Caso de Tania Elis Hernández, “ejemplo de represión política en la UNAM”

Tania Elis Hernández Velázquez es estudiante de sociología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. Su mayor sueño era estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); sin embargo, ésta fue la institución por la que pasó 31 días recluida en un penal del Estado de México. Hoy está libre y exige justicia para todos los casos de acoso y hostigamiento sexual no atendidos por la máxima casa de estudios del país.

“Mi lucha es por las mujeres. A partir de que entré a la Facultad de Acatlán, desde 2018, he sufrido acoso sexual y hostigamiento de parte de estudiantes, profesores y administrativos. Así como [lo han padecido] muchas otras compañeras. Decidimos organizarnos y levantar la voz. Recurrimos al director, Manuel Martínez Justo. Sin embargo, en lugar de atender las exigencias y denuncias, decide llevarme al penal de Santiaguito [en Almoloya de Juárez]”, expresó la joven de 24 años.

Acompañada de su familia y de sus defensoras legales, Tania Elis exigió al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, atender los casos de acoso y hostigamiento sexual denunciados dentro de los planteles y pidió justicia para las víctimas de dichas agresiones.

“Yo soy inocente, por eso estoy aquí [en casa]. Pido justicia y seguimiento a los casos de acoso sexual. Yo sigo en la lucha, incansablemente. Compañeras, no están solas: estoy con ustedes”, afirmó mediante un video publicado por el centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero.

La coordinadora de la organización, Fabiola Vite Torres, calificó como “inadmisible” que al interior de la UNAM se constituyan delitos en contra de estudiantes y llamó al rector Graue a “romper el pacto de silencio que impera en las instalaciones universitarias” y a dar seguimiento a las denuncias de hostigamiento y acoso sexual.

“Llamó a Enrique Graue a romper el pacto de silencio que impera en las instalaciones universitarias”

Recriminó también que los directivos de diferentes planteles desatiendan las denuncias y generen “más actos delictivos, incluso con violencia y privación de la libertad. [Un] asunto muy grave. […] El caso de Tania Elis es uno de ellos, [por lo que] nos mantendremos al pendiente del caso hasta el final”.

Para el padre de la joven, Moisés Hernández Pérez, la UNAM quiso usar el caso de Tania Elis “como un ejemplo” para que los demás estudiantes “ya no se pasen de listos. Todo fue una cuestión política”.

¿Quién es Tania Elis?

Tania es una joven con convicciones, persistente y, sobre todo, solidaria. La menor de tres hermanos es descrita por su padre como alguien “bien política”, de pensamiento crítico, a quien le encanta debatir, pensar e intentar dar soluciones a problemáticas sociales y está siempre abierta al conocimiento.

En entrevista, su padre dice que sus pasiones también se centran en lo cultural: leer, escuchar música clásica, ir al teatro, pero sin abandonar sus estudios; “siempre ha sido estudiante de excelencia”. “Es una persona con muchas virtudes”.

A partir de querer ayudar a la gente decidió estudiar Medicina en la Universidad Nacional. Logró hacer realidad su mayor sueño: estudiar en la Máxima casa de estudios del país. Ella quería atender a comunidades marginadas; pero luego de tres meses decidió dejar dicha carrera, a raíz de las crisis de angustia y desesperación provocadas por la constante exigencia académica. “[Ahora] se desespera al estar en lugares muy cerrados”, explica su padre.

Añade que Tania decidió realizar por segunda ocasión el examen de ingreso a la Universidad, esa vez para la licenciatura en sociología. El plantel elegido: la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ello, pese a que su padre no quería que estudiara en dicho plantel por la inseguridad registrada en la zona.

A partir de las denuncias de acoso sexual en la UNAM, entre la comunidad de alumnas de la FES surgió la idea de formar un colectivo con compañeras de diferentes facultades y Tania se suma. “No tenía nombre, pero como siempre demandaban justicia a las autoridades, éstas se referían a ellas como ‘las argüenderas y las revoltosas’. De allí lo tomaron y crearon el colectivo”, explica su padre.

