A siete años de la emboscada a una caravana de paz que se dirigía al centro ceremonial de San Juan Copala, Oaxaca, y donde fueron asesinados Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y de Jyri Antero Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, los crímenes siguen impunes.
Bety Cariño (como se le conocía) y Jyri fueron atacados con armas AK-47 o cuerno de chivo y asesinados por un grupo paramilitar, vinculado a la organización Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
En el ataque más de 20 personas resultaron heridas; dos periodistas de Contralínea (edición 181) y dos defensores de derechos humanos (Noe Bautista y David Venegas) permanecieron desaparecidos por más de dos días.
Desde aquel 27 de abril a la fecha, los asesinos siguen libres y decenas de indígenas triquis siguen desplazados de su región, por el clima de violencia que impera en la mixteca oaxaqueña.
A través del posicionamiento 25/2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se sumó a las demandas de “verdad y justicia”. En el comunicado se menciona que familiares, defensoras y defensores de Bety Cariño y Jyri, organizaciones de derechos humanos y diputadas y diputados del Parlamento Europeo señalan que “no se ha hecho lo suficiente para brindar justicia, toda vez que se mantienen pendientes de ejecutar diversas órdenes de aprehensión”.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su reciente visita a México, señaló que frente al elevado número de violaciones a derechos humanos en este país hay una tasa ínfima de investigaciones exitosas, lo que provoca una sensación de impunidad generalizada que envía un peligroso mensaje y un entorno propicio para la repetición de crímenes en contra de personas defensoras. Agregó que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.
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