El acuerdo recientemente alcanzado en torno al acceso al agua en la región indígena de Ayutla ya generó nuevas tensiones entre los pobladores en conflicto. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil –entre ellas Ayutla Mixe– exigieron un alto a la criminalización contra personas defensoras. Además de demandar medidas que eviten una escalada mayor de violencia hacia ellas.
En una carta dirigida a Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca; Jesús Galván Rojas, presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla; y Bernardo Rodríguez Alamilla, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, denunciaron que comuneras y comuneros de Ayutla han sido afectados por la firma del reciente “acuerdo” entre las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapam del Espíritu Santo. Acuerdo que violenta sus derechos como posesionarios de tierras que han mantenido por generaciones.
A partir de esta firma, la criminalización sufrida por el pueblo mixe ha continuado y los señalamientos contra defensores incrementaron luego del incendio de una camioneta propiedad del presidente municipal de Ayutla, denunciaron.
Agregaron que los discursos criminalizantes atacan principalmente al Colectivo de Mujeres de Ayutla, particularizando responsabilidades y la comisión de esos hechos, lo cual constituye violencia de género. Ello desacredita la labor de defensa que realizan ellas en la región, “además de estigmatizar e incitar al odio invisibilizando el problema de fondo: la lucha por el agua, y ahora, por la tierra en Ayutla”.
En el marco de la convocatoria del presidente municipal de Ayutla para llevar acabo una asamblea para determinar las acciones a seguir contra los responsables del incendio, ante el clima de hostigamiento previo y del riesgo de posibles represalias exigimos, reiteraron la exigencia de garantizar a las mujeres defensoras las condiciones necesarias para el ejercicio pleno y seguro de su derecho a defender derechos y evitar la descalificación de las denuncias, la criminalización o represalias en su contra.
A la Comisión defensora de derechos humanos local y a la federal, demandaron que si personal documente los hechos y de seguimiento a las quejas abiertas por violaciones a derechos humanos anteriormente interpuestas.
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