Familiares de las víctimas de la masacre de Cadereyta, Nuevo León, continúan exigiendo verdad y justicia respecto de los hechos reportados por el Ejército Mexicano la madrugada del 13 de mayo de 2012, en donde fueron  encontrados 49 torsos humanos sobre la carretera Monterrey-Reynosa [kilómetro 47].

Articulados en el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras –y acompañados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)–, recordaron que a 8 años del asesinato de 43 hombres y seis mujeres, sólo 17 víctimas han sido identificadas, 10 de ellas son personas migrantes hondureñas que se dirigían a Estados Unidos huyendo de malas condiciones económicas y de violencia.

En la masacre también hubo víctimas de Nicaragua, Guatemala, México, informaron las familias de las víctimas centroamericanas. Señalaron que, en el marco de violencia generalizada y desapariciones sistemáticas en los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, el caso se suma a los hechos de máxima expresión del horror y denigración humana.

Este caso fue uno de los tres que formaron parte del mandato de la Comisión Forense, creada ­–en 2013– para la identificación de víctimas (los otros dos corresponden a las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y abril de 2011).

Sin embargo, las familias siguen luchando por una verdad y justicia que no llega, pese a la gravedad de los hechos, indicaron. El 17 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 8VG/2017, al gobierno de Tamaulipas, al gobierno de Nuevo León y a la [entonces] Procuraduría General de la República. En cumplimiento a la citada recomendación, la hoy Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de la investigación de los hechos,  pidió a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo 2012 por dicha autoridad local. Sin embargo, la FGR nunca recibió el expediente sino una notificación de que el expediente había sido “destruido” por la empresa de paquetería encargada del envío, declararon en un comunicado las familias afectadas.

Por ello, el pasado 14 de abril, la Fundación para la Justicia presentó una queja ante la CNDH para que se investiguen los hechos. De igual forma se iniciarán otras acciones jurídicas para que se investigue la destrucción del expediente, pues la Fiscalía de Nuevo León fue la primera en intervenir en el lugar de los hechos, en recabar indicios, declaraciones y otras evidencias fundamentales para la investigación.

Estas violaciones son repetitivas para las familias hondureñas y de otros países que siguen excluidas del sistema de atención a víctimas y de los derechos a la asistencia, búsqueda, verdad, justicia y reparación, señaló el comunicado.

Ante ello, se presentará un peritaje en materia de reparación del daño, para avanzar en el cumplimiento de la Recomendación de la CNDH y reconocimiento de los daños causados, no solamente por quienes privaron de la libertad y la vida a las víctimas, sino también por quienes han aumentado el dolor de la pérdida con la frustración de la impunidad.

Aunque han pasado 8 años, las familias siguen exigiendo conocer la verdad, que se castigue a los responsables y que el Estado mexicano garantice la no repetición de este tipo de actos, advirtieron las organizaciones.

A razón del contexto anterior, los quejosos exigieron a la FGR que dé razones de la masacre en Cadereyta, pues es su obligación y les corresponde rendir cuentas sobre las circunstancias de la destrucción del expediente, informar sobre las investigaciones adelantadas y dar respuesta a las víctimas y a la sociedad.

También pidieron una reorientación del modelo de investigación de la  FGR que incluya una visión estratégica, transnacional y contextualice el caso correctamente.