A empresas vinculadas a espionaje de Pegasus, 5.9 mil millones de pesos con Peña Nieto

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, nueve empresas relacionadas con la venta de servicios de espionaje al gobierno federal –en particular con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group– recibieron contratos por 5 mil 914 millones 444 mil pesos, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Al respecto indicó que Grupo Tech Bull, SA de CV, y Balam Seguridad Privada, SA de CV, fueron responsables de la venta de Pegasus –utilizado ilegalmente para espiar a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos– a la entonces Procuraduría General de la República, por 32 millones de dólares. El contrato fue firmado directamente por Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo en Israel.

Entre 2012 y 2018, Grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada recibieron recursos provenientes de las cuentas concentradoras del gobierno federal y lo utilizaron para comprar sistemas de amplificación de frecuencias y tecnologías de geolocalización a empresas como PIC SIX, Ltd; AERONAUTICS, Ltd; AEROSENTINEL, Ltd; y otras empresas localizadas en Italia e Israel.

Las operaciones rastreadas por la UIF fueron incongruentes pues los recursos públicos asignados fueron muy superiores a los costos de los productos adquiridos,  por lo que se puede suponer que las empresas fueron utilizadas como intermediarias para adquirir tecnologías y venderlas a sobreprecio al gobierno federal, estimó el funcionario.

Estas empresas realizaron transacciones con KBH TRACK, SA de CV; Proyectos y Diseños VME, SA de CV; Grupo Comercial Vicra, SA de CV; Constructora Del Centro y del Bajío, SA de CV; Artículos Textiles Equipo y Accesorios MV, SA de CV; y Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, SA de CV, consideras empresas fachada por tener representantes y domicilios en común, así como accionistas jóvenes y de perfil socioeconómico incongruente.

Las dependencias públicas que contrataron los servicios de estas empresas fueron las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Marina y Defensa Nacional; los gobiernos de Veracruz,  Estado de México y Colima; así como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto de Formación Policial, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Tesorería de la Federación, entre otras.

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