El neoliberalismo como patrón de acumulación se caracterizó por el trazado de un sistema económico basado en una economía de mercado, dirigida por los intereses empresariales globales. El saldo de la aplicación de este modelo varía de un país a otro, pero, la lógica de acrecentar la riqueza de unos cuantos a costa del beneficio de los Estados nacionales, resulta ser una constante.
En el caso de nuestro país, una de las estrategias a la que se recurrió con mayor ahínco fue el saqueo de fondos públicos, cuyos operadores fueron los denominados economistas tecnócratas, responsables de la construcción de esquemas de corrupción mediante artimañas legales e ilegales que permitieron a ciertos individuos y empresas maximizar sus ganancias, a costa del despojo a la nación.
Con la llegada del humanismo mexicano, comenzó a instrumentalizarse una estrategia de economía abierta dirigida por los Planes Nacionales de Desarrollo con miras a reactivar al sector público como sujeto dinamizador de la economía. Para ello se impulsó una serie de modificaciones en materia fiscal con el objetivo de ampliar los márgenes de recaudación que permitan financiar este proyecto. Para muestra se tiene el aumento en la recaudación tributaria durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue del orden del 7.6 por ciento por encima de lo presupuestado. ¿Cómo olvidar que al inicio de esta administración aumentaron los ingresos por concepto de pago de impuestos atrasados provenientes de empresas como como América Móvil (8,289 mdp), Waltmart (8 mil 79 millones de pesos), Femsa (8 mil 790 MDP), IBM (669 MDP) y la minera Fresnillo (4 mil 500 MDP)?
También se tienen reportes por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que señalan que en el año 2024 la recaudación aumentó en un 12 por ciento, y la evasión bajó un 30 por ciento en sectores focalizados. Lo que da cuenta de un saldo favorable en la estrategia fiscal de combate a la corrupción. Pues, con base en datos recuperados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el año 2024 se detectaron alrededor de 30 mil millones de pesos en devoluciones fraudulentas del impuesto al valor agregado (IVA), y ese mismo año se realizaron 738 suspensiones de importadores que subfacturaban en el comercio exterior, es decir, registraban importaciones a menores precios para reducir aranceles e IVA.
Esto que podemos denominar una reforma fiscal silenciosa, por sus notables resultados en materia de combate a la evasión y elusión fiscal, han puesto sobre el ojo crítico de la población a los empresarios que, al amparo de la estructura de corrupción neoliberal, ocultaban deliberadamente sus ganancias, permitiéndoles así la reducción o eliminación del pago de sus impuestos. Lo cual a todas luces resulta ser un delito. Pues recordemos que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la omisión intencional de obligaciones tributarias, como no declarar ingresos o usar facturas falsas, son delitos sancionables con penas que van desde multas que alcanzan hasta el 150 por ciento del impuesto omitido, hasta penas de prisión por un periodo de hasta 9 años.
La razón de sancionar el ejercicio de estas prácticas responde a que erosionan la relación del Estado mexicano con sus miembros. Pues con el mensaje de los “los más ricos no pagan impuestos” se violan los principios de igualdad y justicia económica en materia distributiva. Sin omitir el hecho de que el Estado cuenta con menos recursos para ampliar o mejorar el acceso a bienes públicos tan importantes como son: la salud, la educación, la cultura, la infraestructura en el país y por supuesto, las empresas del Estado cuyos ingresos son de la nación.
De esto eran conscientes los neoliberales, pero parece que poco les importaba. Pues, si analizamos la evolución histórica de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB observamos que: i) en 1990 la recaudación era del 15.8 por ciento, ii) al terminar el sexenio de Zedillo disminuyó a 13.8 por ciento, aun con el aumento al IVA al 15 por ciento, iii) durante los gobiernos panistas el porcentaje de recaudación fue del 13.7 por ciento, siendo el 2005 el año con menor nivel de recaudación, con Vicente Fox como presidente con un porcentaje del orden del 11 por ciento y un registro de ampliación de las exenciones, v) desde 2018 el porcentaje de recaudación supera el 17 por ciento según la metodología de la OCDE.
Si se analiza este aumento por desglose del tipo de impuesto, se observa que impuesto sobre la renta (ISR) es la principal fuente de ingresos tributarios (alrededor del 55 por ciento del total tributario), y su tendencia al alza responde al aumento en los niveles de formalización laboral y la fiscalización a grandes contribuyentes. Por su parte, el IVA representa el segundo rubro clave (alrededor del 29 por ciento), y al tratarse de un impuesto al consumo, su registro de incremento responde a la reactivación económica que se está dando en el país, y al combate a devoluciones fraudulentas.
Como se puede observar, estas cifras resultan históricas en un contexto en el cual nuestro pueblo se había acostumbrado a que los ricos pagaran (en términos proporcionales) menos impuestos que los pobres, bajo la falacia de que el pueblo debía apretarse el cinturón, con el fin de sentar los cimientos para un futuro mejor. Y sólo por estas cifras, es fácil entender los tantos dolores de cabeza que las administraciones de la 4T han provocado a los reaccionarios. Dolores que lamentablemente no se alivian con un analgésico, porque son dolores históricos, dolores de clase.
Carolina Hernández Calvario*
* Académica de la UAM Iztapalapa; licenciada y doctora en economía (Facultad de Economía de la UNAM); maestra en estudios latinoamericanos (Facultad de Filosofía y Letras. Su campo de especialización es en economía política.
Te podría interesar: Nueva Ley de Aguas eliminará mercado negro y corrupción en concesiones; dictamen sube al pleno del Congreso
