Prudencio García/Red Voltaire

 

Los horrores perpetrados por el Ejército Guatemalteco contra las comunidades mayas durante el “quinquenio negro” (1978-1983) desbordan toda posible descripción. Algunos culpables han sido condenados a 6 mil 30 años cada uno.

 

En la sala del Tribunal de Alto Riesgo de la ciudad de Guatemala, bajo la presidencia de la jueza Jazmín Barrios, la voz firme y serena de la juez vocal Patricia Bustamante sonó especialmente rotunda cuando leyó: “Quedó demostrado que los militares actuaron de forma planificada, con ensañamiento y perversidad”.

 

La sentencia se refiere a los hechos producidos, principalmente, el 7 de diciembre de 1982, cuando una unidad de kaibiles ?tropas especiales? irrumpió en el poblado de Las Dos Erres, pequeña aldea maya del Petén, al Norte del país. Un total de 201 campesinos, civiles desarmados, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados. Veintinueve años después, cuatro exkaibiles han sido juzgados por aquellos crímenes y condenados en primera instancia a 6 mil 30 años cada uno de ellos.

 

Según limita la ley, tendrán que cumplir 50 años. A estos se añaden otros 30 por incumplimiento de sus deberes para con la humanidad, que suman 80 años en total.

 

Los horrores perpetrados por el Ejército de Guatemala contra las comunidades mayas durante largas décadas, pero principalmente en el “quinquenio negro” (1978-1983), desbordan toda posible imagen.

 

Las descripciones fidedignas existen, pero nadie podría creerlas si no fuera por su abrumadora evidencia en extensión, detalle y concreción testimonial.

 

Ahí están las 1 mil 500 páginas, en cuatro pavorosos tomos, del informe Recuperación de la Memoria Histórica, emitido en 1998 por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (24 de abril de 1998). Páginas, a su vez, corroboradas y extensamente ampliadas un año después (25 de febrero de 1999) por las todavía más brutales 3 mil 800 páginas de los 12 tomos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Organización de las Naciones Unidas sobre Guatemala (a la que tuvimos el honor de pertenecer). En caso de no existir tan aplastante volumen documental y testimonial, nadie podría creer los hechos en éste registrados, dada su inaudita atrocidad.

 

Salvajismo con las mujeres, incluidas las embarazadas, brutalidad con los niños, inclusive los bebés. Monstruosas mutilaciones masculinas y femeninas, previas a los asesinatos. Empalamientos, personas quemadas vivas, aberrantes formas de exterminar que aseguraban largos días de agonía.

 

Difícil tarea, la de describir lo indescriptible. Pero trabajosamente se hizo, y el fruto documental de ambos informes citados quedó ahí, y ahí sigue para la posteridad.

 

 

Conforme los hechos establecidos, los soldados ?unos 40 kaibiles?, al irrumpir en Las Dos Erres, separaron a las mujeres y niños de los hombres. Estos fueron reunidos en la escuela, donde fueron torturados y finalmente ultimados.

 

Las mujeres con los infantes fueron encerrados en la pequeña iglesia evangélica de la comunidad. Después, las mujeres fueron obligadas a cocinar y servir la comida a sus verdugos, antes de ser violadas y asesinadas por éstos. Las violaciones y asesinatos se cometieron con especial sadismo, y los cadáveres fueron arrojados a un pozo, utilizado como fosa común. Igualmente, los niños fueron también asesinados y arrojados a éste.

 

Dos exkaibiles, miembros entonces de aquella unidad militar, hoy retirados, radicados en México y testigos voluntarios de la Fiscalía, aportaron al juicio, por videoconferencia, detalles escalofriantes sobre la actuación de los acusados. Por ejemplo, uno de los criminales ahora condenados, el subinstructor kaibil Manuel Pop Sun, se llevó por la fuerza a una niña hasta ocultarse con ella en una zona de matorrales próxima al poblado, donde la violó. Regresó con ella, la decapitó y la arrojó al pozo.

 

Otros detalles igualmente horribles vinieron a configurar el contenido de la sentencia. Recordemos un hecho que nos fue relatado personalmente por un exmiembro del Gobierno del presidente democristiano Marco Vinicio Cerezo.

