Miles de indígenas me’phaa, na saavi y nahuas tomarán pacíficamente la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, este lunes 6 de febrero. Mediante un comunicado, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña demanda trato equitativo y, al mismo tiempo, denuncia los sistemáticos actos discriminatorios que padece de las autoridades estatales y federales.
El Consejo indígena surgió a raíz de la tragedia social y ambiental ocurrida en septiembre de 2013, luego del paso de los huracanes Ingrid y Manuel por la región de la Montaña guerrerense.
En su escrito, los indígenas señalan que el hambre “azota” en la Montaña de Guerrero y las autoridades son cada vez más omisas ante la tragedia humanitaria. “Las voces de las comunidades salen desde el sótano del olvido para reclamar el derecho a la alimentación con maíz”.
Por considerarlo de interés de los lectores, Contralínea reproduce de manera íntegra el comunicado del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
Con la fuerza de la montaña derrumbaremos el muro de inequidad
El 13 de septiembre de 2013 empezó a llover y desde entonces, para los pueblos de la Montaña Alta de Guerrero la tragedia no ha culminado. Por más de cuatro días, un fenómeno meteorológico de enormes proporciones, originado por la conjunción de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, golpeó el territorio mexicano causando graves afectaciones en el estado de Guerrero. Una de las zonas más afectadas fue la Montaña, región con los índices más altos de marginación de todo el país.
El paso del huracán Ingrid y la tormenta Manuel por el estado fue un suceso inesperado para las generaciones nuevas de la región; sin embargo, las abuelas y abuelos que leen el futuro en el amanecer, ya habían predestinado un mal año. En las comunidades de La Montaña no se recibió un solo aviso gubernamental sobre lo que se avecinaba que permitiera tomar precauciones; simplemente la lluvia inició con una furia devastadora nunca antes vista y sus consecuencias fueron funestas.
Las montañas expulsaban las enormes cantidades de agua que habían absorbido. La neblina impedía visibilizar la destrucción de pueblos vecinos; el tránsito se fue cerrando paulatinamente en cada una de las rutas de los pueblos hasta agotar todas las posibilidades de comunicación con el exterior.
Para los pueblos fue importante encontrar una explicación minuciosa de los hechos, una razón que justificara tanta desdicha entre ellos mismos. Los abuelos y las abuelas comenzaron a rememorar sus historias, narrando sucesos acontecidos en algún momento en su infancia o en la generación de sus padres; otros explicaron lo acontecido a partir de la inacción humana y la fragmentación del comportamiento socio-comunitario entre hombres y mujeres que se olvidaron de sus deidades, materializada en la reaparición de la serpiente de dos cabezas para los Me’phaa. Para la cosmovisión comunitaria, las lluvias eran la respuesta de la tierra a los hombres y mujeres que se han olvidado de rezar y ofrendar a los manantiales, de cuidar los cerros, proteger y defender a la Madre Tierra del despojo y la devastación.
Ante el trato discriminatorio y la tardía respuesta del gobierno federal, las comunidades damnificadas de la Montaña se organizaron para hacer frente a la emergencia, en una de sus formas más naturales, un Consejo de autoridades tradicionales y comunitarias indígenas que permitiera unir las voces de las cientos de comunidades damnificadas que se enfrentaban una vez más no sólo a la contingencia ante un desastre natural, sino a las condicionalidades y el uso político de la ayuda humanitaria que llegaría a la región a cuenta gotas.
Así surgió el 22 de septiembre de 2013 en la comunidad de La Ciénega, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, el Consejo[1], con el objetivo de establecer un canal de interlocución con el gobierno federal y el gobierno del estado, para definir prioridades de atención a la emergencia y el proceso de reconstrucción desde una mirada intercultural acorde con las necesidades de los pueblos indígenas de la región. El CCDM está conformado por autoridades comunitarias, comités, estudiantes y habitantes Me’phaa, Nauas, Na savi y mestizos de 186 comunidades de 13 municipios de la región de La Montaña.
