicos del ayuntamiento de Cuernavaca, por “violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derivado del ejercicio indebido de la función pública”.
El órgano autónomo acreditó el ejercicio indebido de la función pública de los servidores públicos municipales, así como el incumplimiento de las medidas precautorias solicitadas por él, y que el edil había aceptado, en las que se pedía verificar las licencias de uso de suelo y de construcción de la sede del CJF.
Además, señala la negativa del ayuntamiento a proporcionarle información durante el proceso de integración del expediente, con lo que la autoridad local contravino ordenamientos constitucionales, instrumentos internacionales, leyes y planes estatales relacionados con la queja.
Por ello, la CDHEM recomendó al edil iniciar un procedimiento administrativo para deslindar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano por negar la documentación e información de las licencias de uso de suelo y de construcción a la Comisión.
También le recomendó que, de proceder, formulara una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar la investigación y persecución de delitos ecológicos; así como que promoviera el equipamiento urbano necesario para “garantizar la viabilidad en el centro de población aledaña a la construcción”.
Asimismo, recomendó crear un órgano con capacidad técnica, científica y jurídica para emitir los dictámenes y estudios técnicos para la aprobación de planes parciales, “y no delegar esa facultad en los particulares que tengan intereses ajenos a los de la colectividad”.
La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Senado de la República también emitió un exhorto el 29 de julio de este año al municipio y al gobierno estatal para que evaluaran la viabilidad jurídica, ambiental y de ordenamiento territorial del proyecto de construcción del edificio del Poder Judicial.
En el ámbito local, los diputados Rabindranath Salazar Solorio, Hortencia Figueroa Peralta y Fidel Demedicis Hidalgo, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, establecieron el 25 de octubre pasado un Punto de Acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Cuernavaca a revisar el expediente técnico que motivó el otorgamiento de la licencia de construcción del edificio del CJF, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano para intervenir y evaluar la problemática y presentar una nueva propuesta de proyecto.
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