Una investigación de 10 meses sobre la fiebre del oro en Haití halló acuerdos clandestinos, actores con fines divergentes, memorandos de legalidad cuestionable y unas reglas de juego que no podrían ser menos equitativas
Haiti Grassroots Watch, corresponsales*/Tierramérica/IPS
Puerto Príncipe, Haití. Unos 20 mil millones de dólares en oro, cobre y plata yacen en las colinas de Haití, el país más pobre del continente. El tesoro vale la pena para inversores de América del Norte que ya han gastado 30 millones en prospección.
Según sus leyes, las riquezas del subsuelo pertenecen a “la nación haitiana”. Pero el país nada sabe sobre las perforaciones que se llevan a cabo en el Norte de su territorio.
“Los minerales pertenecen al dominio público del Estado”, dice el geólogo Dieuseul Anglade, quien estuvo al frente de la agencia minera estatal durante los últimos 20 años y que un mes después de hacer estas declaraciones fue destituido por el nuevo primer ministro, Laurent Lamothe. “Si no se redactan leyes más firmes y mejores contratos, es preferible dejar los minerales en el subsuelo”, insiste.
Ahora, la empresa canadiense Eurasian Minerals y sus subsidiarias locales están listas para extraer el oro del mismo suelo donde Cristóbal Colón y los españoles obligaban a excavar a los indígenas haitianos hace más de 500 años.
Cuatro décadas después del desembarco de Colón en 1492, el duro trabajo en las minas, las matanzas y el contagio de enfermedades desconocidas redujeron la población nativa de unas 300 mil personas a apenas 600.
Eurasian llegó a esas colinas hace poco y se dedicó a comprar licencias y concesiones. Hasta ahora posee 53 y controla los derechos de exploración o explotación de casi un tercio del Norte de Haití, considerada la zona más prometedora.
La empresa, que lleva analizadas unas 44 mil muestras, está asociada con la compañía número dos en el negocio aurífero mundial: Newmont Mining Corporation, con sede en Estados Unidos.
La firma canadiense, Majescor y una estadunidense más pequeña, VCS Mining, y sus subsidiarias también tienen licencias por una superficie de unos 750 kilómetros cuadrados.
En total, alrededor del 15 por ciento del territorio haitiano está concesionado a empresas mineras de América del Norte y sus socias.
Como sostuvo la filial haitiana de Majescor en una presentación corporativa, Haití es “el gigante dormido del Caribe”.
El gigante durmió en las últimas tres décadas porque era demasiado costoso explotar minerales en este país, sacudido por violentos golpes de Estado y con una importante resistencia social a la minería.
Pero el precio del oro se ha mantenido estable por más de un año, arriba de los 1 mil 500 dólares por onza; y en Haití están asentados 10 mil Cascos Azules, capaces de garantizar una seguridad mínima a las empresas.
Además, en la vecina República Dominicana se empieza a explotar un yacimiento calificado como el más grande del continente, con casi 24 millones de onzas, y que se encuentra en el mismo cinturón geológico.
En una nación donde el desempleo alcanza el 70 por ciento, la mitad de la población vive con menos de un dólar al día y la mayor parte del presupuesto del Estado se cubre con ayuda extranjera, la idea de un tesoro enterrado es como la leyenda de El Dorado.
Pero no todos los haitianos son tan entusiastas. Tampoco está claro que las eventuales ganancias vayan a beneficiar a la población.
Las empresas mineras estiman que las colinas de Haití albergan unos 20 mil millones de dólares en oro, buena parte “invisible”, repartido en partículas diminutas en la roca y los suelos. La extracción sólo será posible con minas a cielo abierto.
Esta minería puede envenenar las fuentes de agua y degradar el ambiente.
Newmont sabe de minas a cielo abierto. En la década de 1960 inició este tipo de explotación en el occidental estado de Nevada, en Estados Unidos, y luego la repitió en Ghana, Nueva Zelanda, Indonesia y otros países. En Perú administra una de las más grandes del mundo: la de Yanacocha, de 251 kilómetros cuadrados.
Pero incluso con toda esa experiencia, sus antecedentes no están libres de fallos.
En Perú, organizaciones de agricultores sostienen que su suministro de agua se contaminó con cianuro, y en 2000 un derrame de un cargamento de mercurio hizo que decenas de personas contrajeran enfermedades mortales.
En Ghana, Newmont opera un yacimiento en la región conocida como el “granero” del país. Sus operaciones en Ahafo del Sur han desplazado a unas 9 mil 500 personas, casi todas dedicadas a la agricultura de subsistencia, según el Environmental News Service.
