Los más pobres de Perú, sometidos a un ambiente que supera hasta 50 veces los niveles permitidos de contaminación. El derrame de basura minera afecta, al menos, a 10 comunidades que consumen el agua de cuatro ríos impactados. La empresa responsable de la dispersión de los contaminantes solventó el problema con una multa de casi 13 millones de dólares

Milagros Salazar / IPS-Voces de la Tierra

Lima, Perú. El manto gris que cubre los ríos afectados por un derrame de relaves mineros en Huancavelica, la región más pobre de Perú, alberga al menos siete parámetros nocivos para la salud, que superan hasta 50 veces el nivel permitido, según pruebas de laboratorio a las que accedió IPS. El pasado 14 de julio fue multada la empresa culpable del accidente.

Este cóctel contaminante de basura minera, constituido por una mezcla tóxica de tierra, minerales, agua y rocas, afecta por lo menos 10 comunidades y 4 mil usuarios de los ríos impactados por el derrame producido el 25 de junio.

Arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc fueron encontrados en alarmantes concentraciones, según los análisis que mandó a elaborar la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura.

La ANA determinó la máxima sanción estipulada contra la minera peruana Caudalosa, responsable del vertido, con una multa de 10 mil unidades impositivas tributarias (UIT), que asciende a 12 millones 766 mil dólares, según conoció en exclusiva IPS.

Tal medida está estipulada en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.

En el reporte de laboratorio, que IPS pudo consultar, se advierte la presencia de 0.255 miligramos por litro (mg/l) de cadmio en una de las muestras, cuando el estándar de calidad ambiental (ECA) es de 0.005 mg/l en el caso de las aguas de categoría III, para riego y bebida de animales.

Este grado de concentración llega a sobrepasar hasta en 50 veces lo establecido por la norma.

Según la ANA, se ha considerado la categoría III para el análisis porque las aguas de los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo y otros que fueron afectados se usan principalmente para la agricultura y el brebaje del ganado en esta zona de Huancavelica, en el Sur andino del país.

Si se hubiese tomado en cuenta la categoría I, considerada para el consumo humano, los resultados serían mucho más graves porque los parámetros permitidos son más exigentes.

El director de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos de la ANA, Amarildo Fernández, aseguró a IPS que los pobladores de la zona toman agua principalmente de los manantiales, que también serán monitoreados en las próximas semanas.

En total, se han analizado 23 parámetros de metales pesados, entre los que figura el manganeso, con una concentración de 7.867 mg/l, que supera más de 38 veces el ECA de 0.2 mg/l. El hierro fue detectado hasta en 33.72 mg/l, es decir, 33 veces más de lo permitido si se considera que el ECA es de 1 mg/l.

La concentración máxima de plomo llegó a superar 18 veces lo estipulado por la norma, con 0.949 mg/l frente a un ECA de 0.05 mg/l. En zinc, el resultado es similar, con 33.32 mg/l, que sobrepasa en 16 veces el ECA de 2 miligramos.

También se ha detectado la presencia del nocivo arsénico, con 0.333 mg/l, que sobrepasa seis veces el ECA de 0.05 mg/l; mientras que en cobre, la historia se repite, con .843 mg/l respecto de un ECA de .2 mg/l.

Las muestras examinadas fueron tomadas el 2 y 3 de julio, casi una semana después del derrame, por lo que es probable que las muestras registradas al día siguiente del hecho arrojen resultados aún más alarmantes.

Debido al daño ocasionado por el derrame de 25 mil metros cúbicos de relaves, según los cálculos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el 6 de julio el gobierno de Alan García declaró en emergencia ambiental al distrito de Huachocolpa, donde se concentra la población afectada.

En Huancavelica, 77.2 por ciento de sus habitantes es pobre. Según el informe del gobierno regional, se afectaron 3 mil 362 vacunos y 40 hectáreas de cultivos.

“Éstas son nuestras fuentes de agua y pedimos una comisión multisectorial del gobierno que se encargue con urgencia de la remediación de los daños y que se sancione a los responsables”, señaló a IPS Edgar Quispe, representante del Frente de Defensa de la provincia ayacuchana de Angaraes, que también ha sido afectada.

El Frente de Defensa de Angaraes promovió un paro regional el 7 y 8 de julio, exigiendo a las autoridades que se llegue a fondo en las investigaciones.

De acuerdo con el Osinergmin, el daño ambiental fue causado por el exceso de relaves en la infraestructura del depósito “A” de la unidad minera “Huachocolpa Uno”, de Caudalosa, que fue ampliado sin autorización del Ministerio de Energía y Minas, que verifica la viabilidad técnica de la construcción.

Según un informe del proyecto investigativo peruano IDL-Reporteros, Osinergmin sabía, desde julio de 2009, que la compañía no contaba con permiso para ampliar la instalación ni para dejar los desechos. Como resultado, el organismo fiscalizador hizo recomendaciones, pero no ordenó la suspensión del depósito de relaves. El presidente del Osinergmin, Alfredo Dammert, señaló que no lo hizo porque la cantidad de relaves no excedía “los límites permitidos”.

IDL-Reporteros reveló que, entre 2007 y 2010, Osinergmin notificó en 14 oportunidades a Caudalosa por la contaminación de ríos y ampliaciones ilícitas de sus depósitos de relaves y la planta de concentración de minerales. Sin embargo, en ese periodo el organismo supervisor no logró concretar ninguna sanción por daño ambiental y la compañía ignoró las recomendaciones.

El Osinergmin también evalúa la medida sancionadora y ha señalado que la máxima multa que puede imponer es de 600 UIT o 766 mil dólares.

“Exigimos más celeridad y sanciones drásticas e incluso que se quite la concesión a una empresa cuando contamina de manera reiterada”, señaló a IPS el legislador Miro Ruiz, del Partido Nacionalista.

En Perú no está contemplado el cierre de operaciones de una minera por daños ambientales por la vía administrativa. Lo que existe desde el 30 de junio es una suspensión temporal de las operaciones ordenada por el Osinergmin ante la emergencia producida por el derrame.

El caso también sigue su curso en los tribunales. El Primer Juzgado Penal de Huancavelica ordenó, el 9 de julio, la suspensión de las actividades de Caudalosa mediante una medida cautelar presentada por el fiscal de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica, Frans Ponce Rosado.

Ponce Rosado informó a IPS que su despacho espera los resultados de las pruebas de laboratorio de las diversas instituciones que han tomado muestras de las aguas para exigir la indemnización al Estado peruano por daño al medio ambiente.

El procurador público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó a IPS que en esa demanda contra el Estado también se puede recomendar la indemnización de los pobladores afectados, quienes deben demostrar el daño ocasionado en sus vidas.

“Nosotros podemos asesorarlos y recomendar, pero ellos deben iniciar la denuncia de manera individual”, señaló Guzmán.

“Es necesario llevar a cabo la vigilancia de los recursos hídricos a nivel nacional para proteger los bienes del Estado y contribuir a la prevención de los daños”, señaló a IPS Javier Carrasco, jefe de la ANA, institución creada a inicios de 2010.

Las diversas organizaciones involucradas en la fiscalización ambiental y de los recursos hídricos coordinan la elaboración de un plan de acción ante la emergencia ambiental decretada en la zona del derrame.

Entre las 10 actividades del plan, se contempla la recuperación de las aguas y suelos, la introducción de peces y un sistema de alerta en las postas de salud para atender posibles casos de contaminación de pobladores.

Contralínea 195 / 15 de Agosto de 2010