Defensores del medio ambiente y del territorio se reunieron con el Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, para exponer la situación que viven los defensores de derechos humanos en México, quienes presentaron sus casos sobre abusos y violaciones cometidas por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatales y federal.

Entre los casos se encentra el del Ejido de La Sierrita de Galeana en Durango, “emblemático de la defensa de la tierra y los bienes naturales ante la industria extractiva en el país. En esta zona, se encuentran importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, recursos que han sido explotados a lo largo de los últimos 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a Excellon de México S.A de C.V.”, informó la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (Prodesc).

Daniel Pacheco Álvarez, presidente del comisariado ejidal La Sierrita, señaló: “a lo largo del 2013 sufrimos amenazas, hostigamiento y violencia por parte de diversos grupos, principalmente de la empresa y un sindicato de protección patronal.

Aunado a ello, la organización Prodesc (que acompaña al ejido) enfrentó también una campaña de desprestigio, estigmatización y hostigamiento en su contra y el allanamiento de sus oficinas en el 2013”, expuso.

Tras cuatro años de juicio en noviembre de 2016, el Tribunal estableció el término de la relación contractual entre ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita y Excellon de México, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las 1 mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al Ejido, así como el pago de una cláusula penal establecida en el contrato por la cantidad de 5 millones 500 mil pesos a favor del Ejido. Asimismo, este Tribunal estableció que el Ejido debía pagar a la empresa la cantidad de 5 mil 612 38 pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago.

En diciembre pasado, Contralínea documentó que en los años que duró el juicio, la minera no pagó renta de un espacio que sí utilizó, explotó y aprovechó, sin que el Tribunal hiciera un pronunciamiento al respecto (edición 517).

Para finalizar su participación Pacheco Álvarez añadió que “en un contexto como el mexicano, donde el acceso a la justicia es el camino más difícil para las comunidades que defienden sus derechos, es fundamental el apoyo de instancias como su relatoría, que puedan hacer recomendaciones al gobierno mexicano para priorizar los derechos de las comunidades por encima de los intereses de las empresas transnacionales”.

Otro de los casos expuestos ante el Relator fue el de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), que ha presentado diversos amparos ante la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa, y las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, en el año 2014 para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur.

La visita del Relator a nuestro país cerrará con una conferencia de prensa para presentar su informe preeliminar, que incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas que realice a los estados de Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, así como las diferentes reuniones con autoridades estatales, federales, organizaciones de derechos humanos y defensores, informó, a través de un comunicado la organización.