También allí, el agua se contaminó por lo menos una vez, según admitió la compañía. En 2010, incluso, aceptó pagar indemnizaciones de 5 millones de dólares por un derrame de cianuro en 2009.
“Podemos asegurar que Newmont está comprometida con fuertes prácticas ambientales, sociales y éticas”, sostiene Diane Reberger, funcionaria de la empresa, en un correo electrónico del 25 de mayo que responde a las preguntas para esta investigación.
La fragilidad ambiental de Haití también cuenta, según el exministro del Ambiente, Yves-André Wainright. De una cobertura forestal que comprendía 90 por ciento del territorio en 1492, el país sólo conserva 1.5 por ciento.
Wainright, agrónomo de formación, señala que algunas de las áreas entregadas en concesión son montañas húmedas, que cumplen “un importante papel para la conservación de la biodiversidad y necesitan ser protegidas”. También son hogar de decenas de miles de familias de agricultores.
“Cuando pienso en la extracción minera, no estoy segura de que sea algo bueno”, dice en entrevista la agricultora Elsie Florestan, de 41 años, activista del movimiento Tèt Kole Ti Peyizan (Pequeños Campesinos Trabajando Juntos, en lengua creole).
Ella y su familia viven y cultivan en una zona donde Eurasian y Newmont acaban de terminar pruebas exploratorias.
“Dicen que la empresa va a usar el agua de nuestro río por 20 años, que va a quedar contaminada, y que no podremos quedarnos aquí. Si no nos organizamos y hacemos ruido, nada bueno va a pasar para nosotros”, agrega.
Haití no firmó la Convención sobre Seguridad y Salud en las Minas ni la Iniciativa sobre Transparencia en las Industrias Extractivas, instrumentos que ofrecen algún grado de protección. Además, está clasificado como uno de los países más corruptos del mundo.
Hasta ahora se han emitido concesiones a puertas cerradas, se han sellado acuerdos en secreto y se han realizado tareas de prospección sin escrutinio público y con poco control gubernamental, según admite la propia agencia minera estatal.
“El gobierno no nos proporciona los medios para fiscalizar a las empresas”, dijo Anglade cuando aún dirigía la entidad.
Además, Haití cobra una de las regalías más bajas del continente: apenas 2.5 por ciento del valor de cada onza de oro extraída: “¡es muy baja! Debajo del 5 por ciento es ridículo para un país como éste”, dice la especialista en minería, Claire Kumar, de la organización humanitaria Christian Aid.
Las empresas mineras también tienen amigos en puestos clave.
El exministro de Finanzas, Ronald Baudin, que debió sentarse a la mesa de negociación con Newmont en 2010 y 2011, pasó al otro lado del mostrador y ahora trabaja como consultor para la sociedad Newmont-Eurasian. Interrogado para este artículo sobre el evidente conflicto de intereses, responde: “Tengo que comer, ¿verdad?”.
La ley vigente estipula que no puede efectuarse ninguna perforación antes de que se firme un contrato minero. El principal papel de Baudin fue facilitar un Memorando de Entendimiento que permitió a la empresa eludir la legislación y perforar de cualquier manera.
Según Baudin, el Memorando es una “exoneración” de las disposiciones de la ley. Juristas consultados confirman lo evidente: la única forma de eludir lo establecido en una ley es mediante una reforma legal aprobada en el parlamento.
Anglade, entonces titular de la agencia minera estatal, se negó a firmar el Memorando argumentando que “era ilegal y contrario al interés de Haití”. Dos meses después, fue despedido.
De todos modos, a fines de marzo el Memorando se firmó por los entonces ministros de Finanzas y de Obras Públicas. Y el 23 de abril, Eurasian informó a sus accionistas que tenía permiso para “perforar en ciertos proyectos” específicos, y que ya lo estaba haciendo.
*Este artículo resume una investigación de Haiti Grassroots Watch (http://www.ayitikaleje.org/18_01_ENG. HGW); es una iniciativa de AlterPresse, la Sociedad de Animación de la Comunicación Social, la Red de Mujeres Radialistas Comunitarias y emisoras de la Asociación de Medios Comunitarios de Haití, así como de estudiantes del Laboratorio de Periodismo de la Universidad del Estado de Haití. El semanario Haïti Liberté se asoció con HGW para este trabajo, parcialmente subvencionado por el Pulitzer Center on Crisis Reporting. Tierramérica publicó originalmente esta versión en español.
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Fuente: Contralínea 293
