Eólica del Sur  y FEMSA se imponen a comunidad indígena de Oaxaca

Anastacio Ochoa Pacheco, Sexto Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, negó el amparo la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, interpuesto  por la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), desde  agosto de 2014, por violaciones a los principios del derecho a la consulta.

El amparo se presentó por el cierre de la primera consulta indígena que se llevó a cabo en México en el marco de la reforma energética. Ésta se realizó en Juchitán Oaxaca, en 2014, a través de la Secretaría de Energía (Sener) para la instalación de un parque eólico de la empresa Eólica del Sur, informó la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

La empresa española que pretende generar energía en Juchitán para abastecer de energía a Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA),  embotelladora de Coca-Cola y de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, según muestran los proyectos aprobados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto consiste en la construcción de una planta de energía eólica de 396 KW en Oaxaca y la infraestructura asociada, en el área del Istmo de Tehuantepec. Éste proveerá energía a FEMSA, bajo el marco legal del Programa de Autoabastecimiento, indica el BID.

El organismo financiero anunció desde 2011 que este proyecto sería el “mayor parque eólico de México y unos de los más grandes de América Latina” (Contralínea 444).

La sentencia fue dictada desde el pasado 17 de marzo. Sin embargo, el Coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, Juan Antonio López, observó que, “para la elaboración de esta sentencia, el Juez Sexto de Distrito hizo caso omiso, desestimó y no incluyó en sus argumentos las pruebas presentadas en video, que evidencian distintas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán”.

El 19 de agosto de 2015, la APPJ acompañada por la organización defensora de derechos humanos, interpuso la demanda de amparo por el cierre de la consulta. En este recurso legal se argumenta que los permisos se otorgaron de manera anticipada, faltó información, culturalmente adecuada para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, por parte de las autoridades que llevaron a cabo la consulta; y por el cierre de la consulta misma.

En la relatoría de acciones que no tomó en cuenta el juez para emitir su sentencia, destaca Prodesc, la consulta no respetó los más altos estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que la consulta indígena debe ser: libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Las inconsistencias

De acuerdo con ProDESC y una Misión de Observación (integrada por diversas organizaciones sociales) se documentaron que:

1. La consulta no fue libre, pues documentaron con videos y notas periodísticas más de 30 incidentes de seguridad entre amenazas y hostigamientos.
2. No fue previa. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales expidió las manifestaciones de impacto ambiental antes de iniciar la consulta. De igual forma, la Comisión Reguladora de Energía expidió el “Título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica”. El Juez argumentó que el otorgamiento de los permisos no genera afectaciones debido a que el proyecto no había iniciado.
3. No fue Informada. La Sener reconoce públicamente que la información relacionada con el desarrollo del proyecto se encontraba disponible en internet, omitiendo el hecho de que las personas integrantes de la comunidad tienen como segundo idioma el español. Además,  la información era muy técnica para ser comprendida en su totalidad.
4. No fue culturalmente adecuada.  ProDESC documentó en video que en muchas de las sesiones no llegaron los peritos traductores del idioma zapoteco, necesarios para que todas las personas pudieran comprender las implicaciones del proyecto y las posibles afectaciones.
5. No fue de buena fe. Se documentó la presencia de representantes del gobierno, quienes influenciaron a ciertos grupos que presionaron el cierre de la consulta.

Érika Ramírez