Su principal objetivo era dar cobijo y voz a las denuncias de quienes sufrían de acoso, salir a las colonias conurbadas y ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar e, incluso, “dentro de la misma escuela iban a crear una especie de guardería para las compañeras que fueran madres solteras y no tuvieran dónde dejar a los bebés. Ellas estaban planeando todo ese servicio de manera muy integral”.

Inicio de los enfrentamientos

Previo a que iniciara la contingencia sanitaria por Covid-19 en el país, la UNAM fue objeto de múltiples señalamientos por parte de la comunidad estudiantil por la inatención de las autoridades –de diferentes planteles– a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual presentadas por alumnas, profesoras y demás trabajadoras contra profesores, alumnos y demás personal de la institución.

“La UNAM fue objeto de múltiples señalamientos por parte de la comunidad estudiantil por la inatención de las autoridades –de diferentes planteles– a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual”

Esto, llevó a que organizaciones estudiantiles –en su mayoría de mujeres– de varios planteles de la Universidad cerraran sus escuelas como protesta. Y como parte de estas manifestaciones, el 10 de marzo, en la FES Acatlán, integrantes de la colectiva feminista “Argüenderas y Revoltosas” tomaron las oficinas de los secretarios técnicos de la División de Socioeconómicas, ubicadas en la planta baja del edificio A6. Lugar donde, anteriormente, se realizaban proyectos multidisciplinarios.

“Las discusiones en torno a la violencia de género les competen principalmente a las mujeres y deberán tener cabida en un espacio digno, autónomo, sin persecución y hostigamiento político por parte de las autoridades. […] Nos rehusamos rotundamente a que este lugar que fue en algún momento para fomentar pensamiento crítico sea ahora para realizar funciones burocráticas […] Creemos en la emancipación a través del aprendizaje colectivo y autogestivo”, precisaron en un comunicado emitido por la misma colectiva.

Desde ese día las autoridades del plantel comenzaron a presionar para que quienes se mantenían en la protesta abandonaran el lugar: el 20 de marzo cortaron el suministro de agua y luz de los edificios A6 y A9, y el 26 de marzo arrestaron a tres estudiantes que entregaron víveres a sus compañeras. Acusados de alterar el orden público fueron remitidos al ministerio municipal de Naucalpan de Juárez, pero a falta de pruebas los dejaron libres, según se señala en la relatoría de hechos de la que Contralínea tiene copia.

“Quiero manifestar mi indignación hacia las autoridades de la FES y hacia la administración del director Manuel Martínez Justo por el amedrentamiento, hostigamiento y abuso de poder que sufrimos, no sólo ese día, sino desde que inició su administración. […] La abogada de la facultad [Ailín Olea], quien se suponía tenía que protegernos, fue quien solicitó que nos llevaran los policías en la patrulla”, indicó uno de los estudiantes arrestados, en el mismo documento.

Día de la agresión: madrugada del 5 de abril

Este “acoso” por parte de las autoridades del plantel –como lo describe su padre– culminó en un hecho que dejó a un estudiante con fractura en la mandíbula, a otro con quemaduras de segundo y tercer grado y una joven fue agredida sexualmente; mientras que Tania Elis fue señalada como responsable de causar daños a propiedad privada:

Eran alrededor de las 03:30 horas del 5 de abril, cuando a los cubículos donde se encontraban integrantes de la colectiva llegaron de entre ocho y 10 hombres “aparentemente de un cuerpo policial por su vestimenta: pasamontañas, playera de manga larga, chalecos antibalas, pantalón de corte militar, guantes y botas. Todo de color negro. Portaban bates, tasers y un garrafón de bidón blanco”, narró una de las víctimas en la relatoría de los hechos.

“Llegaron de entre ocho y 10 hombres aparentemente de un cuerpo policial por su vestimenta: pasamontañas, playera de manga larga, chalecos antibalas, pantalón de corte militar, guantes y botas”

Mientras algunos de ellos rompieron los vidrios y otros patearon la puerta de uno de los cubículos, otros rociaron gasolina por debajo de la misma y la incendiaron. “Ya valieron verga. Los vamos a matar”. “Esto es por Erasmo y los dulceros”: fueron las amenazas emitidas.

