Entre consignas de justicia y de “AMLO, no nos engañes como [Felipe] Calderón y [Enrique] Peña Nieto”, padres de algunos de los menores de edad que fueron víctimas del incendio de la Guardería ABC –ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora– protestaban afuera de Palacio Nacional.

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Adentro, en el salón Tesorería y sin la presencia de los afectados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba supuestas medidas para “resarcir” el daño y llevar a tribunales de justicia a los responsables de la tragedia en la que perdieron la vida 45 niños y decenas resultaron con secuelas irreversibles.

En la conferencia matutina, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 22 de mayo, a efecto de que se reabra el caso y se investigue a fondo con base en el proyecto de sentencia que en su momento elaboró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y que fue desechado por el pleno del máximo órgano de justicia de la nación.

“Todo aquel que deba ser investigado así será, no es un anuncio, sino que se fortalecerá la investigación más allá de la procuración de justicia con base en el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar, a efecto de valorarse la responsabilidad del exgobernador Eduardo Bours, así como de 17 funcionarios estatales y municipales que pudieran tener alguna responsabilidad en el caso, al tiempo que se fortalecerá y ampliará la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, afirmó el titular del IMSS.

Gabriel Alvarado, abogado de la asociación Manos Unidas ABC, denunció que a 10 años de distancia no hay avances de detener a los responsables de la tragedia, además del abandono en el apoyo psicológico y tanatológico en el que se encuentran familiares de las víctimas del incendio. Para el defensor, en la FGR no han voluntad de resolver el asunto.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que habrá una disculpa pública por parte del Estado mexicano a familiares de los niños. “Se pretende lograr una solución definitiva conforme a derecho e interés de la infancia, ya que en 10 años se han logrado formas de organización de los padres de familia, desahogo de amparos que serán determinadas a fin de este mes. La posición del gobierno federal siempre será de atención a las víctimas”.

Dijo que el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promovieron padres de familia se atenderá para lograr que se obtenga un acuerdo acorde y no diferenciado en favor de los padres de familia, así como la construcción de un memorial en honor a las víctimas.

Hay varios procesos pendientes de particulares e instituciones, pero el caso fue presentado por el IMSS, con lo que se suma a esta etapa para avanzar con la Segob con temas como los servicios subrogados, sin regateos, sin agravios a quienes ya tienen un dolor muy grande, dijo.

Por su parte, el jefe del Poder Ejecutivo admitió que conoció de cerca el lamentable hecho que se utilizó políticamente para obtener votos: “Una desgracia llevó a la derrota electoral [del PRI] y asumió otro partido [el PAN] la gubernatura, y que tampoco cumplió con la promesa de hacer justicia”.

Agregó: “Hoy me enviaron una nota los padres de familia con la advertencia de que no sea una farsa la denuncia ante la FGR, que  esté bien sustentada y no sólo sea por el aniversario”.

Se mantiene la denuncia y se va a reforzar, será ratificada para que sea una investigación seria y para que haya justicia, subrayó el mandatario.

Explicó que Encinas y Robledo atenderán el caso, ya que precisó que hay problemas de división entre los familiares: cuentan con distintos abogados, unos no tienen representante legal, cada grupo tiene sus propios procesos, por lo que dijo que su gobierno pretende la unidad de todos los involucrados en la demanda de justicia, y se mostró dispuesto a recibir a todas las partes involucradas.

López Obrador destacó que se retomará la resolución de la Suprema Corte y advirtió que no habrá impunidad, ya que su gobierno nunca intervendrá para orientar un caso de justicia. “No se trata de acusar sin fundamentos, que haya venganzas ni consignas, sino ser justos, que se aplique la ley y se respete lo que resuelva la FGR.

José Réyez