El gran riesgo era que se volviera realidad lo que en Guerrero se había constatado en diversas ocasiones, que la liberación de fondos por emergencias terminara sin llegar a donde verdaderamente se necesitaba, atorada en el embudo de corrupción de los políticos y caciques locales.
Ante este peligro, el Consejo fijó como prioridades inmediatas el abastecimiento urgente de alimento y medicamento a las comunidades incomunicadas y a los campamentos de desplazados, así como la rehabilitación de los tramos carreteros afectados, viviendas destrozadas y redes de distribución de agua potable. De igual forma, el Consejo logró desde un inicio sostener interlocución directa con las autoridades federales, evitando que éstas continuaran privilegiado el diálogo con presidentes municipales e intermediarios, evitando así, que excluyeran a las comunidades de la elaboración del recuento de daños y en el diseño de las acciones requeridas ante la emergencia, pese a que son las autoridades comunitarias quienes mejor conocen el territorio y los daños.
Desde el inicio del diálogo con las autoridades federales, las autoridades comunitarias presentaron el CCDM de Guerrero como la instancia de interlocución con el gobierno federal y demandaron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) un plan de atención integral a las afectaciones causadas por las tormentas Manuel e Ingrid. Así, durante meses, semana tras semana hombres y mujeres acudieron a Tlapa para denunciar frente a representantes de instancias federales la situación de sus comunidades y para organizarse con otros pueblos para reivindicar sus derechos, con una determinación encomiable. Sin embargo, los resultados no se concretaron en un plan integral de atención a la Montaña, que se viera reflejado en los planes de reconstrucción que el Ejecutivo Federal estaba anunciando.
Por otra parte, el Consejo, acompañado por Tlachinollan, denunció que en una región indígena como la Montaña, la atención gubernamental a la emergencia humanitaria y a la reconstrucción debería incorporar pautas de interculturalidad, comenzando por reconocer que son las comunidades y no los ayuntamientos los verdaderos referentes identitarios de la gente, pues al estar basado en ésta el tejido social de la región, su plena participación debía garantizarse en la toma de decisiones gubernamentales.
En la contingencia: Ausencia de propuestas integrales de atención con perspectiva de derechos e interculturalidad
Los programas implementados en la región de la Montaña en respuesta a los desastres naturales carecieron, desde un inicio de una perspectiva de derechos y de interculturalidad.
La inicial respuesta por parte del gobierno federal a la contingencia fue la ampliar la instalación comedores comunitarios con el apoyo del Ejército, dentro del programa de Cruzada contra el Hambre, en un número limitado de comunidades y hacer repartos discrecionales de granos en un número limitado de municipios, sin buscar la participación directa de las comunidades.
Por otro lado, a la postre el 7 de noviembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un programa de reconstrucción de la entidad, “Plan Nuevo Guerrero”[2] (PNG), centrado en temas de infraestructura a lo largo del estado, sin especificar en su momento, qué tipo de proyectos de reconstrucción se contemplaban para la región de la Montaña.
Si bien el Plan cuenta con proyectos enfocados a combatir la violencia contra la mujer y la extensión a otras comunidades de la Cruzada contra el Hambre, estos no son en ningún momento medidas diseñadas específicamente en respuesta a la contingencia, la reducción de nuevos riesgos, ni para revertir la crisis dadas sus dimensiones. No se solventaba la situación en el mediano plazo; mucho menos satisfacía la dimensión de pertinencia cultural requerida en el caso.
Por el contrario, las medidas anunciadas desde la Federación, contribuían a ampliar la presencia militar en territorios indígenas, ya que su instrumentación descansaba en una injustificable presencia castrense en las comunidades indígenas del estado. Además, como diversos programas sociales en el país, la decisión arbitraria de la distribución de apoyos abonaba a la división comunitaria.
