María Julia Mayoral/Prensa Latina

 

Sin propuestas novedosas para contender al gobierno, la totalidad de las coaliciones políticas que enfrentan al sandinismo en Nicaragua centran su atención en colocar obstáculos y restar legitimidad al proceso electoral en curso.

 

La tendencia se hace cada vez más evidente ante la proximidad de los sufragios del próximo 6 de noviembre, en los que alrededor de 3 millones 300 mil votantes deberán elegir presidente y vicepresidente de la República para un período de cinco años. También a 90 diputados de la Asamblea Nacional y a 20 legisladores para la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano.

 

En años recientes sectores conservadores recurrieron a la llamada “política del miedo” con el propósito de restar apoyo al mandatario Daniel Ortega, reelecto en 2006 con el 37.99 por ciento de los votos válidos emitidos. Trataron de enraizar la idea de que con su retorno al poder, en enero de 2007, la economía caería en bancarrota, luego de 16 años de supuestas bonanzas con tres sucesivas administraciones neoliberales. Sin embargo, en cuatro años y medio de gestión, el Ejecutivo, que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha logrado un ritmo de crecimiento anual del 4 por ciento en alianza con la iniciativa privada y los trabajadores, sin dejar atrás programas de amplia cobertura social a partir de recursos estatales.

 

En opinión del expresidente del Banco Central de Nicaragua y actual representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Francisco Mayorga, la economía nacional se encuentra “muy fortalecida, por lo que la crisis del capitalismo en Europa y Estados Unidos no le afectará en gran medida”. Nicaragua, estima el experto, “cada día es menos vulnerable a las vicisitudes del mercado internacional”, y para 2011 el producto interno bruto podría crecer hasta 5 por ciento.

 

Las evaluaciones publicadas en el Informe Pastrán indican que “una de las ventajas del partido en el gobierno es que no promete a los electores, sino que realiza obras y programas de impacto social que la gente ve y eso le suma votos”.

 

La falta de polarización de la opinión pública en relación con los candidatos marca la diferencia entre la actual campaña y las celebradas entre 1990 y 2006, indica el boletín electrónico. Ortega, valora la misma fuente, “ha logrado captar la opinión favorable de un grupo de tradicionales indecisos que ven en el pleito de la división de los sectores liberales una desesperanza”.

 

Tribunal electoral, en la picota

 

Periódicos y agrupaciones políticas opositoras insisten en poner en tela de juicio al Consejo Supremo Electoral (CSE) luego de fracasar a fines de 2009 en los planes de crear un vacío de poder con el objetivo de socavar al gobierno e impedir una posible reelección de Ortega.

 

Por esa fecha, la Asamblea Nacional debía de elegir a una veintena de funcionarios del CSE, de laCorte Suprema de Justicia República deNicaraguay otros poderes del Estado, pero el Legislativo incumplió debido a consecutivos bloqueos por parte de los diputados antisandinistas. La solución del presidente Daniel Ortega, mediante decreto emitido en enero de 2010, fue prorrogar el mandato legal de dichos servidores públicos.

 

Pese a la respuesta institucional, medios de prensa y políticos locales utilizan habitualmente el término de “magistrados de facto” para referirse a los miembros del CSE, mientras que colocan en primer plano supuestos actos de corrupción y malos manejos de fondos públicos por parte del ente electoral.

 

Sobre el órgano a cargo de organizar y dirigir los comicios llueven las críticas por supuestas manipulaciones del padrón electoral y en la entrega de cédulas de identidad a los ciudadanos aptos para concurrir a las urnas. En varios territorios, entre ellos el municipio de San Fernando, activistas de alianzas adversarias lograron catalizar en contra del gobierno las demoras reales en los trámites de cedulación, lo cual dio lugar a varias manifestaciones de protesta. El vocero del CSE, Félix Navarrete, adjudica los incidentes a los partidos de oposición que manipulan a sus simpatizantes: “Esta es una maniobra que algunos sectores políticos realizan para desvirtuar la labor que hace el CSE en materia de cedulación”, declaró el funcionario a un canal de televisión en Managua.

 

 

Hasta el momento todas las encuestas ubican a Ortega como virtual ganador en las elecciones de noviembre, con un mínimo de aceptación superior al 40 por ciento.

