Entre los expedientes sustraídos del AGN o nunca entregados por el Cisen-CNI figuran de asesinatos políticos, como los de Luis Donaldo Colosio, Ruiz Massieu y Manuel J Clouthier; las investigaciones contra movimientos armados, como el EZLN y el Partido de los Pobres; los expedientes de personajes relacionados con el narcotráfico, como Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo y Enrique Camarena; los seguimientos a periodistas, como Manuel Becerra Acosta y a políticos como Cuauhtémoc Cárdenas y Rafael Aguilar Talamontes. También sustrajeron archivos sobre líderes sociales, estudiantes, sacerdotes y ciudadanos extranjeros. Asimismo, falta información sobre policías “clave” de la entonces DFS, entre ellos, Rafael Macedo de la Concha y Pablo Echeverría Zuno, y la relacionada con la creación del cuerpo represor Brigada Blanca

Fueron sustraídos del Archivo General de la Nación (AGN) expedientes de la Guerra Sucia, el Terrorismo de Estado y de la relación de agentes del Estado mexicano con el narcotráfico y con agencias de Estados Unidos, denuncia el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (MEH).

En su Informe Técnico sobre el Archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN, el Mecanismo acusa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de violar la ley y obstaculizar “el cumplimiento cabal del mandato del MEH que deberá entregar su informe final en septiembre de 2024”.

Señala que el CNI –cuyo director es el general Audomaro Martínez Zapata– aún resguarda expedientes que generaron sus agencias antecesoras: la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Advierte que la apertura real de esos fondos en manos del CNI “será uno de los principales legados del MEH a la sociedad mexicana en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, así como un reconocimiento del Estado mexicano a la importancia de los mecanismos de verdad y memoria”.

Por ello, el MEH hace un llamado al CNI para cumpla la ley y acate la orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual cita textualmente: “Permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”, como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad.

Entre los archivos faltantes en el AGN se encuentran: toda la información generada por la Dgisen entre 1985 y 1989; la documentación microfilmada (de agencias como la DFS, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y, entre otras el Servicio Secreto) correspondiente al periodo 1953-1979; y expedientes relacionados con la Brigada Blanca, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con “asesinatos de varios periodistas y figuras políticas, como el vicecónsul John Patterson, y de agentes de la propia DFS”.

También faltan expedientes relacionados con el asesinato de quien fuera candidato panista a la Presidencia de la República Manuel J Clouthier, homicidios contra integrantes del entonces Partido de la Revolución Democrática (1989-1990), y fichas sobre personajes relacionados con el narcotráfico, como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, y Enrique Camarena Salazar.

Asimismo, se acredita fichas faltantes sobre el periodista Manuel Becerra Acosta y los políticos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rafel Aguilar Talamontes.

También el MEH encontró evidencias de que expedientes ni siquiera se llevaron al AGN cuando, por Acuerdo Presidencial, en 2001 se ordenó a la Secretaría de Gobernación trasladarle la totalidad de los archivos históricos.

Entre ellos se citan archivos sobre el EZLN, el Partido de los Pobres y 38 series completas, entre las que destacan las de los priístas asesinados e luchas intestinas Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu; le periodista mexicano Ramón Silvano de la Mora Bueno, ejecutado por el Ejército de Guatemala.

Las otras series corresponden a sacerdotes, políticos, periodistas, estudiantes, líderes sociales, empresarios y ciudadanos extranjeros.

Además, el MEH pudo detectar que se saqueó la información sobre algunos policías “clave” de la propia DFS, entre ellos el militar que a la postre sería procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha; Pablo Echevarría Zuno, hijo del presidente Luis Echeverría; Andrés A y José Guadalupe Zuno Arce, familiares de María Esther Zuno Arce, esposa de Luis Echeverría.

El MEH señala que los procesos de justicia transicional “implican la apertura de archivos que prueban la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de instituciones y agentes del Estado, dando así un paso hacia el esclarecimiento histórico y la verdad, así como un primer avance en la reparación a las víctimas y sus familias”.

Por ello, demanda que el CNI entregue al AGN la totalidad de archivos que debió haber aportado al acervo civil. Asimismo, que reintegre al mismo fondo los expedientes que sus agentes presumiblemente sustrajeron cuando se les quitó el control de la Galería 1 a principios del actual sexenio.

En marzo de 2008, Contralínea dio a conocer que agentes del entonces Cisen tenían el control de toda el área que resguardaba los archivos de la Guerra Sucia en el AGN.

Este medio de comunicación entrevistó al entonces jefe de archivo del Cisen, Vicente Capelo, quien reconoció que él mismo se encontraba al frente de un grupo de trabajadores de ese centro, como “apoyo técnico” al AGN.

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