Contralinea

Redacción

02 Mar 2021 a las 10:41 pm

Multas por 86 millones a tres exfuncionarios del SAT que perdonaron impuestos

SAT

La Secretaría de la Función Pública multó a tres servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi 86 millones de pesos, e inhabilitó por 10 años a uno de ellos.

Imagen del logo del sat

Según la autoridad, los funcionarios incurrieron en omisión y deficiencia en su desempeño, y por ello “no se pudieron cobrar créditos fiscales, con lo cual ocasionaron daños al erario”.

 

La Función Pública agregó que en “un primer caso, tras una cuidadosa investigación y procedimientos responsabilidades, el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos a un subadministrador local jurídico, quien también fue destituido, y a una exjefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco”.

 

También indicó que “al dar seguimiento a una denuncia presentada por la Administración Central de Impuestos Internos del SAT, el OIC determinó que luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la deuda de una persona física, los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta”.

 

En otro caso, aseguró la SFP, “luego de una denuncia presentada por la Administración General de Evaluación del SAT, y tras la respectiva investigación y procedimiento de responsabilidades, el OIC en el organismo sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28 millones 774 mil 125.18 pesos a un exabogado tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua.

 

El OIC en el SAT determinó que, faltando a sus responsabilidades, el exfuncionario público realizó una indebida notificación a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada”.

 

La Función Pública afirmó que durante las investigaciones se respetaron los derechos de los involucrados.

 

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