El gobierno federal sobreejerció más de 9 mil millones de pesos en materia de publicidad durante el periodo 2005-2010. Aunque el Congreso había autorizado un gasto total de 6 mil 945 millones en esos años, las administraciones panistas terminaron gastando más de 16 mil 500 millones. Los gobiernos de las 32 entidades de la república también incurrieron en sobreejercicios. Destaca, en primer lugar, el Distrito Federal, seguido de Chihuahua y Sonora, revela informe de Fundar y Artículo 19
La administración federal sobreejerció más de 9 mil millones de pesos de los que le fueron autorizados por el Congreso en materia de publicidad durante el último periodo 2005 – 2010. De las irregularidades en este rubro también participaron gobiernos estatales, algunos de los cuales duplicaron las partidas aprobadas. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC (dedicado al monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada) y Artículo 19 (organización para la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión e información en más de 50 países en el mundo) documentan lo anterior en el informe Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas; diagnóstico 2011.
El estudio revela diversas irregularidades en materia de acceso a la información y evidencia el uso de la publicidad oficial al margen de los marcos legales estatales y federales, así como erogaciones millonarias que duplican las partidas establecidas para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación.De 2005 a 2010 se presupuestaron 6 mil 945 millones de pesos en total para publicidad oficial a nivel federal en los Presupuesto de Egresos de la Federación; sin embargo, el presupuesto ejercido en ese mismo periodo fue de más de 16 mil 566 millones de pesos: 9 mil 621 millones habrían sido sobrejercidos para ese tipo de gastos.
Once entidades (34.4 por ciento) no proporcionaron información alguna; 11 (34.4 por ciento) la dieron incompleta y sin precisar; ocho (25 por ciento) informaron con un nivel de detalle aceptable; y sólo dos entidades (6.2 por ciento) dieron toda la información requerida en la solicitud de esas dos organizaciones: “El gasto total ejercido por el gobierno del estado en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo los medios de comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido”.
El Distrito Federal seguido de Chihuahua y Sonora fueron las tres entidades que registraron el gasto más elevado en publicidad oficial de 2005 a 2010. La primera con 1 mil 833 millones 600 mil pesos, la segunda con 1 mil 340 millones 300 mil y la tercera con 1 mil 282 millones 200 mil pesos. Sonora, particularmente, erogó el 89.57 por ciento de estos recursos en tan sólo un año: 2006.
Pero, Nayarit, Campeche y Morelos figuran también entre las entidades con las erogaciones más altas por este mismo concepto. El gasto per cápita de Nayarit es de 312 pesos y el de Campeche y Morelos, de 115 pesos.
Colima, Sonora y el Estado de México resultaron los mejor evaluados. Los dos primeros cumplen satisfactoriamente con cuatro de los cuatro parámetros estimados: gasto en publicidad oficial desglosado por campaña o concepto, gasto desglosado por proveedor, gasto por tipo de medio y gasto por año. El último, el Estado de México, cumple con tres de los cuatro parámetros; pero no da información desglosada sobre el tipo de medio contratado.
Los resultados que arroja el estudio revelan que cerca del 35 por ciento de las entidades no proporcionó datos al respecto y sólo el 6 por ciento transparentó toda la información solicitada por concepto de gasto en publicidad oficial. Prevalece la opacidad y la falta de libre acceso a la información de interés público.
El estudio de Fundar y Artículo 19 no sólo pone en evidencia a las entidades con mayores erogaciones en publicidad oficial. También refleja el índice de acceso a la información; hasta ahora seis de los 32 estados no cuentan con el sistema de acceso a la información del gobierno federal (Infomex), sino que tienen sistemas de transparencia propios. En algunos casos esto hace menos asequible la consulta de datos, advierte el informe.
La opacidad en la rendición de cuentas sobre el gasto de recursos públicos prevalece en el 34 por ciento de las entidades. En los 11 que no proporcionaron datos al respecto, se argumentó alguno de los siguientes motivos: inexistencia de la información o reserva de ésta; se pidieron de manera repetida aclaraciones o se declaró incompetencia de las dependencias a las que se les solicitó la información, o bien se remitió a los solicitantes a la Cuenta Pública, donde no existía la información o se les proporcionaron direcciones de internet que no funcionaban.
Si bien queda en evidencia que el gasto en publicidad oficial del gobierno federal ha crecido 238.5 por ciento, respecto de lo originalmente presupuestado, y a nivel estatal se ha duplicado hasta en un 215.17 por ciento en tan sólo 18 entidades, también revela la irregularidad en el uso de publicidad al margen de la ley. La publicidad oficial, herramienta para propiciar el libre flujo de información entre gobiernos y gobernantes estaría sirviendo a intereses particulares, lo que desvirtúa su finalidad principal.
La Asociación por los Derechos Civiles (organización argentina no gubernamental enfocada a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas), en su estudio Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial, especifica que “la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. No debe promover –explícita o implícitamente– los intereses de ningún partido ni del gobierno”.
A decir de Jesús Cantú Escalante, integrante de la Escuela deGraduados en Administración Pública yPolítica Pública delInstitutoTecnológico de Monterrey, en otros países, como España, se prohíbe la publicidad cuando ensalza la actuación del gobierno, es decir, “lo que no está permitido es lo que estamos viendo hoy en México”, sentencia Cantú, e insiste en que “el uso de la publicidad oficial para la difusión de los logros del gobierno se tiene que prohibir absolutamente”.
El artículo 134 constitucional establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”.
De acuerdo con Cantú Escalante, es necesario crear un órgano con autonomía institucional para regular y vigilar el buen uso del espacio radioeléctrico y de todas las telecomunicaciones.
Paulina Gutiérrez, oficial del Programa de Acceso a la Información Pública de Artículo 19, puntualiza que justamente la falta de autonomía es un problema grave en materia de acceso a la información. Señala que “aunque existe un marco normativo hay muy malas prácticas. Le ponen muchas trabas al solicitante y ha habido institutos que han confirmado la reserva de información, eso es gravísimo. A veces demuestra la poca autonomía de los institutos con los gobiernos”. Órganos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos estarían haciendo una labor insuficiente para garantizar el derecho a informarse de la sociedad mexicana.
Además, el uso indebido de la publicidad oficial está vinculado a la situación hostil que vive el gremio periodístico en el país. De acuerdo con Justin Dupuy, coordinadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, el uso viciado de la publicidad oficial conduce a una censura indirecta. “La censura sutil ejerce presión económica entre los medios de comunicación y los gobiernos, lo cual conduce a un problema de libertad de expresión”.
La distribución adecuada de publicidad oficial entre los medios es un tema que necesita ser regulado. “El modelo de reparto de recursos que se hace para los partidos políticos podría aplicarse a la publicidad oficial. En función del rating y de la audiencia se podrían destinar con mayor transparencia los recursos. Tenemos el viejo estilo de te recorto recursos si me pegas o te aumento recursos y publicidad si me tratas bien. Eso daña la libertad de expresión”, señala Ricardo Raphael, profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Los resultados que arroja el diagnostico Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas si bien revelan que las erogaciones por concepto de publicidad oficial se han duplicado en al menos cinco años, también deja en evidencia la falta de homogeneidad en los procesos de transparencia en México, y el empleo de recursos para fines de promoción personal. Acceder a información de interés público es un trámite largo al que pocas instancias responderán favorablemente y cuya respuesta no necesariamente contestará satisfactoriamente las demandas ciudadanas.
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