La medida cautelar 252-14 que dictó la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la revista Contralínea y de su equipo editorial es muy importante para México, no sólo porque es la primera que se da en el actual gobierno sino porque es para proteger un medio de comunicación y sus periodistas, consideraron los abogados Víctor Ruiz Arrazola y Maurilio Santiago Reyes.

Al dar a conocer los pormenores de la medida, los representantes de la Casa de los Derechos de Periodistas y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas subrayaron que ésta sentará un precedente a favor de la libertad de expresión en el país.

 “De los 10 casos que hemos promovido, éste es el que ha tenido la respuesta más inmediata, pues tan sólo 8 días después de haber solicitado las medidas, la Comisión Interamericana respondió favorablemente”, contó Santiago Reyes. Y agregó que debido al contexto de violencia e impunidad en el cual se encuentran los periodistas en México, “la propia CIDH está convencida de que es necesario dejar un precedente”.

Por ello, la Comisión exigió la concertación y adopción inmediata de las “medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los miembros identificados de la revista Contralínea”.

La Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos consideraron de tal gravedad los hechos ocurridos en contra de la publicación que las medidas cautelares se emitieron aún antes de resolver el caso de fondo, lo cual se hará en los próximos meses.

Para la CIDH el peligro al cual están expuestos los periodistas de Contralínea es evidente.

Lo anterior contraviene drásticamente al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, que consideró como “bajo u ordinario” el riesgo correspondiente a la revista a pesar de que en un periodo de 3 meses tanto la casa del director como el departamento de su asistente fueron allanados y las instalaciones del propio medio saqueadas.

“Han padecido de todo”, apuntó Judith Calderón, presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas. “Lo que sigue ya es un asesinato y se lo advertimos al Mecanismo [federal]”, añadió José Réyez Hernández, subdirector de Contralínea.

De acuerdo con lo solicitado por la CIDH, el gobierno de la República deberá informar sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas con el medio antes del 14 de agosto.

Sin embargo, hasta el momento ningún funcionario se ha comunicado con los periodistas. “Ni del mecanismo ni de ningún lado”, asevera Réyez Hernández. “Queremos denunciar que el Estado mexicano y sus instituciones siguen inermes ante el riesgo en el que están los reporteros y trabajadores [de Contralínea]”.

La impunidad no sólo ha corrido por cuenta de los gobiernos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. “Hemos denunciado también la corrupción en el Distrito Federal”, aclaró el subdirector. “De [ocurrir algo peor] por no actuar los estamos haciendo responsables”.

La medida cautelar emitida por el organismo internacional “es un aviso que en México hay impunidad, que no se respeta el derecho. La CIDH ha informado que se viola flagrantemente la libertad de expresión en México”, finalizó el abogado Maurilio Santiago.

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