 

En 1986, al ser nombrado ministro, se le asignó como escolta un antiguo kaibil. Al saber que la hija de éste sufría una grave dolencia de la vista ?cercana a la ceguera salvo que recibiera un tratamiento muy caro y especializado? el ministro, compadecido de aquella desgracia, insoluble en una familia de muy pocos recursos, le consiguió dicho tratamiento en Estados Unidos. Cuando se lo comunicó al padre, recibió esta tremenda respuesta: “Agradezco sus desvelos por mi niña, pero sepa que serán totalmente inútiles, porque lo que le ocurre a mi hija es el castigo que Dios me envía a mí, por las atrocidades que yo cometí con los niños mayas cuando era kaibil”.

 

 

¿Qué horrores infanticidas perpetraría aquel sujeto para experimentar un remordimiento patológico de tal magnitud?

 

Pero los imputados no son sólo militares de baja o nula graduación. En los últimos meses se ha producido el arresto y procesamiento de tres mandos ya retirados, pero que ejercieron importantes tareas represivas en la década de 1980.

 

Uno de ellos es el general Héctor López Fuentes, exjefe del Estado Mayor del Ejército (1982-1983). Contra él pesan acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos principalmente contra comunidades mayas, crímenes “en los que sus pueblos quedaron destruidos, sus habitantes de todas las edades fueron asesinados, y las mujeres y las niñas fueron sistemáticamente violadas”, precisa Margot Wallstrom, representante especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos.

 

Otro de los jefes recientemente capturados y procesados es el coronel Rafael Bol de la Cruz, exdirector de la Policía Nacional, responsable de la detención ilegal y desaparición en 1984 del que fuera dirigente sindical y estudiantil, Edgar Fernando García, además de una serie de desapariciones forzadas mientras dirigió aquel viejo y corrupto cuerpo policial.

 

El tercero de los jefes militares aludidos es el también coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa, encarcelado desde 2009 y condenado ya a 53 años de prisión como responsable del secuestro y desaparición definitiva de ocho personas en la aldea El Jute, en 1981.

 

Ante esta serie de acciones judiciales, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), reducto del más reaccionario sector de aquel ejército (que durante décadas eliminó a destacados defensores de los derechos humanos), ha difundido un comunicado en el que, rechaza con indignación estas actuaciones judiciales, y lanza la siguiente advertencia literal: “Advertimos estar dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan”. Pero ¿qué significa “luchar nuevamente” para estos militares empeñados en asegurar su propia impunidad y prolongar la de los peores torturadores, asesinos y violadores de mujeres y niñas?

 

¿Tendremos que presenciar y asumir nuevamente que actuales defensores de derechos humanos sean acribillados en la calle, como lo fueron, entre otros, el diplomático Alberto Fuentes Mohr y el exalcalde Manuel Colom Argueta, o apuñalados en las aceras, como la antropóloga Myrna Mack, o golpeados hasta la desfiguración de sus rostros, como el obispo monseñor Juan Gerardi, asesinado tras la presentación de su informe Recuperación de la Memoria Histórica arriba citado?

 

¿Tendremos que ser testigos de la resurrección de los abominables escuadrones de la muerte, nuevamente dispuestos a secuestrar, torturar y asesinar? ¿Requerirá esa nueva lucha anunciada por Avemilgua la “patriótica” repetición de este tipo de horrores?

 

La Asociación terminaba su amenazador comunicado con este eslogan: “Por el honor y la dignidad”. Pero ¿qué clase de honor puede defenderse mediante esta clase de crímenes? ¿Y qué clase de dignidad se defiende, o se defendió, al violar sistemáticamente mujeres y decapitar niñas mayas?

 

Última noticia: los expertos del Equipo de Antropología Forense que analizan para la Fiscalía los restos de las víctimas han sido perseguidos y atacados en su vehículo, y amenazados de muerte en un repugnante escrito de términos soeces y tinta roja, cuyo infame contenido nos retrotrae a aquellos años de plomo que algunos “patriotas” añoran y amenazan con repetir.