No obstante, las acciones se llevaban a cabo sin que las comunidades supieran claramente qué acciones estaban contempladas en cada comunidad y municipio; con la agravante de que por meses las autoridades de los distintos niveles de gobierno se dedicaron a censar las comunidades por sus daños, con diferentes formatos, en diferentes fechas y sin coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
No fue sino hasta marzo de 2014 en el que el gobierno federal, por “invitación” de representantes del Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Guerrero –el cual no tuvo ninguna representación de la región de la Montaña, ni mucho menos del CCDM actor consolidado en su representación de las comunidades indígenas de la región– dio a conocer a fondo las acciones previstas en el Plan Nuevo Guerrero, las acciones ya implementadas y aún más importante los fondos que se estaban ejerciendo en cada una de estas. Además se presentó un espacio de transparencia presupuestal[3] en línea que permitiría dar seguimiento a nivel municipal, más no comunitario, sobre las acciones de reconstrucción aprobadas.
Así fue informado oficialmente, que a través de los recursos del Fonden y del Plan Nuevo Guerrero se tuvo programado invertir en el estado por medio del PNG 67 mil millones de pesos, durante la actual administración. Para el ejercicio de 2015 al 2018 se han etiquetado y convenido otros 37 mil millones de pesos[4].
De acuerdo a la información oficial[5], el Plan Nuevo Guerrero contempló la inversión de 37,425.4 millones de pesos para todo el estado en el año de 2014, de lo cual, se previo una inversión de 4,302 millones 419 mil 601 pesos para los 19 municipios de la Montaña, con 2298 acciones; es decir el 11.4% del total del presupuesto anual del PNG.
Las pérdidas de la siembra del ciclo agrícola y el desabasto en las redes de distribución, afectaron directamente no sólo el único ingreso económico para el sustento de las comunidades, sino en algunos casos, como las comunidades de la Montaña Alta, su único medio de subsistencia; a tal grado de llegar a prever una severa crisis alimentaria[6].
Por ello, desde su creación, el Consejo mostró especial preocupación por el desabasto de granos básicos. Así, en virtud de que no se desarrolló un plan de acción gubernamental que respondiera integralmente a la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación de las personas y comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, el Consejo formuló una propuesta para que las personas y comunidades afectadas pudieran contar con condiciones mínimas para enfrentar la pérdida generalizada de la siembra de autoconsumo, mediante un programa de abasto extraordinario y gratuito de grano básico a ejecutarse directamente en las comunidades damnificadas.
La propuesta[7], que fue presentada formalmente a SEDESOL en noviembre de 2013, incluía un programa de abastecimiento extraordinario y gratuito de granos básicos como una serie de virtudes de primera importancia al contar con un enfoque de derechos, pertinencia cultural y fortalecimiento del tejido social; participación ciudadana y construcción de ciudadanía pues tiene como objetivo generar esquemas de diálogo entre el gobierno y la sociedad inéditos en una región donde la presencia estatal ha sido secularmente punitiva antes que garante de derechos. Además establece mecanismos de transparencia con la participación de las comunidades y una visión a mediano plazo, pues buscaba, asegurando el derecho a la alimentación mediante un plan integral de reabastecimiento de granos básicos, que las comunidades damnificadas tengan la capacidad de enfocar sus esfuerzas en las inmensas tareas que imponía la fase de reconstrucción.
Sólo sin hambre las personas y comunidades de La Montaña podrían enfrentar adecuadamente los enormes desafíos ante la reconstrucción. Además, el proyecto anual representaba menos del 2% del total del monto de los fondos anunciados dentro del plan financiero del “Plan Nuevo Guerrero”, programa que no contemplaba recursos específicos ni programas especiales para atender la crisis alimentaria que estaba por presentarse en la Montaña de Guerrero.
Pese a la pertinencia y legitimidad de la propuesta planteada por el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, ésta no fue respondida con prontitud. Ante el silencio y negativa de las autoridades federales a la propuesta concreta del Consejo, las comunidades que lo conforman iniciaron la campaña “Para Que Llueva Maíz en la Montaña” [8], que incluyó la movilización de miles de personas de las comunidades, así como acciones de incidencia con apoyo de la sociedad civil mexicana y la comunidad internacional.
