Yurién Portelles/Prensa Latina

 

Quito, Ecuador. Al amanecer, con una tapa o lanza de 2 metros en una mano, para la caza, y la umena o cerbatana en la otra, el nativo waorani, de la amazonia ecuatoriana, se dispone a buscar el alimento de cada día.

En el huerto trabajan las mujeres, y en el onka, la vivienda tradicional, le espera la familia, optimista en que algo caerá a los estómagos porque sus hombres son fuertes, por la dieta rica en proteína y la actividad física constante.

 

Aunque pareciera insignificante, el komi, el filo hilo usado para amarrar el pene a la cintura y evitar que en el río los pececillos les dañen el miembro, les representa el poder y la energía que aseguran poseer.

 

Probablemente el interés por esa fortaleza y resistencia llevó a que en 1991, en medio de la desolación de la selva donde viven hace siglos los waoranis, integrantes de una de las 18 etnias de esta nación, la dinámica de este pueblo indoamericano se viera interrumpida.

 

Recelosos por tradición de quien llega a sus predios, los nativos aceptaron a unos bondadosos extraños que les ofrecieron análisis médicos por el bien de la salud y les extrajeron muestras de sangre, pero nunca más los vieron. Fue la petrolera Maxus la que introdujo en territorio amazónico a una brigada médica para realizarles los exámenes y tomarles muestras de ADN sin su consentimiento, y cuya posesión ha revelado el Instituto Coriell, de la Universidad estadunidense de Harvard.

 

Como resultado, el gobierno de Ecuador acaba de determinar que un comité jurídico nacional lleve a tribunales internacionales la denuncia de los waoranis sobre esta práctica ilegal, presuntamente para posteriores investigaciones.

 

Aunque el Instituto Coriell, con sede en Nueva Jersey, confirmó en su página en internet que tenía 36 muestras del material genético de esta comunidad nativa, negó haberlas obtenido ilegalmente.

 

Ahora serán la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Coordinador del Patrimonio los encargados de establecer el proceso legal, el cual, se afirma, busca establecer un precedente y precautelar los patrimonios naturales o biológicos de Ecuador.

 

 

El suceso ocurrido con los waoranis no es nuevo en el país, dice en entrevista con Prensa Latina el investigador César Paz y Miño, decano del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas, de Ecuador.

 

El académico y genetista señala que lo mismo ha sucedido con los chachis de la provincia de Esmeraldas y con los tsáchilas en Santo Domingo, a quienes se les ha extraído sangre sin que las comunidades recibieran una retribución por el aporte.

 

A su juicio, el Estado ecuatoriano está en el deber de iniciar un proceso legal, porque sentaría un precedente para la protección de la riqueza genocultural en cualquier grupo humano, en particular en los grupos no contactados o en estado de aislamiento.

 

El académico expone que es preciso resguardar a estas poblaciones para evitar el uso ilegal de sus muestras, con vistas al beneficio exclusivo de un grupo de poder económico, sin que estos pueblos puedan apreciar siquiera el resultado de las investigaciones.

 

Paz y Miño manifiesta que no han sido estudiados los grupos waoranis, huaoranis o wao, como también se les llama, a causa de las limitaciones económicas y de los proyectos científicos incipientes aunque muy serios en este campo, en el país.

 

Respecto de las pesquisas genéticas en esta nación suramericana, señala que desde hace unos 20 años, aunque con limitaciones económicas, se realizan estudios pero sólo para la descripción del ADN de los ecuatorianos.

 

Los estudios de las mitocondrias, una parte del ADN, han arrojado que en Ecuador la población afro proviene del Congo, en África, mientras los cholos de la costa están relacionados genéticamente con la población árabe y libanesa.

 

También los quichuas tienen genes de Australia y del centro de Asia, mientras los mestizos acaparan una mezcla de todos estos grupos y de la península ibérica, lo cual avala el conocimiento histórico sobre esa procedencia.

 

En Ecuador se han realizado importantes estudios de la fibrosis quística del páncreas, que normalmente causa un daño pulmonar, pero aquí un gen de raro comportamiento provoca problemas respiratorios y gastrointestinales atípicos, con alta incidencia de muertes en niños.

 

Otras exploraciones realizadas por los científicos nacionales con un basamento bioético, dice el experto, tienen que ver con la investigación genética de la enfermedad del Alzheimer, del cáncer de próstata y de estómago, relacionado este último con la bacteria Helicobácter pylori.

 

 

Para el científico, el mundo contemporáneo precisa de estas investigaciones a fin de explorar las características de los grupos humanos, sus posibilidades de supervivencia y coadyuvar al descubrimiento de genes resistentes y de medicamentos con vistas al tratamiento de ciertas afecciones.

 

Sin embargo, señala que estas pesquisas deben ser beneficiosas a la humanidad en general y realizarse con el consentimiento de las comunidades nativas o sociales escogidas, a las que también deben ofrecerse los resultados e incluso parte de los dividendos económicos si se obtuvieran.

 

En su opinión, es necesario despojarse del mito de que todos los investigadores tienen propósitos dañinos, pero debe protegerse a las poblaciones autóctonas con un sistema legal, el cual permita un control para estas investigaciones en función de la ciencia y no de su mercantilización.

 

Expone que en las indagaciones científicas cualquier elemento que se encuentre va a reportar importantes réditos económicos a sus autores, como por ejemplo un gen de resistencia a enfermedades como la malaria, el dengue u otras afecciones tropicales.

 

El académico expone que en este tipo de investigaciones en los pueblos poco contactados o aislados se presume ese hallazgo, porque se supone que un componente genético les ha permitido la adaptabilidad al medio ambiente en esas condiciones.

 

Apunta que en estos centros o grupos científicos se piensa que el descubrimiento de un gen es una buena inversión y por eso vienen a los países en la búsqueda de tales comunidades, cuyos Estados tienen estructuras judiciales y legales débiles, para hacer sus análisis libremente y luego patentar los resultados.

 

En una primera aproximación monetaria hecha por los waoranis –porque la riqueza genocultural es invaluable– aseguran que podrían obtener 1 mil 500 millones de dólares derivados de esas muestras exóticas de su componente sanguíneo.

 

Para el experto, Ecuador debe reclamar los derechos de este pueblo aborigen y establecer un código de protección a las poblaciones autóctonas, vulnerables desde todo punto de vista, a fin de que sean consultadas y puedan recibir en algún momento el beneficio de su contribución.

 

 

 

Fuente: Contralínea 306 / Octubre de 2012