Ante el Congreso de la Ciudad de México, este martes 16 de mayo se planteó la iniciativa de crear un grupo de jurados ciudadanos que participen en cada proceso llevado a cabo en la capital. La propuesta del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín pretende reformar y adicionar la Constitución federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De esta manera, “contrarrestar la impartición de justicia selectiva, la impunidad y la corrupción; así como las violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia”. Durante su intervención, el militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso 15 jueces ciudadanos. “Es necesario corregir la actual procuración y administración de justicia”, enfatizó. Pues, actualmente, se vive en una sociedad “con un alto grado de impunidad y corrupción que se refleja en la desconfianza en las instituciones de justicia. Es todavía más grave que, en muchos casos, la misma autoridad es agresora o copartícipe. Como se ha registrado en los casos, donde madres, quienes buscan a hijas o hijos desaparecidos, han terminado asesinadas”.

Asimismo, indicó que es delicada la gran cantidad de casos, en donde existen vicios de procedimiento, errores de investigación, persecución policíaca, arbitrariedad y abusos de poder. “En tanto este sistema permanezca, no podrá abrirse el camino al verdadero desarrollo planteado en programas de Gobierno. Ni estado de derecho que dé certidumbre en el actuar del sistema penal como merece la sociedad mexicana; luego de tanta inversión económica, análisis y discusiones”.

En razón de ello, reiteró la importancia de que la sociedad forme parte en la impartición de justicia “tal como sucede en los países, donde hay menos criminalidad y menos impunidad”. Con la propuesta, indicó, se hace efectivo el artículo 39 de la Constitución federal, la cual reconoce la soberanía del pueblo.

“Al crear jurados ciudadanos se coloca la justicia en manos del pueblo, al impedir la subjetividad de los funcionarios que intervienen en su procuración y administración y que la determinación sea equitativa, al ser la sociedad la que resuelve el veredicto final sobre la inocencia, o culpabilidad, de la persona procesada”.

Ante la tribuna, enfatizó que la justicia es una de las más grandes deudas sociales desde que se conformó la nación mexicana. Por ende, “una verdadera transformación tiene que estar basada en la sociedad y en su participación directa. Sobre todo, porque en su mayoría las víctimas del sistema judicial son pobres, de bajo nivel educativo y, no en pocos casos, hablan solamente una lengua indígena”.

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