Emite la CNDH recomendación al gobierno de Chiapas por muerte de indígena en penal El Amate

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, por la inseguridad, poca vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 (Cereso 14), El Amate, en Cintalapa.

De acuerdo con la recomendación 04/2016, la CNDH proyecta instruir a la autoridad penitenciaria para que garantice el derecho a la integridad personal de los reos. Dentro de los términos que precisa la recomendación está: incrementar el personal de seguridad y vigilancia en los módulos del penal; erradicar el autogobierno para que los internos no ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia; y hacer una clasificación de la población penitenciaria, informó el organismo a través de un comunicado.

La recomendación se emitió después de que la CNDH realizara una investigación por la muerte del interno de origen tzotzil Joel Díaz Martínez, de 22 años y originario de Tuxtla Gutiérrez, quien fue encontrado ahorcado en un baño del penal en agosto del 2014.

El resultado de la investigación fue que había una insuficiencia en la vigilancia del penal que no permitía cubrir las necesidades de los internos en las áreas donde deambulan. El penal cuenta con 120 elementos de seguridad y custodia, total de hombres y mujeres en ambas guardias, frente a una población de 2 mil 520 reclusos.

En 2012, la CNDH emitió la recomendación específica 11/2012 para gestionar la sobrepoblación. Como medida para combatir la problemática en el penal, en septiembre de 2015 reubicaron a 101 reos hacia el Centro de Readaptación Social número 15, en Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

No obstante, el comunicado señala que la autoridad penitenciaria incumplió con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, el cual indica que las autoridades deben dotar de “recursos materiales y humanos necesarios para asegurar el desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”.

De igual forma, la CNDH solicitó al gobernador colaborar con el organismo en el procedimiento administrativo que se iniciará contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas.