Washington, Estados Unidos. Ataques, desestabilización, presiones, amenazas y castigos se mantuvieron durante 2017 como partes de la política exterior de Estados Unidos, empeñado en mostrar una y otra vez su gran poderío a nivel mundial.
Menos de 3 meses después de llegar a la Casa Blanca, el presidente estadunidense, Donald Trump, decidió lanzar misiles contra una base aérea en Siria como respuesta a un alegado ataque químico, lo cual supuso un cambio sustancial de su postura previa sobre ese tema.
El mismo hombre que 4 años atrás criticó al entonces jefe de Estado, Barack Obama, ante intentos de un proceder similar hacia la nación árabe autorizó una acción considerada impulsiva.
La demostración de fuerza del mandatario republicano tuvo como blanco al aeródromo Shayrat de la Fuerza Aérea Siria, en la provincia de Homs, cerca del amanecer del 7 de abril de 2017 en el país levantino.
Según el Departamento de Defensa, para la operación se utilizaron 59 misiles Tomahawk Land Attack, lanzados desde los destructores USS Porter y USS Ross en el mar Mediterráneo Oriental.
El Pentágono sostuvo que la acción apuntó a refugios de aviones endurecidos, almacenamiento de petróleo y logística, búnkeres de provisión de municiones, sistemas de defensa aérea y radares.
La causa del lanzamiento fue un presunto ataque con armas químicas ocurrido en la provincia de Idleb, del cual el gobernante norteamericano responsabilizó al presidente de Siria, Bashar al-Assad.
Trump confirmó que autorizó el lanzamiento de misiles por tratarse de un asunto de interés de seguridad nacional, y llamó a las “naciones civilizadas” a unirse a Estados Unidos contra Siria.
Cuando en agosto de 2013 ocurrió un ataque químico en Guta, Damasco, que también atribuyeron al gobierno de Al-Assad, Obama afirmó que su país estaba listo para atacar, pero decidió someter su decisión al Congreso.
Finalmente, la administración de Obama no atacó, y luego se comenzó a desmantelar el arsenal sirio bajo la tutela de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Por aquellos días, Trump escribió en su cuenta de la red social Twitter: ¿Qué conseguiremos por bombardear Siria además de más deudas y un posible conflicto a largo plazo? Obama necesita aprobación del Congreso.
Sin embargo, en 2017 cambió la historia, y Trump obvió consultar al Legislativo, con lo cual comenzó el debate acerca de la constitucionalidad o no de ordenar el lanzamiento de misiles.
Pese a considerarlo muy defectuoso, el presidente estadunidense firmó a inicios de agosto del año pasado un proyecto de ley aprobado por el Congreso para endurecer las sanciones contra Rusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
De acuerdo con el jefe de Estado, en la prisa por aprobar esa legislación el Capitolio incluyó una serie de disposiciones claramente inconstitucionales.
Sin embargo, la ley dispuso nuevos castigos contra altos funcionarios rusos y posibilita al Legislativo impedir que Trump alivie o ponga fin a las penalidades unilaterales contra Rusia.
Además de una hostil retórica, la promesa de “fuego y furia nunca vistos en el mundo” y las amenazas de septiembre en Naciones Unidas de destruir totalmente a la RPDC, Trump insistió en mantener las presiones contra ese país asiático.
El 20 de noviembre, el mandatario anunció su decisión de poner otra vez a la RPDC en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, y posteriormente el Departamento del Tesoro divulgó nuevas sanciones económicas con el fin de aislar a la administración de Pyongyang.
Trump, quien en su cuenta personal de la red social Twitter ha desatado ataques verbales contra la dirigencia norcoreana, acusó a ese gobierno de apoyar actos criminales a nivel internacional y comentó que tal determinación debería haber sucedido antes.
La RPDC fue removida de la mencionada relación del Departamento de Estado por la administración de George W Bush en 2008, como parte de los esfuerzos a favor de llegar a un acuerdo sobre los temas nucleares.
