Tras la revocación del amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la orden de aprehensión al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, volvió a quedar vigente, y se reactiva su proceso penal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por unanimidad, el pleno respaldó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, lo que dejó sin efectos la protección judicial que había beneficiado al político panista. Con ello, la captura podrá concretarse una vez que se emita la versión final de la sentencia y se notifique formalmente al juez de control con sede en Almoloya de Juárez.
En su resolución, la Corte determinó que el juez de amparo que concedió la protección constitucional excedió sus facultades al realizar una valoración de fondo sobre los datos de prueba, algo que corresponde al proceso penal y no a una etapa preliminar.
“El juicio de amparo no es un espacio para anticipar el debate probatorio ni para exigir un estándar superior al previsto en el artículo 16 constitucional”, sostuvo la ministra Batres durante la sesión.
Además de negar el amparo, el máximo tribunal fijó un criterio relevante: para librar una orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la comisión de un delito y la probable participación de la persona imputada.
El caso se originó por denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero. La acusación apunta a un supuesto esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública en Tamaulipas, transferencias entre empresas y una operación inmobiliaria vinculada al exgobernador.
Entre los indicios destacan discrepancias contables, reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y un certificado de depósito por siete millones de dólares a nombre de un familiar.
En febrero de 2021, la FGR solicitó el desafuero, aprobado por la Cámara de Diputados en abril de ese año. En mayo se libró una primera orden de captura, que posteriormente fue invalidada por la antigua Corte al considerar que invadía facultades del Congreso local mientras el entonces gobernador seguía en funciones.
Tras concluir su mandato en septiembre de 2022, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de aprehensión. Sin embargo, en noviembre de 2023 un juez federal concedió un amparo al considerar insuficientes los datos de prueba. La fiscalía impugnó la resolución y el caso llegó nuevamente a la SCJN, que el 8 de octubre de 2025 atrajo el asunto y ahora resolvió revocar dicha protección.
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