Erasmo González Castro es el jefe de vigilancia de la FES y quien fue sustituido de su cargo en octubre de 2019, luego que la comunidad de alumnos protestaran porque dicho funcionario ahorcó a un estudiante durante una asamblea estudiantil. Sin embargo, de acuerdo con alumnos de dicho plantel, éste sigue trabajando allí.

“El humo se esparcía y me faltaba el aire. Sentí pánico y terror. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Entré en shock y me quedé ahí viendo la puerta. Las demás compañeras trataron de salir por la parte trasera del espacio, pero al intentarlo, los individuos comenzaron a romper los vidrios de atrás por lo que ellas regresaron al centro del lugar donde nos encontrábamos. En ese momento entraron y comenzaron a golpearnos ”, aseguró otro de los afectados.

Golpes con bates metálicos y macanas, puñetazos, quemaduras con fuego, agresiones sexuales y disparos fueron las principales agresiones que sufrieron los estudiantes, según lo narrado en el mismo documento.

“Los muchachos rogaron que los dejaran en paz, que se iba a ir de la escuela. Estos tipos dicen: ‘bueno, ustedes de aquí se largan porque sino se los va a cargar…’ Soltaron dos disparos y se fueron”, explica Moises Hernández Pérez, padre de Tania Elis.

Incendiar,  solución para ser rescatados

Con todas estas heridas, los estudiantes miembros de “Argüenderas y Revoltosas” tenían que decidir hacer algo para ser atendidos. Golpeados, llamaron en múltiples ocasiones a la Cruz Roja que se encontraba a menos de 2 kilómetros de la escuela. La ambulancia solicitada nunca llegó.

Acorralados y confundidos, los jóvenes activistas pensaron en dos escenarios posibles para recibir auxilio y atención médica: salir por la entrada principal del plantel, pero con la incertidumbre de que los acribillaran o los levantaran. Y es que un año atrás, justo en la entrada de la escuela, un estudiante fue apuñalado durante un asalto; dos días después del ataque, murió.

El segundo escenario contemplado, y realizado, fue el de incendiar una parte del edificio donde se ubicaba la oficina jurídica de la dirección del plantel; con eso harían visible el estado en el que se encontraban. Así fue como lograron atraer la atención de los bomberos y de una ambulancia para auxiliar, de acuerdo a una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, de la que este semanario tiene copia.

Con la llegada de los bomberos también acudió un cuerpo estatal de patrullas. La sorpresa para los estudiantes que ya habían podido salir del lugar fue que de una de esas patrullas descendió Erasmo González Castro. La misma persona, que, según los propios agresores, había mandado a violentar a los estudiantes y que “al parecer, este tipo fue policía del municipio y del Estado [de México]”.

Aunque el cuerpo policiaco arribó al sitio, en ese momento no hubo ningún detenido. “Si se supone que ese era momento de agarrarlos en flagrancia, ahí pudieron haber sido remitidos”, opina el padre de Tania.

Todos se fueron a acompañar a los heridos. En la Cruz Verde, un médico del hospital Rubén Leñero, al ver las quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo de uno de los estudiantes, dio el diagnóstico de tener que cortar un brazo por la gravedad de sus heridas; apunto estuvo de perder una extremidad.  Sin embargo, él junto con otro estudiante que resultó con el rostro fracturado pasaron su recuperación en el hospital.

Durante ese tiempo no hubo denuncias por parte de la Universidad por lo ocurrido y ante la incertidumbre sus familias decidieron ocultarlos “mientras veíamos qué hacer porque no había denuncia, tampoco una carpeta de investigación. Nada”.

Habían pasado cinco meses de las agresiones recibidas y  Tania decidió volver a casa de su padre. A los 4 días de haber llegado, acudió a casa de su madre, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero –la dirección registrada como la oficial en la Universidad– donde fue detenida con una orden de aprehensión federal y subida a una patrulla, en compañía de su madre. Ambas fueron llevadas al Ministerio Público de San Bartolo Naucalpan. Los judiciales advirtieron haber enviado citatorios; no obstante, con base en lo dicho por Moisés Hernández, los avisos no llegaron a casa de ninguno de los padres.

