El financiamiento de proyectos de infraestructura en el país se apoyará en un nuevo esquema de inversiones mixtas, que busca incorporar capital privado sin trasladar el control de las obras al sector empresarial, aseguraron funcionarios federales al detallar los mecanismos que acompañarán la estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno.
El objetivo es establecer proyectos en los que el Estado conserve la rectoría y defina los objetivos sociales, mientras que el sector privado participe en el financiamiento y ejecución de las obras, explicó el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, durante la conferencia presidencial.
“El Estado define las reglas de operación y los objetivos sociales. En todo momento estamos buscando que los beneficios, los costos y los riesgos se compartan entre el sector público y el privado”, indicó.
Este tipo de inversiones, detalló Mendoza Sánchez,permitirá complementar los recursos públicos destinados a infraestructura y, al mismo tiempo, contribuirá a mantener estabilidad en las finanzas del país, al evitar que todos los proyectos dependan exclusivamente del presupuesto federal.
El director de Banobras afirmó que el esquema ya ha sido aplicado en proyectos recientes, entre ellos la adquisición de plantas eléctricas a Iberdrola, el desarrollo del aeropuerto de Nayarit y la construcción y operación de autopistas en el corredor Guadalajara–Puerto Vallarta.
Explicó que en el caso de proyectos carreteros se ha utilizado el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), mediante el cual empresas privadas participan en el desarrollo de la infraestructura durante periodos definidos, mientras que la concesión permanece bajo control del Estado. “Una vez que termina el contrato, la concesión sigue siendo del gobierno y los ingresos que se generen pueden reinvertirse en la misma infraestructura o en proyectos regionales”.
Mendoza Sánchez añadió que, bajo este nuevo modelo, el gobierno federal buscará mantener participación mayoritaria en las empresas que se constituyan con inversionistas privados, con el fin de conservar la conducción de los proyectos estratégicos.
Por su parte, la titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, María del Carmen Bonilla, explicó que el modelo se respaldará con diversos instrumentos financieros para facilitar el desarrollo de obras y ampliar las fuentes de inversión.
Entre estos mecanismos, mencionó la participación de la banca de desarrollo, esquemas de garantías, contratos mixtos, Fibras de infraestructura y el uso del mercado bursátil, con el propósito de hacer viables los proyectos y permitir la recuperación del capital público una vez que entren en operación.
La funcionaria sostuvo que estos instrumentos buscan agilizar la ejecución de proyectos estratégicos, fortalecer la planeación de largo plazo y mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Asimismo, la presidenta Claudia SheinbaumPardo subrayó que los nuevos esquemas se diferencian de las antiguas asociaciones público privadas (APP), utilizadas en las administraciones neoliberales, en las que el sector privado financiaba y operaba proyectos durante unos 20 años, mientras el gobierno asumía pagos anuales.
“¿Es como antes, en las famosas APP? No, nunca”. La primera mandataria señaló que el nuevo modelo busca evitar contratos con tasas de financiamiento elevadas o condiciones desfavorables para el Estado, por lo que no habrá contratos leoninos como en el pasado.
También explicó que en proyectos carreteros la concesión continuará pública y, en el sector eléctrico, se mantendrá el esquema legal que garantiza mayoría estatal en la generación de energía.
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, este nuevo modelo permitirá ampliar la infraestructura nacional y generar beneficios directos para la población mediante mejoras en transporte, acceso al agua potable y generación de energía.
