Condena CIDH la campaña en su contra que se hace en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, expresa su rechazo y consternación por la apertura de una averiguación previa en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la misma dependencia, así como por la campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por carecer de un hecho constitutivo de delito.

El GIEI fue designado para la investigación del caso de los 43 normalistas a través de un acuerdo firmado por tres partes: el Estado mexicano, los padres de los normalistas y la CIDH. La firma de Álvarez Icaza en dicho acuerdo fue una “delegación de firma”, es decir, que fungía como representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que la CIDH es un órgano principal.

La Comisión explica que no existe fraude por parte de Álvarez Icaza porque la selección de los expertos fue una decisión acordada por todas las partes y los fondos que el gobierno mexicano destinó para el GIEI fueron depositados directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, no fueron administradas por la CIDH ni por Álvarez Icaza.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, fue quien presentó la denuncia por “fraude” contra el secretario ejecutivo de la CIDH el 15 de marzo. El mismo día, la asociación publicó una nota en su portal de internet en la que desglosa tres aspectos de la denuncia. Los tres se enfocan en los expertos del GIEI.

La asociación argumenta que la denuncia fue interpuesta contra Álvarez Icaza debido a que los expertos tienen inmunidad, la cual les fue otorgada por el acuerdo que firmaron representantes del gobierno mexicano, de los padres de los 43 normalistas y de la CIDH para garantizar el desempeño de la investigación.

En respuesta a las acusaciones de que la investigación del GIEI no ha ayudado al esclarecimiento del caso, la CIDH señala que el informe, presentado el 6 de septiembre de 2015, cuestiona la “versión histórica” dada a conocer por el entonces procurador general de la república Jesús Murillo Karam y muestra inconsistencias, irregularidades y/o ausencias en la investigación de los hechos. Ante esto, el Estado mexicano ha abierto nuevas líneas de investigación, lo que “representa un avance significativo en la búsqueda de la verdad y justicia en este caso”.