Despiden a 88 maestros de Querétaro por oponerse a la reforma educativa

Maestros de Querétaro despojados de sus derechos

En esta semana, el gobierno del Estado de Querétaro, en coordinación con el federal, despidió a 88 maestros que se oponen a la reforma educativa y que realizan trabajo político para resistir ante lo que consideran el despojo de sus derechos.

Con estos casos, en 18 meses han sido cesados –al menos– 120 maestros de educación básica y media superior, en la entidad gobernada por el panista Francisco Domínguez Servién. La mayoría de los profesores rebasa los 20 años de experiencia frente a grupo.

La reforma educativa federal que se aplica en Querétaro tiene particularidades, a decir de los maestros que se encuentran en resistencia. Explican que hoy se forman grupos de primaria que superan los 40 alumnos por aula, toda vez que se han cancelado grupos y se proyecta el cierre de turnos vespertinos e, incluso, de escuelas completas.

En declaraciones a los medios, el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique De Echavarri Lary, dijo que a los 88 maestros cesados en esta semana se les aplicó al artículo 74 de la Ley del Servicios Profesional Docente. Es decir, fueron cesados por no acudir a la llamada “evaluación educativa”.

En contraste, los profesores señalan que fueron despedidos injustificadamente, toda vez que no se les permitió defenderse ante las instancias judiciales competentes. Los profesores rechazan la reforma educativa y se encuentran en resistencia ante lo que consideran una pérdida de sus conquistas laborales. Para ello, llevan un proceso jurídico que no ha concluido y por lo que no debieron ser despedidos.

En una carta que comienza a circular el día de hoy, y que en unas horas ha alcanzado la firma de cientos de padres de familia, y decenas de organizaciones y colectivos, se condena la “persecución panista contra los maestros y los activistas sociales”. Los firmantes denuncian que en la entidad “se amenaza, se sataniza y criminaliza la protesta mientras los funcionarios hacen negocio privado en la obra pública”.

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