Así el 19 de febrero de 2014, se alcanzó un acuerdo sin precedentes entre representantes de las instituciones federales, estatales y el Consejo, con el que se delineó la metodología para la implementación de la propuesta del Consejo. Ésta se implementó en una primera etapa por seis meses, que lamentablemente se prolongó a más de año y medio, debido al regateo las autoridades cuya intensión final era incumplir este compromiso. En esta etapa se entregó directamente a las familias de las 185 comunidades más afectadas, un total de 13,148 toneladas de maíz; 2,880 toneladas de frijol; 2,880 toneladas de arroz y 16 toneladas de sal, por medio de las redes de distribución de DICONSA en la Montaña. En total, el abasto extraordinario de grano básico equivalió a 750 kg de maíz por familia durante 6 meses.
La firma del acuerdo entre las autoridades y el Consejo significó un gran logro en el proceso de organización de las comunidades de la región de la Montaña. Según los acuerdos, se creó un programa extraordinario y excepcional con perspectiva de derechos y adaptación cultural. Los granos se comenzaron a distribuir en marzo directamente a las comunidades, sin intermediarios, respetando las autoridades tradicionales de las comunidades. Además, el mecanismo asegura la participación de la comunidad y la transparencia en la entrega de recursos.
Ante el retraso de la entrega de granos básicos el CCDM se vio obligado a implementar diversas acciones orientadas a garantizar la entrega de completa de los granos básicos. Ante la agudización de la crisis alimentaria de la montaña y el abandono de las autoridades a los pequeños productores, el CCDM emplazó a las autoridades federales para darle continuidad a este programa que ha sido un ejemplo para las mismas instituciones gubernamentales, por su eficacia para garantizar una alimentación adecuada y suficiente a las familias más marginadas del país. Ante la falta de una interlocución apropiada el consejo optó por hacer visible su reclamo y demandar a las autoridades una atención digna al problema tan agudo de la falta de alimentos básicos. El 23 de noviembre de 2015 el CCDM organizó una marcha caravana denominada Contra el Hambre y la Discriminación de la Ciudad de Tlapa a la capital del estado para convocar a las autoridades federales y del estado entorno a la demanda central de dar continuidad al programa para que llueva maíz en la montaña.
El resultado de esta lucha generó un encuentro con el Subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda; el gobierno estatal a través del Gobernador Héctor Astudillo; y la Directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga con el fin de reasignar recursos extraordinarios para implementar una segunda etapa del programa “Que llueva maíz en la montaña”. La atroz desigualdad en que se encuentra sumidos los pueblos originarios de Guerrero ha despertado a la conciencia de luchar por sus derechos básicos, de tener que levantar la voz para ser escuchados y de salir a las calles y a las carreteras para obligar que las autoridades volteen a ver una realidad que lacera y el hambre que campea en el tlacolol. Para las autoridades esta crisis alimentaria no ha sido atendida en su justa dimensión, más bien se han empeñado en invertir con programas que no impacta directamente en el mejoramiento nutricional, prefieren gastar los recursos en los comedores comunitarios cuyo funcionamiento y ofertan alimentaria no responde al contexto sociocultural de los pueblos.
El planteamiento del consejo para la implementación de esta segunda etapa del programa ha sido muy preciso con las autoridades: se requieren de 122 millones de pesos para cubrir una segunda etapa que complemente el déficit alimentario que vienen arrastrado las familias jornaleras de los municipios más pobres del país.