Disímiles veces la nación asiática ha reiterado el carácter autodefensivo de su arsenal nuclear para responder a la hostilidad estadunidense, los aliados de Washington y sus habituales maniobras.
Casi a mediados de octubre de 2017, Trump se negó a certificar el cumplimiento por Irán del pacto nuclear alcanzado en julio de 2015 entre el país persa y seis potencias mundiales, incluida su nación.
Días después, consideró como una posibilidad muy real que su gobierno escoja desechar el Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, siglas en inglés) en lugar de mantenerse en la iniciativa lograda también por China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.
“Estoy muy convencido sobre lo que hice, estoy cansado de que se aprovechen de nosotros como país”, manifestó el mandatario en declaraciones a periodistas durante una reunión con su Gabinete.
Como parte del anuncio sobre una nueva estrategia para la nación persa, que comprende castigos contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el presidente pidió a la administración trabajar con el Congreso en aras de arreglar los defectos que desde su punto de vista tiene el mecanismo.
Si no se llega a un arreglo con el Legislativo y los aliados de Estados Unidos, opinó, él podría dar por terminado el acuerdo.
Como estipula el acta de revisión del convenio, el Congreso exige al presidente de Estados Unidos certificar cada 90 días que Irán mantiene su compromiso con el pacto, un aval concedido por Trump dos veces antes.
La negativa a esa acción concede al Legislativo un plazo de 60 días para decidir sobre los problemas que el jefe de Estado le encuentra al Jcpoa y evaluar la reimposición de sanciones que fueron levantadas cuando se alcanzó el trato.
En noviembre de 2017, el Departamento de Defensa confirmó que Estados Unidos tiene unos 14 mil soldados en Afganistán tras el envío de 3 mil adicionales, como parte de la nueva estrategia anunciada por Trump el 21 de agosto de ese mismo año.
Previo al último paso, el Pentágono situó en 11 mil la cantidad de uniformados, pero el mandatario autorizó el aumento solicitado por el jefe del Ejército estadunidense y de las fuerzas internacionales en territorio afgano, general John Nicholson.
Al anunciar la estrategia, Trump precisó que el plan para Afganistán y el Sur de Asia cambiaría dramáticamente y tendría como pilar central un enfoque basado en las condiciones sobre el terreno.
“He dicho muchas veces lo contraproducente que es para Estados Unidos anunciar de antemano las fechas en que pretendemos comenzar o terminar operaciones militares”, señaló el jefe de Estado al dirigirse al país desde la base militar de Fort Myer, en Virginia.
Otro pilar fundamental de la iniciativa, según Trump, resulta la integración de todos los instrumentos del poder estadunidense (diplomático, económico y militar) hacia un resultado exitoso.
Quien como candidato presidencial llamó a la retirada de las tropas estadunidenses manifestó que al enfrentarse a la cuestión de la guerra iniciada en octubre de 2001 su instinto original fue abandonar el conflicto.
Durante 2017, Estados Unidos impuso varias rondas de sanciones económicas a Venezuela, en las cuales estuvieron incluidos el presidente Nicolás Maduro, dirigentes, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Caracas.
Las medidas implican la congelación de los activos de los castigados en suelo estadunidenses y la prohibición a los estadunidenses de hacer transacciones con ellos.
En ese sentido, el 25 de agosto de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva contra la nación suramericana, 2 días después de las amenazas realizadas por el vicemandatario Mike Pence sobre el asunto.
Un comunicado de la vocera de la Casa Blanca, Sara Huckabee Sanders, precisó entonces que el decreto prohíbe los trámites de nueva deuda y acciones emitidas por el gobierno venezolano y su empresa petrolera estatal (Pdvsa).
Por otra parte, el texto reiteró el llamamiento para que se restablezca en Venezuela lo que Washington considera como democracia, en desconocimiento del gobierno legítimamente electo de Maduro.
Diony Sanabia/Prensa Latina
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