 

De acuerdo con la legislación nicaragüense, para ganar en una primera ronda cualquier aspirante presidencial necesita el 40 por ciento de los votos válidos o sumar un mínimo de 35 por ciento y 5 puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano rival.

 

Un reciente sondeo de la firma M&R Consultores concede al líder sandinista el 56.5 por ciento de las intenciones de voto, lo que permitiría su reelección con amplia ventaja. El diagnóstico ubica en segundo lugar al octogenario empresario Fabio Gadea (14.1 por ciento), lanzado al ruedo político bajo el manto legal del Partido Liberal Independiente (PLI).

 

Es de conocimiento público que éste goza de simpatías por su personaje de historietas para la radio, pero pocos ven en él a un hombre con posibilidades para gobernar. Aparece como aspirante a la primera magistratura, en calidad de “candidato de consenso”, cuando dos figuras claves de la corriente liberal (el expresidente Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre) concluyeron 10 meses de infructuosas negociaciones para determinar quién de los dos iría a la cabeza frente a Daniel Ortega.

 

El reciente sondeo de M&R Consultores posiciona en tercer lugar, con el 5.8 por ciento de las intenciones de voto, a Arnoldo Alemán, postulado por la coalición que comandada el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

 

Una nueva encuesta, hecha por la consultora Siglo Nuevo, marca un comportamiento similar al expuesto por M&R Consultores: Ortega acapara el 57.1 por ciento de la preferencia electoral, con más de 40 puntos de ventaja sobre su más cercano contendiente, Fabio Gadea (15.8 por ciento).

 

La totalidad de las mediciones ubican muy por debajo a los otros dos contendientes: Enrique Quiñones, de la Alianza Liberal Nicaragüense y Róger Guevara, representante de la coalición que encabeza la Alianza por la República.

 

Ya sea por desconfianza real o por empañar la condición de Ortega como favorito, analistas nacionales observan con recelo los datos de las firmas encuestadoras. Sobre el tema, el boletín Informe Pastrán señala que el 26 de enero de 1990 el extinto diario Barricada, del FSLN, dio por ciertos los estimados de la firma encuestadora Eco-Uca que confirió amplia primacía al sandinismo. Éste concedió 67.8 por ciento de las intenciones de voto al FSLN con Daniel Ortega como candidato, y 27.9 a la Unidad Nicaragüense Opositora (UNO), y a la aspirante Violeta Barrios de Chamorro. Al final, el Informe Pastrán señala que la historia fue al revés: la UNO obtuvo más del 53 por ciento y el FSLN 40 por ciento.

 

Actualmente fuentes ligadas al PLC y al PLI circulan por internet dichos pronósticos divulgados por Barricada “para restarle méritos y credibilidad al último sondeo de M&R”, revela el Informe Pastrán poco después de darse a conocer el estudio.

 

Figuras de la oposición muestran temores no sólo porque Ortega tiene la posibilidad de gobernar otros cinco años, sino porque un porcentaje elevado le permitiría a la alianza comandada por el FSLN (Unida Nicaragua Triunfa) contar con mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional y en la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano.

 

Sin embargo, nada parece indicar que los afanes antisandinistas logren unirse; al contrario, las discordias van en aumento, y ahí se inscriben las imputaciones mutuas entre Gadea y Alemán, quienes a pesar de tener vínculos familiares, decidieron sacar a la luz los trapos sucios que denotan falta de honestidad y uso indebido del erario público.

 

Entre los llamados golpes sucios figura, además, el reclamo que formaliza el PLC ante el tribunal electoral para exigir la suspensión de tres candidatos a diputados por la alianza PLI: Gustavo Gross, Joel Lira Torres y Maximino Rodríguez. El poder electoral aceptó la petición al reconocer que esos candidatos cometieron violaciones al usar distintivos del PLC en actos proselitistas a favor del PLI, en un contexto de doble militancia.

 

Hay al menos dos realidades evidentes en la actual contienda electoral en Nicaragua: el éxito del sandinismo basado en su gestión de gobierno y la incapacidad de los adversarios para sobreponerse a rencillas y afanes personales por el poder. No obstante, la evaluación final la dará el pueblo el próximo 6 de noviembre, mediante el voto secreto y directo en las urnas.