El comunicado 10 de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) (www.uacm.edu.mx, 26 de mayo de 2021) cobra su significado si se le mira a la luz del actual proyecto neoliberal de educación superior. En ese proyecto, las autónomas están siendo desplazadas. Si anteriormente ellas eran la educación superior, hoy apenas atienden a una tercera parte de la matrícula de ese nivel; si eran casi las únicas, hoy son una minoría (36 entre más de 5 mil públicas y privadas) y progresivamente se están subordinando a gobiernos y leyes diversas. Ese proceso se reforzó con la recién aprobada Ley General de Educación (2021) donde ya formalmente aparecen sujetas a la SEP y gobiernos estatales, mediante un “Consejo Nacional de Coordinación” integrado, entre ellas y ellos, por más de 100 personas funcionarios, gobernadores, rectores de instituciones públicas y privadas y sólo nueve estudiantes y nueve académicos. Y algo similar habrá en cada entidad federativa y en la Ciudad de México. Pero, además, el actual gobierno federal está impulsando la creación de 100 universidades de corte popular y comunitario, pero todas dependencias gubernamentales, ninguna autónoma.

Precisamente por ser autónomas y resistir, son objeto de hostilidad, presiones e intervención cada vez más abierta. Y en un contexto eficientista que no entiende ni acepta la autonomía, se les considera onerosas, ineficientes y privilegiadas. De ahí, una intervención creciente de vigilancia y una tendencia a la reducción de recursos. Tangible: cada año, una docena de ellas están al borde la quiebra financiera. En ese contexto resalta el caso de la UACM que hasta hace un lustro crecía rápidamente en su matrícula, contaba con recursos suficientes para respaldar esa expansión con el aumento y mejoramiento de las instalaciones y hasta obtuvo un terreno y edificio adicional en La Magdalena Contreras, mismo que el Consejo Universitario (CU) aprobó como plantel.

Todo esto fue resultado de un momento intenso de movilización generalizada (por Ayotzinapa) que en 2014 obligó a las autoridades federales a reaccionar: federalizó el caso de los 43; tumbó a la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y su reglamento inconsulto y cumplió la vieja demanda de recursos que hacía la UACM. Para esto último, aceptó que el subsidio que cada año le otorga la Cámara de Diputados ya no se considerara parte del presupuesto, sino se entregara de manera adicional. Luego, con marcha y negociación que en 2015 impulsó el Consejo Universitario, el gobierno de la Ciudad aceptó comprometerse por escrito que esos recursos adicionales se seguirían entregando. Y así fue en años siguientes. Estos fondos, por acuerdo del CU de la UACM fueron destinados a ampliar y mejorar sustancialmente las instalaciones. Y así, la negociación anual seguía un ritual: el órgano legislativo definía el presupuesto UACM a fines de año y más tarde los uacemitas insistían y se les entregaban además los 150 millones de pesos de la Cámara.

A partir de 2018, el panorama cambió radicalmente. No sólo se concedió al gobierno local que utilizara parte del plantel Magdalena Contreras para su propio sistema de educación superior, sino que se dejó de insistir en la entrega de recursos adicionales (y que suman ya 600 millones no entregados), a pesar de que el Comunicado señala que se vive una situación financiera difícil en el rubro del cuidado de las instalaciones. En lugar de responder demandando los recursos que adeuda el Estado, se vuelve contra sí misma, con exageradas o endebles amenazas de consignación ante autoridades en contra de sus propios integrantes. Asoma así, en una institución, la cara más hostil del nuevo proyecto de educación superior.

En el Comunicado 10, y yendo contra quienes estuvimos en la administración 2014-2018, dice: “les informo que he presentado las denuncias correspondientes para que las instancias pertinentes investiguen los hechos y deslinden las responsabilidades a que haya lugar”, y esto refiriéndose no a un crimen de sangre como indicaría el lenguaje, sino a unas Constancias de Seguridad que se afirma no se tramitaron luego del sismo 2017 (como aparentemente tampoco tramitó la actual y acusadora administración luego del aún más intenso temblor de junio 2020). Se da tanta importancia a estas constancias porque ofrecen la endeble y única esperanza de conseguir recursos del Fondo de Reconstrucción (que no podrá dar mucho), y por otro lado se acusa a los trabajadores de la Coordinación de Obras –se exenta al coordinador–: “no ha[n] dado los resultados esperados y ha[n] provocado, junto con la ausencia de seguimiento por parte de las autoridades universitarias, un probable daño financiero y académico a nuestra universidad” (página 3).

Finalmente, se señala como una de las “situaciones especialmente graves”, la adquisición que hicimos a partir de acuerdo del CU, de un edificio de más de cinco pisos en 2017, para oficinas administrativas, que ahorraría a la Universidad cerca de 10 millones de pesos anuales que todavía hoy se pagan en rentas.  Dice el Comunicado: “encontramos que cuatro meses previos a la compra [de ese edificio], el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) advirtió a través de un dictamen estructural que el inmueble en cuestión requería una rehabilitación estructural, de la cual no existe evidencia alguna, que se haya realizado…” Y por eso agrega: “he decidido… presentar las denuncias que corresponden…” (páginas 2 y 3). Sin embargo, en la revisión de bienes inmuebles que hizo la Auditoría Superior de la Ciudad de México en 2017 se señala (antes de la compra) que el mencionado Instituto para la Seguridad dictaminó distinto: que el edificio cuenta con “las condiciones de seguridad estructural y servicio por lo que puede ser ocupado con el uso que se pretende dar el cual es de oficinas” (Auditoria Superior CDMX: ASCM/156/17 página 38, inciso f). Por su parte, la rectoría comenta que “…la compra de dicha construcción ha significado que la Universidad ya no disponga de los recursos para comprar un inmueble [para] sede administrativa” (página 3).  Sin embargo, ese edificio costó 44 millones, y, de nuevo, con sólo los 150 millones de pesos correspondientes a 2021 podría adecuarse el actual o adquirirse ya uno mejor y además reparar y remozar otras instalaciones de la Universidad. O considerar el urgente remozamiento del edificio de Conde Regla.

En resumen, desde este Comunicado la UACM aparece como un espacio de persecución y denuncia desproporcionada y poco sustentada, por un lado; y, por otro, de implícita aceptación voluntaria y callada de la intervención física gubernamental y de la reducción sustancial de recursos. Sienta así un pésimo precedente para otras instituciones y para su propio futuro. Pese a la LGES y la política adversa, la UACM es un proyecto valiosísimo para el país, como espacio crítico y autónomo.

*Doctor en educación; profesor de la UAM-Xochimilco y exrector de la UACM (2014-2018)

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