Después de una lucha tenaz y múltiple gestiones con las autoridades el CCDM logro en el mes de julio de 2016 el arranque de una segunda etapa del proyecto para que llueva maíz en la montaña que se amplió a 200 comunidades de 15 municipios, reduciendo la cantidad de granos básicos a las 16 mil familias damnificadas. Durante el segundo semestre de 2016 las comunidades recibieron el apoyo de dos entregas en un momento sumamente crítico a causa del mal temporal y de las plagas del maíz y del café que se han arraigado en sus parcelas y huertas. A pesar de esta emergencia alimentaria las autoridades han desatendido los datos más reciente del INEGI que son de suma preocupación en donde los municipios como Cochoapa El Grande, Atlamajncingo del Monte, Tlapa, Acatepec, Alcozauca, Alpoyeca, Atlixtac, Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatonoc y Zapotitlan Tablas reportan porcentajes superiores al 40% de la población de menores de 18 años tuvo poca variedad en sus alimentos, (reduciéndose a consumir tortilla, chile y sal). Y municipios como Cochoapa El Grande y Atlamajalcingo reporta porcentajes entre el 20.77% y 29.18% en este rubro de menores que durante el día no probaron alimento. Seguido de datos que expresa que algún menor comió menos de lo que se debería comer como en los municipios de Atlamajancingo del Monte con un 58.7%, Cochoapa El Grande en un 40.02%, Alcozauca en un 40.45 % y Tlapa con un 36.05%. La insipiencia de alimentos es el drama generalizado que enfrentan cotidianamente las familias indígenas que en cada temporada de lluvias llegan a cosechar 300 kilos de maíz, cargando con los estragos de las enfermedades ocasionadas por la desnutrición. A pesar del flagelo del hambre las comunidades siguen de pie luchando por hacer efectivo el derecho a comer maíz, a tener en el comal tortillas suficientes para cubrir la dieta mínima de las familias pobres con chile molido y sal sobreviven en las montañas.
Ante la indolencia de las autoridades que no sopesan el problema del hambre el CCDM en su última asamblea determinó emprender otra movilización para emplazar a las autoridades a dar cumplimiento con los compromisos asumidos en el mes de junio y apoyar una segunda etapa del programa para que llueva maíz en la montaña. Han buscado a las autoridades estatales y federales para que garanticen la continuidad de las entregas y respeten el acuerdo pactado con los pueblos de la montaña. Este lunes 6 de febrero el CCDM tendrá una concentración masiva en la ciudad de Tlapa para hacer patente su propuesta ante en trato inequitativo y discriminatorio de las autoridades.
[1] Ver. Exigen comunidades indígenas de la Montaña atención urgente y directa por desastre natural, frente a la inacción gubernamental. Disponible en: http://www.tlachinollan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2235%3Aexigen-comunidades-indigenas-apoyo-urgente&catid=350%3Adesastre-natural-2013&Itemid=663&lang=es
[2] Ver. Acciones para un Nuevo Guerrero. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/nuevoguerrero/
[3] Transparencia Presupuestal. Plan Nuevo Guerrero. “Acciones de Reconstrucción y Mejora” http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/NuevoGuerrero
[4] Conferencia de prensa para informar de los avances del Plan Nuevo Guerrero, acciones y compromisos. 26 de marzo de 2014. Disponible en: https://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sala_Prensa/Estenograficas/260314-Conferencia_de_Prensa_en_Acapulco.pdf
[5] Transparencia Presupuestal. Plan Nuevo Guerrero. Op. Cit.
[6] Cfr. El Universal. Reportaje especial de Laura Castellanos. Parte 1. Viene la hambruna en la Montaña, alertan Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/viene-hambruna-en-la-montania-alertan-968723.html; Alto Riesgo en la Montaña: http://m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2013/alto-riesgo-en-la-montaa-211104.html; Parte 2. El pueblo cafetero que se derrumba. Disponible en: http://m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2013/el-pueblo-cafetalero-211136.html; y Parte 3. No hay trabajo, no hay comida. Disponible en: http://m.eluniversal.com.mx/notas/nacion/2013/no-hay-trabajo-no-hay-comida-211146.html
[7] La Propuesta completa está disponible en:
[8] Declaratoria De Los Integrantes Del Consejo De Comunidades Damnificadas De La Región Montaña Del Estado De Guerrero. Disponible en: http://www.tlachinollan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2291%3Adeclaratoria-de-los-integrantes-del-consejo-de-comunidades-damnificadas-de-la-region-montana-del-estado-de-guerrero&catid=350%3Adesastre-natural-2013&Itemid=663&lang=es
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