Defensa legal, “opaca”

La joven de 24 años pasó un mes recluida en el penal femenil de Santiaguito, en el Estado de México. Daños en propiedad privada en modalidad de banda y ser la líder de la misma eran los cargos que se le imputaban. Junto a otras jóvenes dormía en el piso húmedo y frío. “No es muy agradable la estancia”, cuenta Moisés Hernández.

Agrega que desde el momento en el que Tania Elis Hernández ingresó al ministerio público nunca obtuvo acceso a defensa legal, aunque su familia contactó a un abogado y éste trató de entrevistarse con ella, pero el licenciado nunca fue notificado y no le permitieron la entrada. “No sabíamos qué hacer, con quién comunicarnos”.

Todo pasó muy rápido, revive Moisés Hernández. Ese mismo 24 de agosto, Tania fue vista a bordo de otra patrulla.  La familia, junto con otro abogado, intentaron interceptar el vehículo oficial para entrevistarla. No fue posible. La trasladaron al Altiplano de Almoloya, de acuerdo con un documento entregado a la madre. No obstante, al ser ésta una prisión varonil fue trasladada a Santiaguito.

Un día después se realizó la primera audiencia, donde fue presentada y se descargó el cargo imputado: daños en propiedad ajena en modalidad de pandilla. La señalaron como jefa de la banda, sin presentar alguna prueba.

La familia de la estudiante recurrió a la contratación de un par de abogada privadas. Acto, que el señor Hernández califica como “el primer error” en el proceso de defensoría: “una de ellas quería hacer un convenio entre las Universidad y nosotros. Nos pidieron 100 mil pesos […] luego 100 mil pesos más para el Ministerio Público, una fianza de 30 mil pesos, una propiedad de 37 mil pesos y un convenio con la Máxima casa de estudios por 30 millones”. Monto que se redujo a 4 millones de pesos.

En opinión de Hernández Pérez, la defensa de su hija fue tratada con total opacidad, “las abogadas se fueron por lo más rápido. Me pagas y adiós. Tú te arreglas con la UNAM”.

Al ver que las abogadas contratadas no trataban el caso con perspectiva de género y no tomaban en cuenta el contexto por el que Tania Hernández y sus compañeros decidieron incendiar las instalaciones de la Facultad, buscó a grupos defensores de derechos humanos y colectivas feministas hasta lograr que la organización Zeferino Ladrillero tomara el caso de su hija. 

Un mes después de su detención, Tania Elis Hernández está en libertad por un acuerdo logrado por el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal. Con base en un mensaje emitido por Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de la dependencia, se explica que la acción penal en contra de la estudiante “se extinguiría” y que tendrá que realizar servicios a la comunidad en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el programa de mujeres “Lucha por la paz”.

 

UNAM envía mensaje a estudiantes con detención de Tania

En la segunda audiencia fue la primera vez que la familia de Tania tuvo contacto directo con una representante legal de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con lo señalado por Hernández Pérez, la licenciada –de quien no especifica el nombre– le advirtió: “ya la teníamos en la mira”. Y es que la estudiante siempre participaba en las manifestaciones políticas dentro del plantel. “Ahí supe que era una cuestión política”, afirma el padre de la joven.

“La estudiante siempre participaba en las manifestaciones políticas dentro del plantel. Ahí supe que era una cuestión política”

Para Moisés Hernández, la UNAM quiso usar el caso de Tania Elis “como un ejemplo para que ya no se pasen de listos porque ahorita los alumnos están muy calientitos y era muy común en la FES. Lo que quiere el director es eso”. Para él, “lo que hizo la universidad no fue un juego, fue un intento de homicidio y eso es algo muy grave y la manera tan brutal de golpear” a los estudiantes.

En la carta enviada al jefe del ejecutivo, Moisés Hernández le cuestionaba al primer mandatario: “Acaso no nos estaremos enfrentando a un acto de censura, no será que este caso es un caso de carácter político”

“No puedo entender como la UNAM, la misma institución que ante el mundo se dice promotora de la justicia, de la investigación, de los valores más sublimes, se ensañe con una alumna quien –pese a ser una alumna casi de excelencia; con muchos sueños, muchas virtudes, con mucha hambre de aprender, de ayudar a los demás– sea objeto de un acto tan bárbaro y tan ruin, por su manera de pensar, No lo logro entender”.