La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac) denunciaron las acciones para el despojo y explotación de territorio que impulsa la empresa minera First Majestic en el municipio de Chalchiuites, Zacatecas.
De acuerdo con dichas asociaciones civiles, First Majestic pretende trabajar en 650 de los 903 kilómetros cuadrados que comprende el total del municipio, lo que ocasionaría que dicha empresa ocupe el 72 por ciento de la superficie municipal. Según un comunicado emitido por Ocmzac y Rema, este factor preocupa a los habitantes, puesto que las más de 10 mil personas que residen en Chalchiuites, tendrían que reubicarse en el 28 por ciento de superficie restante.
First Majestic es una empresa minera canadiense que opera más de 850 proyectos en México; es decir, tiene el 65 por ciento de las concesiones de exploración, desarrollo y explotación de minas a lo largo de todo el país, según Rema. Entre estos proyectos se encuentran las concesiones otorgadas a dicha empresa en el municipio de Chalchiuites, Zacatecas.
Este 2 de julio se llevó a cabo una asamblea agraria, en la cual las y los ejidatarios fueron convocados para que, junto con representantes de First Majestic, discutieran la aprobación o negativa de dicho proyecto; sin embargo, en el mismo informe, se expuso que la reunión “comenzó en medio de varias tensiones”, lo cual sólo se agravó conforme fueron llegando representantes de “quienes se desconoce si son o no ejidatarios, pero hacen acto de presencia”.
La Rema describió que dicha empresa ha generado desinformación acerca de su expansión, lo que ha ocasionado “divisiones entre la población local”. También, explicó que algunos de los ejidatarios que están a favor del proyecto minero, se disponen a aceptar “un ofensivo e irrisorio convenio por 5 años en el que se les ofrecen 20 mil pesos divididos en 73 pagos”, es decir, 273.97 pesos al mes.
“Están negando y violando todos los procedimientos descritos en la ley agraria, [al querer] imponer un proyecto que traerá graves consecuencias a toda la población, al medio ambiente y a las principales actividades agropecuarias y económicas de la zona”, se evidenció en el mismo informe.
Por último, las organizaciones ratificaron su apoyo y solidaridad para quienes se oponen a “este proyecto minero de muerte”; además, invitaron a generar condiciones adecuadas para que los campesinos no corran riesgo de perder “su vida comunitaria”, la cual depende principalmente de la ganadería y agricultura.
Karen Ballesteros
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