El Comité Digna Ochoa de Derechos Humanos denunció que indígenas choles de la comunidad Hidalgo Joshil, Tumbalá, Chiapas, fueron reprimidos por policías estatales y del municipio de Yajalón, quienes portaban armas de fuego. Los hechos ocurrieron el 27 de abril aproximadamente a las 13:30 horas, mientras los afectados se manifestaban en el punto conocido como Pulpitillo.

La organización indicó que al menos una persona resultó gravemente herida en esos hechos. Además, detalló que los indígenas exigían una mesa de diálogo con la delegación de la Secretaría de Gobierno y el sector salud, luego de que la administración estatal anunció el establecimiento de un cerco sanitario velado por la Guardia Nacional. Ello, en los municipios de Tumbalá, Yajalón y Tila, considerados focos rojos de Covid-19 debido al porcentaje de casos en relación al número de habitantes.

Para el Comité Digna Ochoa, estas medidas son inconstitucionales y violatorias a los derechos humanos, pues impiden que los indígenas choles movilicen a personas que requieren atención médica por otras enfermedades.

La organización agregó que las autoridades del sector salud se niegan a atenderlos con el pretexto de que hay control sanitario por la Covid-19. Además, los pobladores se han pronunciado por ser discriminados y no poder transitar para abastecerse de alimentos e insumos.

Hasta ahora, la comunidad de Hidalgo Joshil se encuentra en alerta máxima haciendo un recuento de las personas heridas y de los detenidos; se sabe que hay una persona herida que se encuentra muy grave (Romario Guzmán Montejo).

El Comité Digna Ochoa ha denunciado por redes sociales las quejas de los pobladores sobre el establecimiento de cierre por parte de la Guardia Nacional en la cabecera municipal de Tumbalá y los accesos al municipio de Yajalón.  Cierres en distintos puntos como el poblado Petalcingo por policías municipales, cierre a la altura del ejido Nueva Esperanza por simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México y de la alcaldía de Tila y, cierre de los accesos a la entrada y salidas del poblado de Tila.

La organización denunció que militares de la Guardia Nacional en sus unidades anuncian la instrumentación de un supuesto Plan GN-Asistencia, “el cual no existe legalmente”. Y condenó las limitaciones de derechos constitucionales y humanos por parte del gobierno de Chiapas, la Secretaría de Salud estatal, los ayuntamientos de Tila, Tumbalá y Yajalón, y de otros actores, sin que exista ningún sustento legal.