Tras meses de hacer públicas denuncias de acoso y persecución, el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera fueron asesinados junto con otras tres mujeres el pasado 31 de julio en la Ciudad de México. No obstante los indicios que apuntan al trabajo que realizaban, la Procuraduría capitalina se empeña en investigar el crimen sólo como homicidio y robo. “Al parecer en este país los periodistas son muy poco afortunados. No es posible que estén [siempre] en el lugar equivocado”, refiere Artículo 19

Redacción

Bajo sospecha de que autoridades de Veracruz habrían estado involucradas en el asesinato del comunicador Rubén Espinosa Becerril y de cuatro mujeres más, cientos de personas se congregaron en plazas públicas y calles de todo el país para expresar su repudio ante el crimen.

Las manifestaciones se realizaron en la Ciudad de México; en las ciudades veracruzanas de Jalapa, Córdova y Coatzacoalcos; en Nuevo León; Oaxaca; Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, Guerrero; Culiacán, Sinaloa; Querétaro; y Cancún, Quintana Roo.

Periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y sociedad civil exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y castigo a los culpables.

Con señalamientos públicos, Espinosa Becerril y Nadia Vera habrían responsabilizado días antes al gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa del acoso y persecución del que eran objeto, mismo que en voz del fotorreportero lo habría hecho salir de Veracruz, y autoexiliarse en el Distrito Federal, lugar donde fue ultimado el pasado viernes 31 de julio.

De acuerdo con reportes oficiales, las cinco víctimas presentaban herida en la cabeza producida por disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros y lesiones en el cuerpo.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la averiguación previa por los delitos de homicidio y robo, y activó los protocolos sobre feminicidio e investigación de delitos cometidos contra los periodistas en el ejercicio de su actividad.

Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría capitalina, detalló en conferencia de prensa que la dependencia a su cargo trabaja con la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que inició un acta circunstanciada, y con la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Exigen investigar caso por ejercicio periodístico

En entrevista, Gabriel Soto, oficial de Protección de Artículo 19, dice a Contralínea que una de las mayores preocupaciones de la organización es que no se estén agotando todas las líneas de investigación.

“Parece que se están centrando en realidad en una sola: que querían matar a Simone o Nicole, ni siquiera saben su nombre… No entiendo cuál es el nexo causal. Y que el periodista y la defensora estaban en el lugar equivocado. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Una colombiana y un Mustang? Las denuncias penales, las amenazas, la alerta que hicimos pública como organización, las denuncias públicas a[l gobernador] Duarte, y el caso no se están tomando en cuenta.”

Y agrega: “Al parecer, en este país los periodistas son muy poco afortunados. No es posible que estén en el lugar equivocado”.

En 2015, siete periodistas han sido asesinados: se trata de Rubén Espinosa, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez, Armando Saldaña, Abel Bautista Raymundo y Moisés Sánchez. Con ellos, suman 40 los periodistas ultimados desde el 5 julio de 2010, fecha en que se creó el marco jurídico para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Durante estos 5 años, de acuerdo con los reportes de la propia Fiscalía, se abrieron 690 averiguaciones previas hasta abril de 2015, de las cuales 78 fueron consignadas, sin que se conozca alguna sentencia condenatoria en los juzgados a donde fueron asignadas.

Mecanismos de protección, aún ineficaces

En una misiva enviada por la Casa de los Derechos de Periodistas, AC, a la Secretaría de Gobernación, comunicadores agremiados hacen saber que en múltiples ocasiones han externado su preocupación y recomendaciones en torno al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Hemos insistido en que el Mecanismo necesita funcionar efectiva e integralmente para que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo puedan confiar en él, solicitar su ingreso y poder así contar con medidas de protección adecuadas que resguarden su integridad física, a la vez que les permitan continuar con su labor a favor de los derechos humanos y el ejercicio periodístico.”

En el escrito, advierte la organización, que pese a que ni Rubén Espinosa ni Nadia Vera eran beneficiarios del Mecanismo, el Estado mexicano era responsable de proteger sus labores como periodista y defensora de derechos humanos, respectivamente.

Tras el asesinato, es responsabilidad del mismo dirigir los esfuerzos para que los distintos instrumentos con los que cuenta la Subsecretaría coadyuven tanto con la Procuraduría General de la República como con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para que en la investigación se agote la línea de la vinculación con la labor como fotoperiodista de Rubén y por el riesgo de ser defensora de derechos humanos en México de Nadia.

De acuerdo con la asociación civil, el 9 de julio de 2015 Rubén Espinosa hizo público que estaba en conversaciones con la Secretaría de Gobernación para obtener medidas de protección, por lo que solicitan conocer el plan de protección o acercamiento que ofreció la Segob a Rubén y cuáles fueron las razones por las que no se concretó. De la misma manera, solicitan al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, como miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo, comunique públicamente el estado de las averiguaciones de las agresiones previas al homicidio del fotorreportero Rubén Espinosa o cualquier información sobre la procuración de justicia que la PGR haya hecho, además de abrir el acta circunstanciada, como la propia Procuraduría anunció.

Para la Casa de los Derechos de Periodistas, el asesinato no se produce en el vacío, sino en un contexto de violencia extrema contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Veracruz, que lo han convertido en la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México, y que presenta claros patrones, sin que se hayan logrado tomar acciones para corregir esta situación previniendo los ataques.

En ese contexto, subrayan, el asesinato de Espinosa no puede ser una sorpresa para quien conociera la situación en Veracruz. Por tanto, “el Estado mexicano ha fallado en su deber de prevenir y de generar condiciones idóneas para el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora las instituciones tienen una oportunidad para contribuir a que la investigación agote todos los recursos sobre alguna relación entre los homicidios, las agresiones contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, y de la participación de servidores públicos directa o indirectamente tanto en sus agresiones como en los asesinatos”.

Paralelamente, en otra misiva, 17 colectivos de periodistas y organizaciones de derechos humanos exigieron a Arely Gómez González, titular de la PGR, y a Ricardo Nájera, nuevo titular de la FEADLE, atraer el caso de Rubén Espinosa.

“Las organizaciones firmantes exigimos se investiguen estos hechos a profundidad, con celeridad y apego a los estándares internacionales para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. La muerte de Rubén Espinosa fue el desenlace de una serie de agresiones que sufrió [el joven] en Veracruz que la FEADLE debió conocer e investigar como parte de su mandato.

Redacción

“Ahora, cuando la mayor agresión posible en contra de un periodista se ha consumado, la FEADLE debe atraer el caso del asesinato de Rubén Espinosa.”

[MEDIOS]

 Contralínea 449 / del 10 al 16 de Agosto 2015